El gobierno nacional decidió intervenir el principal puerto de Tierra del Fuego tras detectar irregularidades financieras y problemas graves de infraestructura.
En una decisión de alto impacto, el gobierno nacional decidió la intervención del puerto de Ushuaia, un puerto estratégico para la operatoria de cruceros antárticos, tras identificar serios déficits en su infraestructura y desmanejos financieros.
La medida, solicitada por las empresas navieras y los trabajadores del propio puerto, llega luego de un largo cruce de pedidos de información desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (como autoridad portuaria nacional) a la gobernación y la Dirección Provincial de Puertos (DPP) de la provincia.
“Dispóngase la intervención administrativa en materia de infraestructura portuaria del Puerto de Ushuaia, por un término de DOCE (12) meses, prorrogables por acto fundado, la que tendrá a su cargo la gestión operativa, técnica y administrativa de dicho puerto, debiendo garantizar la continuidad de los servicios mínimos, la seguridad portuaria y el cumplimiento de las normas vigentes”, señala el segundo artículo de la resolución, a la que pudo acceder Dinamicarg.
El artículo 1 dispone la suspensión de la habilitación del puerto, pero esa medida queda sin efecto en el artículo 3, dada la “relevancia estratégica” y el perjuicio que se generaría en el interés público si se detuviera la operatoria.
ANPYN tendrá a su cargo la gestión operativa, técnica y administrativa de dicho puerto, debiendo garantizar la continuidad de los servicios mínimos, la seguridad portuaria y el cumplimiento de las normas vigentes
A los informes nacionales se sumaron distintos hechos que expusieron los problemas operativos del puerto de Ushuaia, como el choque de dos cruceros a principios de enero, y la voladura de un contenedor hacia el centro del muelle, el último día de diciembre, entre otros incidentes.
La operatoria será ahora coordinada por la ANPYN, que tomará el control operativo y administrativo del puerto, apoyándose en la estructura y el conocimiento técnico de los propios operarios del puerto de Ushuaia.
Además, se determinó que Prefectura Naval Argentina asistirá en las tareas de mejora de las condiciones de seguridad operativa.
El gobernador fueguino, Gustavo Melella, comunicó la novedad en redes sociales y aseguró que dialoga con autoridades nacionales buscando una solución. Y destacó que el puerto «opera con normalidad».
La ley provincial que disparó el conflicto por el puerto de Ushuaia
En julio de 2025, la provincia promulgó la ley 1.596, que tomaba los recursos de la DPP para cubrir parcialmente el déficit de la obra social estatal.
Esa medida, que violaba la ley portuaria nacional y el contrato de transferencia del puerto de Nación a provincia, fue cuestionada por las empresas navieras que operan los cruceros, por desfinanciar al puerto.
También recibió críticas de los propios trabajadores, que denunciaron la situación ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, la autoridad portuaria nacional.
Desde ANPYN pidieron a la provincia corregir la ley, lo que fue respondido afirmativamente por las autoridades, pero no ocurrió.
En ese marco, se produjo una inspección in situ que descubrió un sinfín de falencias operativas y riesgos de seguridad por la falta de obras de infraestructura.
Las fallas que motivaron la intervención
Durante la inspección, realizada el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2025, las autoridades nacionales verificaron un estado preocupante de las instalaciones: pilotes de defensa rotos o inexistentes, defensas del muelle totalmente gastadas, y un tablestacado –lo que evita derrumbes de tierra que sostiene al muelle- sin obras ni revisiones durante los últimos 15 años.
A eso se sumaron irregularidades administrativas graves: préstamos a la provincia (por miles de millones de pesos), que representaban un 33% del presupuesto, mientras que apenas el 1,4% se destinaba a obras de infraestructura.
El listado de advertencias (reconocidas por la propia DPP, que prometió solucionarlas pero no aportó un cronograma ni presupuesto ni plazos sobre cómo lo haría) sumó también cuestiones de seguridad como el no funcionamiento de alarmas de incendio o de hombre al agua, la falta de controles a vehículos y personal que ingresan y salen del puerto, entre otros ítems.
Por último, se repasaron cuestiones administrativas, como la ausencia de auditorías a las cuentas de la DPP o incluso la inexistencia de un backup de los registros contables.
Como dificultad extra para el control, los ingresos se gestionan en un sistema de software, mientras los egresos se realizan desde la gestión provincial, lo que impide a las propias autoridades de la DPP tener un registro claro de sus propias finanzas.
