En una serie de medidas para desarticular los cuellos de botella del sistema energético, el Poder Ejecutivo dio un paso administrativo determinante para el futuro del sector. A través de la publicación del Decreto 921/2025, se habilitó formalmente el régimen de concesión de obra para la ampliación de la red de alta tensión.
Esta medida no es un hecho aislado, sino el eslabón jurídico necesario para cumplir con la hoja de ruta oficial: lanzar las licitaciones públicas nacionales e internacionales durante el primer cuatrimestre de 2026. La normativa establece un cambio de paradigma en la ejecución de infraestructura en la Argentina, específicamente para el transporte eléctrico.
Bajo este esquema, el Estado Nacional delega en el privado la responsabilidad total de la inversión, construcción, operación y mantenimiento de las líneas.
La premisa es que ante la restricción fiscal, no se destinarán recursos públicos. El retorno de la inversión para los adjudicatarios llegará exclusivamente por vía tarifaria, una vez que las obras estén operativas y prestando servicio al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
La propuesta es parte del proceso de desregulación del Mercado Mayorista Eléctrico (MEM) que busca llevar adelante el Gobierno mediante medidas que buscan redefinir las reglas de juego para alcanzar la autosuficiencia económico-financiera del sistema.
La normativa establece un cambio de paradigma en la ejecución de infraestructura en la Argentina. Bajo este esquema, el Estado Nacional delega en el privado la responsabilidad total de la inversión, construcción, operación y mantenimiento de las líneas.
La propuesta apunta a reducir la intervención estatal, limitando el rol de Cammesa, alentando la libre elección y competencia a partir de un nuevo marco normativo, y fomentando la libre contratación entre privados y el sinceramiento de costos y señales de precio en las tarifas.
Bajo este nuevo paradigma, se incentiva la competencia en la generación y se habilita a los usuarios a elegir sus proveedores, al tiempo que se establecen mecanismos para que las señales de precio reflejen los costos reales del suministro.
En este contexto, la apertura a la inversión privada en transporte no es un hecho aislado, sino la pieza necesaria para garantizar que la infraestructura acompañe un mercado eléctrico más dinámico, transparente y despojado de distorsiones regulatorias en la Argentina.
Dentro del Plan Nacional de Ampliación, la prioridad absoluta la tiene la denominada obra AMBA I. Con una inversión estimada en u$s 1.100 millones, este proyecto busca robustecer el anillo energético del área metropolitana, conectando nodos críticos como Vivoratá, Plomer y Ezeiza a través de 500 kilómetros de nuevas líneas de 500 kV.
El desafío financiero para el transporte eléctrico
Tras años de parálisis —incluyendo proyectos truncos con financiamiento chino y esquemas de PPP fallidos—, la urgencia radica ahora en la ingeniería financiera.
El gran desafío para la Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, es garantizar condiciones que resulten atractivas para inversores que deben hundir capital en un horizonte de largo plazo.
El nivel del riesgo país se posiciona como el termómetro determinante para la viabilidad de estas obras, ya que actúa directamente sobre el costo del capital que deben conseguir las empresas.
En proyectos de infraestructura que demandan desembolsos de cientos de millones de dólares, una prima de riesgo elevada encarece las tasas de interés de los créditos internacionales y dificulta la emisión de deuda corporativa.
Para mitigar los riesgos, el Gobierno trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La asistencia del organismo internacional se centra en el diseño de garantías sólidas y en la elaboración de pliegos que aseguren la previsibilidad jurídica.
Según fuentes oficiales, se busca que los organismos multilaterales actúen como respaldo ante posibles incumplimientos o alteraciones de la ecuación económico-financiera de los contratos.
El gran desafío para la Secretaría de Energía, liderada por María Tettamanti, es garantizar condiciones que resulten atractivas para inversores que deben hundir capital en un horizonte de largo plazo.
A diferencia de intentos previos donde se barajó un cargo fijo generalizado (denominado «estampillado a la demanda»), el nuevo esquema de concesión apunta a que el costo sea absorbido por los usuarios directamente beneficiados por la infraestructura.
No obstante, la Ley de Bases ya blindó estos contratos con cláusulas de equilibrio financiero y la posibilidad de recurrir a paneles técnicos o tribunales arbitrales en caso de controversias.
Entre los incentivos para captar el interés privado, además de generar las condiciones para un financiamiento barato, se destaca la denominada prioridad de despacho, por la cual se amplían los plazos de reserva de prioridad para proyectos asociados a energías renovables (MATER).
También se anticipa que al finalizar el período de concesión, las instalaciones se transferirán al Estado a valor cero, en tanto que por primera vez se evalúa que la empresa constructora pueda operar y mantener la línea, rompiendo el monopolio técnico que históricamente ostentaba la transportista troncal.
La urgencia no es solo económica. Los considerandos de las resoluciones oficiales recuerdan los colapsos de tensión sufridos en los últimos veranos como una advertencia de la fragilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Con la habilitación del régimen de concesión, la administración nacional busca dejar atrás una década sin obras de alta tensión en la Argentina.
A diferencia de intentos previos donde se barajó un cargo fijo generalizado, denominado «estampillado a la demanda», el nuevo esquema de concesión apunta a que el costo sea absorbido por los usuarios directamente beneficiados por la infraestructura.
La expansión de la red de no solo resuelve la saturación del sistema, sino que desbloquea el potencial de la generación renovable y térmica eficiente en la Argentina. Al eliminar los cuellos de botella técnicos, se permite el despacho de energía más barata desde parques eólicos y solares que hoy operan con restricciones, lo que en el largo plazo debería traducirse en una baja del costo monómico del sistema.
El camino hacia las licitaciones de 2026 ya está trazado. El éxito de este plan dependerá de que el mercado valide la confianza que el Gobierno intenta construir mediante la desregulación y la articulación con organismos de crédito, asegurando que el riesgo país y las condiciones macroeconómicas permitan, finalmente, encender las máquinas en el terreno.
