La multinacional suiza proyecta reactivar Bajo de la Alumbrera en 2028, pero condiciona los desembolsos a la modificación del régimen ambiental. El debate en Diputados y las dudas por los antecedentes ambientales de la firma.
La minería argentina entra en un punto de inflexión. Luego de un lustro en que la actividad se disparó de la mano de la explotación en el NOA, el sector se prepara para un nuevo salto y todas las miradas están puestas sobre la Ley de Glaciares.
Una de las más interesadas en que el proyecto de Ley impulsado por el gobierno Nacional sea aprobado por la Cámara baja, es Glencore. Desde fines del año pasado que la multinacional suiza puso a la Argentina como parte importante de su estrategia de expansión con el anuncio de la reapertura de Bajo de la Alumbrera, en Catamarca.
Glencore puso a la Argentina en un rol importante para la producción de cobre.
La mina cerró en 2018 y marcó le final de la producción de cobre en el país. Hoy, con el nuevo auge del mineral, Glencore confirmó que planea una nueva inyección económica para poner en actividad la instalación y dio algunos detalles sobre cómo se estructuraran los próximos pasos.
Con los precios internacionales del cobre en máximos históricos, cerca de US$4,85 la libra, la idea es poner en marcha la actividad en Catamarca para el primer semestre de 2028. Se estima que la Alumbrera producirá alrededor de 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1000 toneladas de molibdeno durante los cuatro años de operación.
“La demanda de energía crece más rápido que la población porque cada vez hay más actividades que consumen energía. Hoy el mundo utiliza 25 millones de toneladas de cobre y se espera que en diez años consuma 35 millones. La Argentina tiene una oportunidad única de aportar cobre al mercado”, explicó Martín Pérez de Solay, CEO local de la multinacional.
A pesar de las proyecciones, desde Glencore aún no se concretó ningún desembolso significativo, ya que desde la empresa están esperando la aprobación final del proyecto para modificar la Ley de Glaciares.
Reparos por los antecedentes de Glencore
Una de las más interesadas en que se pase la Ley es Glencore, una multinacional con presencia en más de 50 países y un gigante en la provisión global de insumos energéticos. Desde Cobalto hasta zinc, y por supuesto, cobre, la suiza tiene un rol clave para la manufactura de baterías para telefonía y vehículos.
En los últimos meses, Glencore puso a la Argentina en un rol importante para la producción de cobre y crece la expectativa por las inversiones anunciadas por la mega minera. Sin embargo, hay algunas alarmas que se disparan a partir de los antecedentes de la firma en zonas de poco desarrollo.
No es novedad que Glencore ha estado envuelta en importantes casos de corrupción internacional que terminaron en acuerdos judiciales globales. En 2022, la empresa y varias de sus filiales aceptaron declararse culpables de múltiples cargos de soborno y manipulación del mercado ante autoridades de Estados Unidos, el Reino Unido y Brasil.
Estos procesos están relacionados con prácticas de pago indebido a funcionarios extranjeros para obtener ventajas comerciales en países como Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Sudán del Sur. Por estas causas, acordó pagar más de 1.100 millones de dólares en multas y sanciones y someterse a supervisión reforzada de sus programas de cumplimiento.
Además de los acuerdos globales, en varios países sigue habiendo procesos judiciales activos contra personas vinculadas a la compañía. Por ejemplo, en el Reino Unido varios exempleados relacionados con la operación de petróleo en África enfrentan cargos por conspiración para efectuar pagos corruptos y falsificar documentos contables, con juicios avanzan a paso lento.
En cuanto al impacto ambiental y social, Glencore ha sido objeto de denuncias y quejas significativas. Organizaciones civiles presentaron una queja ante la OCDE por un derrame de aguas residuales en Chad que afectó campos y cursos de agua utilizados por comunidades locales en 2018.
El antecedente es tomado en cuenta por grupos opositores a los cambios impulsados a la ley de glaciares. En Argentina, la construcción de la licencia social es un paso clave que ha frenado proyectos durante décadas.
Históricamente, algunos proyectos vinculados a la compañía han enfrento protestas comunitarias y resistencias sociales por temores de contaminación o degradación de derechos territoriales. Un ejemplo reciente incluye bloqueos por parte de comunidades indígenas en Perú contra la expansión de la mina de cobre Antapaccay, por preocupaciones ambientales y de consulta con pueblos originarios.
Los cambios que impulsan a la Ley de Glaciares
La reforma de la Ley de Glaciares que apunta a modificar el criterio central de protección ya obtuvo media sanción en el Senado y se espera su tratamiento en la Cámara Baja para la semana que viene. Su aprobación es muy esperada por el sector minero, ya que consideran que sería más simple la habilitación de proyectos.
Esto se debe a que la norma vigente resguarda todos los glaciares y ambientes periglaciales incluidos en el Inventario Nacional, el nuevo texto establece que sólo quedarán bajo tutela estricta aquellos que cumplan una función hídrica estratégica. Es decir, deberán demostrar que aportan de manera concreta a la provisión o regulación de agua dulce.
Otro cambio clave es la redefinición del ambiente periglacial y del propio concepto de glaciar. La iniciativa aprobada en el Senado introduce parámetros técnico-científicos para determinar qué áreas deben permanecer protegidas. Si una zona no acredita relevancia en términos de recarga de cuencas o abastecimiento, podría quedar fuera del inventario oficial.
Por otro lado, y en línea con el artículo 124 de la Constitución, que reconoce su dominio sobre los recursos naturales, se les otorga mayor margen a las provincias para decidir sobre la utilización de esos territorios. En la práctica, esto implica que las autoridades locales tendrían incidencia directa en la delimitación de zonas protegidas y en la eventual habilitación de actividades productivas.
Como consecuencia, se abre la posibilidad de desarrollar proyectos mineros o hidrocarburíferos en áreas que hoy están alcanzadas por prohibiciones amplias. La protección no desaparecería por completo, pero quedaría circunscripta a los sectores que acrediten función hídrica estratégica.
En este marco, acaba de empezar una jornada clave para que la reforma obtenga el dictamen para ser tratada en Diputados. El cronograma dispuesto por el oficialismo prevé dos jornadas de debate en plenario de comisiones —Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales—para hoy y el 10 de marzo, con la intención de dictaminar el miércoles 11 y llevar el proyecto al recinto el jueves 12.
