El Congreso de la Nación se prepara para un debate que podría redefinir el mapa productivo de la Cordillera de los Andes. Gobernadores de provincias mineras como Raúl Jalil, de Catamarca, estuvieron en el recinto respaldando los cambios.
Este jueves, la Cámara Alta tratará la reforma de la Ley de Glaciares (26.639), una iniciativa que busca devolver la potestad a las provincias para administrar sus recursos hídricos y dotar de la previsibilidad necesaria a los proyectos de cobre, litio e hidrocarburos que aguardan su turno bajo el sol del RIGI.
La normativa original, sancionada en 2010 bajo un contexto de fuerte presión social, establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial.
Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo y las provincias cordilleranas se sostiene que la redacción vigente ha generado una «zona gris» y una inseguridad jurídica que paralizó proyectos de escala mundial.
Raúl Jalil: Fuimos al Congreso a defender esta ley que le regresa derechos a las provincias
El núcleo de la reforma propone que la protección ya no sea automática por el solo hecho de que una zona esté inventariada. En cambio, para que un cuerpo de hielo o su zona circundante sean preservados, se deberá demostrar fehacientemente mediante estudios técnico-científicos que cumplen funciones vitales de recarga de cuencas o actúan como reservas estratégicas de agua dulce.
«Las provincias somos las dueñas de los recursos naturales»
Este cambio de paradigma otorga a las provincias un poder de decisión sin precedentes para evaluar estudios de impacto ambiental y autorizar proyectos. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, fue uno de los que se pronunció en favor del cambio.
Jalil, que lidera una de las provincias de la denominada «Mesa del Cobre» y la «Región del Litio«, argumenta que la reforma es, ante todo, un acto de justicia constitucional. «Fuimos al Congreso a defender esta ley que regresa derechos a las provincias, reconociendo que somos las dueñas originarias de los recursos naturales», señaló el mandatario, amparándose en los artículos 41 y 124 de la Carta Magna.
La postura de Jalil refleja el pragmatismo de los gobernadores del norte y oeste argentino. Frente a las alertas de organizaciones ambientalistas que denuncian una desprotección de las reservas hídricas, el mandatario catamarqueño sostiene que la minería es la actividad con mayores niveles de control y transparencia del país. Para Jalil, el debate no debe centrarse solo en la preservación estática, sino en el balance entre el cuidado del entorno y el desarrollo humano.
Según su visión, los recursos generados por la actividad han permitido expandir la infraestructura, mejorar los servicios de salud y sostener la educación pública en regiones que, históricamente, estuvieron postergadas. Jalil subrayó que se puede «proteger el ambiente y desarrollar la economía» de manera simultánea sin que sean metas incompatibles.
El respaldo geopolítico y las metas de exportación
La urgencia por actualizar el marco legal coincide con la firma del Instrumento Marco con Washington para el procesamiento de minerales críticos. Este acuerdo estratégico ratifica que Argentina es vista hoy como un proveedor seguro y confiable de litio y cobre para el hemisferio occidental.
Los números de 2025 ya daban indicios de este potencial: bajo el amparo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las exportaciones mineras alcanzaron un récord de 6.037 millones de dólares, lo que representó un crecimiento interanual del 30%.
Pero el gobierno mira mucho más allá. Se proyecta que las exportaciones totales del país alcancen los 100.000 millones de dólares en los próximos siete años.
En este esquema de «salto exportador», la minería jugará un papel estelar, se espera que el sector supere los 20.000 millones de dólares en ventas externas para 2033 y alcance un techo de 30.000 millones de dólares hacia el final de la próxima década.
Para que estas cifras dejen de ser proyecciones y se conviertan en realidad, la reforma de la Ley de Glaciares se presenta como el paso necesario para que los proyectos de cobre de gran escala aquellos que requieren inversiones de más de 3.000 millones de dólares cada uno inicien su fase de construcción.
La Argentina proyecta exportaciones mineras por más de 30.000 millones de dólares para la próxima década.
No obstante, el camino en el Senado no está despejado. Con una Cámara dividida y un oficialismo que necesita asegurar 37 votos, la sesión de este jueves promete una tensión alta. Los ambientalistas sostienen que la ley es «regresiva» y que permitir que las provincias decidan qué glaciares son relevantes es «poner al zorro a cuidar a las gallinas».
Para intentar aplacar estas críticas, el gobierno introdujo cambios de último momento en el dictamen, sumando la obligatoriedad de cumplir con la Ley del Régimen de Gestión Ambiental del Agua, lo que implicaría un monitoreo más estricto de los caudales.
En definitiva, la reforma de la Ley de Glaciares es la frontera final de un modelo que busca transformar a la Argentina en una potencia minera global. Mientras los ojos del mundo están puestos en el litio y el cobre de nuestra cordillera, el país debate cómo gestionar su riqueza hídrica sin renunciar al desarrollo industrial.
