El debate en el Congreso nacional de la denominada Ley Ómnibus tiene un encendido intercambio en el capítulo energético, en el cual acaba de quedar explicitada una gama amplia de posturas -por momentos contrapuestas-, de los gobernadores de las provincias productoras, el Gobierno nacional y las grandes empresas petroleras que operan en particular en el no convencional de Vaca Muerta.
Es que el proyecto de la administración de Javier Milei propone en su Capítulo XI la liberación absoluta de la actividad energética con modificaciones sustanciales a leyes y decretos que vienen rigiendo la actividad petrolera, con la premisa de atraer inversiones al sector y maximizar la capacidad exportadora del país, pero por momentos avanzando sobre potestades provinciales.
«El capítulo energético de la Ley Ómnibus refleja un encendido intercambio entre los gobiernos provinciales, la Nación y las empresas productoras»
En medio de las negociaciones del oficialismo con las gobernadores y sus representantes legislativos, las empresas productoras intercedieron fuerte en el debate a través de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (Ceph), presidida por el chairman de Tecpetrol Carlos Ormaechea, quien sentenció que «si se crean las condiciones, y este proyecto contribuye significativamente a ello, para el año 2030, que es un plazo bastante corto, la producción de gas y petróleo puede multiplicar por dos veces y media la producción de petróleo que tiene hoy la Argentina, llegando a un millón y medio de barriles por día”.
El directivo de la cámara qe nuclea empresas como Shell, Vista, YPF, PAE, Pampa Energía, Tecpetrol, Pluspetrol y Total, estimó que con las condiciones de liberalización del mercado que plantea el texto «habrá una inversión a régimen anual de unos 15 mil millones de dólares todos los años”, con los consecuentes impactos fiscales y cambiarios, un escenario difícil de resistir en el actual marco de restricciones y ajuste por una macroeconomía devastada.
Pero más allá de la palabra de las empresas, la lucha de fondo se da en el campo institucional, en la pulseada entre gobernadores y Ejecutivo nacional que tiene varios capítulos en juego.
Así, a través de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), los gobernadores de las diez provincias que la integran, salieron a marcar la cancha sabiendo que sus estados son dueños de los recursos energéticos, reconocido por la Constitución de 1994, y de muchos votos claves para la aprobación en el Congreso de buena parte de los considerandos de la Ley Ómnibus.
En ese sentido, compartieron a grandes trazos aquellos aspectos que buscan lograr un renovado marco jurídico para la actividad hidrocarburífera que permita dotar de mayor previsibilidad y mejorar la generación de empleo, el incremento de las inversiones y los niveles de actividad y de agregado de valor en cada una de las provincias.
Pero si bien se admite la existencia de “objetivos principales compartidos”, las importantes diferencias están en los artículos que hacen a cuestiones de fondo ya que el proyecto supone para el sector energético la modificación más significativa al marco regulatorio que rige a las petroleras desde comienzos de la década de 1990.
Lo que discuten los gobernadores petroleros
Es por eso que las provincias buscan evitar en el articulado cualquier referencia ambigua que implique o pueda interpretarse como una limitación a las facultades de administración de las provincias hidrocarburíferas, y mucho más a poner en discusión el dominio originario de los recursos naturales.
«Si bien se admite la existencia de “objetivos principales compartidos”, hay importantes diferencias en artículos que hacen a cuestiones de fondo»
Entre la decena de puntos que plantearon los gobernadores de la Ofephi, tiene particular relevancia el intento de modificar algunos artículos de la Ley de Hidrocarburos 17.319 que permite a las operadoras acceder a prórrogas de 10 años en sus concesiones, así como el proceso de control, evaluación y aprobación por parte de las provincias sobre las inversiones que se realizan cada año en las distintas cuencas.
Se trata de aspectos centrales que permiten atender la realidad de cada yacimiento como de cada provincia y localidad, con la flexibilidad suficiente para asegurar el flujo de inversiones, maximizar la producción de recursos y la generación de empleos.
En ese sentido, se impuso en la agenda el tema de la infraestructura productiva y social, en lo cual los gobernadores reclaman asegurar no sólo la sustentabilidad económica de los inversores, sino también la sustentabilidad social y ambiental de las regiones con la participación activa de los privados y del Gobierno nacional.
Así entra en juego también la necesidad de clarificar las condiciones de las nuevas figuras de autorización y de transporte y procesamiento incorporadas al proyecto, y que se aseguren mecanismos para el libre acceso a instalaciones y mercados de los productores no integrados en las distintas cuencas.
Los gobernadores rechazan cambios a las retenciones
Un punto fuerte de discusión es el tema de los derechos de exportación que se encuentran en el 8% para los embarques de gas y petróleo, y aunque se trate de una atribución federal, el reclamo de los gobernadores es que se explicite que no se verá afectada la alícuota vigente por entender que atenta contra los planes de inversión, la producción y el empleo a costa de beneficiar las cuentas fiscales nacionales.
Y de la misma manera reclamaron mantener sin cambios la determinación y pago de la regalía por parte de los concesionarios por entender que hasta hoy no se generaron inconvenientes en la operatoria mensual entre las autoridades de aplicación y concesionarios.
También salieron en defensa de la continuidad de las empresas provinciales de energía, que si bien no hay un caso en el país en que operen áreas licitadas, los mandatarios le atribuyen un “rol estratégico” en la promoción de los recursos técnicos y humanos locales, sin mencionar que son también una forma de participación en las ganancias.
Con un punteo detallado de negociación sobre la mesa y el anticipo de un texto normativo alternativo, los gobernadores buscan plantar posición ante un proyecto en el cual el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, consideró que representa “un cambio sustancial para la seguridad jurídica y la seguridad de la inversión, y que es reconocer el derecho de las empresas a la libre comercialización al exterior de petróleo y gas”.
