Tras la asunción de Javier Milei, el país sigue representado por el mismo estudio de abogados de Nueva York. Analistas del caso explican que, con el juicio perdido, la estrategia apunta a suavizar la pena.
El Gobierno presentó este jueves los argumentos de la apelación del fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska, que por la estatización de YPF concretada en 2012 impone una multa de 16 mil millones de dólares.
El 11 de octubre, Argentina había notificado a la justicia neoyorquina su decisión de apelar el fallo en primera instancia emitido el mes anterior por la justicia estadounidense, que obliga al país a abonar el millonario resarcimiento a dos fondos buitres por la forma en que se nacionalizó la petrolera.
El argumento central de la decisión es que el Estado incurrió en incumplimientos al comprar el 51% de las acciones de Repsol sin realizar a los demás accionistas una Oferta Pública de Adquisición, tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada durante la presidencia de Carlos Menem.
La Argentina da por descontado que no podrá revertir la sentencia y apuesta a reducir el monto de la condena.
Tras la nacionalización, el fondo buitre Burford Capital adquirió los derechos de litigio al accionista minoritario de YPF, Petersen, por el 61% de sus tenencias. Y es ahora el beneficiario de la indemnizacion.
Petersen Energía, de la familia Eskenazi, había comprado el 25,4% de YPF a Repsol entre los años 2008 y 2011.
La estrategia argentina en el juicio por la estatización de YPF
El argumento de Argentina –que se mantuvo durante las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández– fue que la compra de acciones del Grupo Petersen a Repsol fue irregular y que la jurisdicción en donde se debía resolver el conflicto es la Argentina, pues es allí donde se radica YPF.
En diciembre, con el cambio de gobierno y la asunción de Javier Milei, la Procuraduría del Tesoro de la Nación solicitó a la jueza Preska posponer la fecha para presentar los documentos de apelación del juicio que estaba prevista originalmente para el 30 de enero pasado.
«La nueva administración argentina necesita ponerse al día sobre las cuestiones del recurso, comentar el escrito de apertura e instar a los abogados. Debido a la necesidad de esta prórroga, la República no puede cumplir la condición de este Tribunal (de presentar los documentos para apelar) antes del 30 de enero de 2024″, señalaba el escrito enviado en diciembre por el Gobierno al tribunal neoyorquino.
El pedido fue finalmente aceptado el 11 de enero y el tiempo para presentar los documentos fue extendido hasta este jueves 22 de febrero.
“Argentina va a presentar oficialmente sus primeros argumentos ante la Corte de Apelaciones de Nueva York y por primera vez vamos a ver la estrategia legal del presidente (Javier) Milei”, señaló el director regional de la consultora Latam Advisors, Sebastián Maril, en diálogo con CNN Radio.
Maril señaló que la nueva administración “mantuvo los estudios de abogados que representa al Estado en Nueva York”, y estimó que la posición argentina mostrará “cierta aceptación de que perdió el caso” pero que “seguirá peleando por el monto” de la sentencia.
“Se van a apelar todos los fallos de Preska. Eso no dudo que Argentina lo vaya a hacer. Pero van a poner mucho énfasis en pelear los 16.000 millones de dólares que la jueza puso como multa por haber expropiado incorrectamente YPF. El país va a intentar reducir ese monto”, explicó.
El analista, quien sigue el caso, señaló que el 25 de marzo próximo los demandantes, quienes rechazaron en octubre que YPF fuera excluida del caso, incluyendo únicamente al gobierno argentino, ahora presentarán los argumentos de apelación,
“Luego va a haber una audiencia en el verano del hemisferio norte y estimo que habrá un fallo de la Corte de Apelaciones entre septiembre y diciembre próximos”, indicó Maril.
