A través de un decreto publicado esta mañana, el Ejecutivo llevó adelante el recorte en la ferroviaria con la reducción de 1.388 empleados y de 23 cargos jerárquicos. Además, disolvió el IAT impulsado por el ex ministro Florencio Randazzo en 2014.
Tras 10 meses de gestión, el gobierno realizó el recorte más significativo en el sector ferroviario. Se trata del cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF) y del Instituto Argentino del Transporte (IAT).
Desde el Ejecutivo justificaron la primera de esas dos medidas señalando que se trata de “una empresa estatal ferroviaria que no operaba trenes, sino personal, y no tenía funciones que justifiquen su existencia”. La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución Nº 35/2024 firmada por la Secretaría de Transporte.
«Hoy estamos reduciendo un costo mensual mayor a los 3.200 millones de pesos».
De acuerdo al gobierno, la supresión de la firma significará un ahorro para el Estado de 42.000 millones de pesos anuales, “a partir de la reducción de 1.388 empleados y la eliminación de 23 cargos jerárquicos que cobraban promedio entre 2 y 4 millones de pesos mensuales”. La medida se alínea que el objetivo prioritario de Nación, equlibrar las finanzas del Estado.
Una empresa menos para Trenes Argntinos
DECAHF era una de las 5 empresas ferroviarias subsidiarias de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y que fue la sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios.
Se había creado con el objetivo de “diseñar, organizar, promover y realizar actividades de asistencia técnica, asesoría, capacitación, complementación, entrenamiento, especialización, formación y recalificación y gestión de recursos humanos, fortalecimiento organizacional y resguardo documental en materia ferroviaria”.
“Una empresa ferroviaria que no tenía funciones, o funciones que estaban duplicada en las empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personas del Estado de 1.388 puestos de trabajo a menos que el Estado no va a tener que pagar”, dijo el secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien participó en la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni.
Aún quedan algunos empleados, que tienen funciones puntuales y que van a seguir manteniendo sus puestos hasta que sean absorbidos por otra empresa.
“No vamos a permitir que el Estado gaste un peso más del necesario para su funcionamiento. Hoy estamos reduciendo un costo mensual mayor a los 3.200 millones de pesos y cada vez que encontremos funciones duplicadas vamos a trabajar para eliminarlas. No podemos permitir que en la Argentina, con 53% de pobres, se gaste un peso en sueldos privilegiados o estructuras innecesarias”, concluyeron desde la cartera nacional.
La disolución del IAT
Con argumentos muy similares, el Gobierno también decidió eliminar el Instituto Argentino del Transporte, un organismo creado en 2014 por el entonces ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzzo, que según declaraciones oficiales «nunca funcionó ni emitió acciones concretas».
El objetivo del ente era colaborar en el diseño del Plan Estratégico del Transporte, asesorar al Ministerio, integrar sectores públicos y privados, promover la investigación en el área y crear programas para mejorar el sistema.
La resolución que oficializa su cierre argumenta que muchas de las funciones asignadas al Instituto se solapaban con las de otros organismos de la Administración Pública Nacional, como la Secretaría de Transporte y la Agencia de Seguridad Vial.
Asimismo, la medida se alinea con las políticas del presidente Javier Milei, que buscan equilibrar las finanzas públicas, transparentar el gasto y garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente, especialmente en áreas prioritarias para el crecimiento económico y el desarrollo del país.
En este contexto de ajuste estatal, el Gobierno ha despedido a 28.000 empleados públicos entre diciembre de 2023 y julio de 2024, lo que representa una reducción del 5,7% en la plantilla del sector público nacional.
En particular, las empresas del Estado han reducido su nómina en cerca de 9.900 trabajadores, lo que, según el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, generó un ahorro de $36.000 millones.
