La propuesta, presentada el miércoles en el Congreso, contempla además un esquema de precios basado en licitaciones y el ingreso de las refinerías al coprocesamiento de materia prima no fósil. Se trata de un punto medio entre el esquema actual y el que proponían las provincias productoras.
Un año después de que la última propuesta para modificar la Ley de Biocombustibles llegara a Diputados, el Gobierno nacional avanza nuevamente sobre el tema. El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, expuso los lineamientos para una normativa con cortes obligatorios más altos que los actuales, un sostenido reclamo del sector.
El proyecto se dio a conocer el miércoles 15 de octubre en la Comisión Plenaria de Minería, Energía y Combustibles, y busca establecer un marco regulatorio que permita una transición gradual hacia la desregulación del sector. Se contempla un período de adaptación de seis años y se avanzará hacia un esquema de libre comercialización a partir de 2032.
Lo más saliente de la propuesta es el aumento de los porcentajes de mezcla que se iniciará en 2027, cuando el corte de etanol pasará del 12% al 15% y el de biodiésel del 7,5% al 10%.
Lo más saliente de la propuesta es el aumento de los porcentajes de mezcla que se iniciará en 2027, cuando el corte de etanol pasará del 12% al 15% y el de biodiésel del 7,5% al 10%. Desde esa fecha también se habilitará el coprocesamiento de materia prima no fósil en refinerías, con un crecimiento gradual hasta alcanzar un máximo del 3% en 2031.
Según el funcionario, el cronograma busca “dar certidumbre y permitir la planificación” en un contexto económico que aún requiere estabilidad macroeconómica.
El proyecto de ley de biocombustibles en el Congreso
Durante el encuentro legislativo, Veller subrayó que el Ejecutivo “trabajó durante ocho meses en una propuesta alternativa al proyecto de la Liga de Provincias Bioenergéticas”, con la participación de gobernadores y representantes del sector.
El objetivo, explicó, es construir una norma “transparente, honesta y equilibrada” que combine previsibilidad para las empresas y control del impacto fiscal. La piedra angular, dijo, será el equilibrio presupuestario: “Tratamos de minimizar cualquier impacto en el cortísimo plazo hasta que las principales variables macro se estabilicen”.
La Comisión Plenaria, presidida por el senador Flavio Fama, reunió a representantes de cámaras empresarias y asociaciones del sector energético e industrial. Participaron, entre otros, Fernando Rodríguez Canedo (Adefa), Federico Martelli (Cámara de Pymes Elaboradoras de Biocombustibles), Jorge Feijoo (Centro Azucarero), Daniel Ciaffone (CADE) y Pamela Vacca (IAPG).
Todos los expositores coincidieron en la necesidad de unificar criterios en un solo dictamen y solicitaron al Gobierno que presente el texto final para avanzar en su tratamiento en las próximas semanas.
¿Impacto en surtidores?
El proyecto oficial difiere de otras iniciativas en debate, que proponen cortes más altos y mecanismos de fijación de precios distintos. Según fuentes del área energética, aplicar aumentos del 18% en biodiésel —como plantean algunos proyectos— generaría un encarecimiento inmediato del 10% en el precio del combustible al público.
“Ese incremento impactaría en la logística, el transporte y los bienes de consumo, afectando a toda la economía”, explicó Veller ante los senadores.
En materia de precios, el Gobierno propone un esquema de transición basado en licitaciones públicas. Los valores de los biocombustibles se definirán mediante concursos abiertos, con la paridad de importación como precio máximo de referencia.
“Tomamos la idea de licitaciones con una entidad independiente, ya no un funcionario que determine el precio”, detalló Veller. El objetivo es que hacia 2031 el mercado encuentre de manera progresiva su propio equilibrio entre los valores de importación y exportación.
Otro de los puntos del proyecto es la incorporación gradual del coprocesamiento de biocombustibles dentro de las refinerías, práctica que ya se aplica en otros países. El subsecretario señaló que esta medida permitirá a las empresas petroleras producir etanol o biodiésel a pequeña escala, respetando los límites técnicos de sus plantas.
“No se trata de grandes volúmenes, sino de una alternativa complementaria que optimice el uso de materia prima vegetal en el proceso de refinación”, explicó. Desde el sector de los biocombustibles, la habilitación de la producción a las grandes petroleras siempre fue vista con recelo.
El texto también busca mantener la posibilidad de incrementos voluntarios de corte en determinadas jurisdicciones, permitiendo que las provincias o regiones que lo consideren estratégico amplíen sus porcentajes de mezcla. “El mercado libre puede generar desafíos para las pequeñas compañías, por eso es clave conservar la facultad de realizar aumentos voluntarios de corte”, afirmó Veller.
La propuesta será discutida nuevamente en dos semanas, cuando el Ejecutivo presente el texto definitivo. El objetivo del oficialismo es lograr un consenso amplio para avanzar hacia un marco que combine previsibilidad, sustentabilidad y competitividad.
