El financiamiento, aprobado por decreto, está destinado a respaldar un programa de apoyo presupuestario que busca mejorar la focalización de las ayudas, fortalecer la regulación del sector y promover un uso más eficiente de los recursos energéticos.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su agenda energética al aprobar un acuerdo de financiamiento por US$ 400 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El objetivo central de la operación es acompañar un programa orientado a mejorar la eficiencia del esquema de subsidios y reforzar la sostenibilidad del sistema energético en su conjunto, en un contexto marcado por la necesidad de ordenar las cuentas públicas y proteger a los sectores más vulnerables.
A diferencia de otros créditos destinados a obras específicas, se trata de una operación de apoyo presupuestario sectorial, diseñada para respaldar políticas públicas y reformas estructurales antes que proyectos de infraestructura puntuales.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 23/2026, publicado en el Boletín Oficial, que autoriza la suscripción del contrato de préstamo con el organismo multilateral.
A diferencia de otros créditos destinados a obras específicas, se trata de una operación de apoyo presupuestario sectorial, diseñada para respaldar políticas públicas y reformas estructurales antes que proyectos de infraestructura puntuales.
Un programa enfocado en subsidios y sostenibilidad
El acuerdo aprobado establece el marco del denominado Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético.
Según la documentación oficial, la iniciativa apunta a fortalecer el funcionamiento del sector a partir de un rediseño de los subsidios, con mayor precisión en la asignación de los recursos y una reducción gradual de las transferencias generalizadas.
El objetivo general del programa es avanzar hacia un esquema más equilibrado desde el punto de vista fiscal, sin resignar criterios de equidad social.
En ese sentido, el foco está puesto en garantizar la protección de los hogares de menores ingresos, al tiempo que se promueve un uso más eficiente de la energía tanto en el ámbito residencial como en el sector público.
Cuatro ejes para una reforma integral
Para cumplir con esos lineamientos, el programa se estructura en cuatro componentes principales. El primero está vinculado al fortalecimiento del marco regulatorio e institucional del sector energético, con medidas orientadas a mejorar la capacidad de gestión, actualizar normas y optimizar procesos administrativos.
El segundo eje se concentra en la focalización de los subsidios, uno de los puntos más sensibles de la política energética. Allí se prevé la incorporación de instrumentos que permitan identificar con mayor precisión a los beneficiarios, priorizando a los hogares vulnerables y reduciendo los desvíos que caracterizaron a esquemas anteriores.
El tercer componente apunta a la promoción de la eficiencia energética, tanto del lado de la demanda como en la gestión del Estado. La lógica es clara: un consumo más racional de los recursos contribuye no solo a aliviar la presión fiscal, sino también a mejorar la confiabilidad del sistema y reducir la necesidad de inversiones adicionales en generación.
Finalmente, el programa contempla un apartado destinado a otros gastos asociados a la implementación de las reformas, incluyendo asistencia técnica y fortalecimiento de los sistemas de información, claves para el seguimiento y la evaluación de las políticas.
Apoyo financiero ligado a compromisos de política pública
Uno de los aspectos centrales del acuerdo con la CAF es que el desembolso de los fondos está vinculado al cumplimiento de un conjunto de políticas y acciones previamente definidas por el Gobierno.
El anexo técnico del contrato subraya que el préstamo busca respaldar decisiones orientadas a mejorar la sostenibilidad fiscal, la eficiencia económica y la equidad distributiva del sector energético.
En ese marco, se prevén acciones para reforzar la coordinación entre los organismos con competencia en energía y política social, así como la mejora de los mecanismos de identificación de beneficiarios de los subsidios.
El énfasis está puesto en pasar de esquemas amplios y poco precisos a herramientas más selectivas y transparentes.
