La Secretaría de Energía confirmó la suba del 10% que se aplicará en el valor de la tarifa social, y ya adelantaron un nuevo incremento de las garrafas para noviembre. Sin embargo, el ajuste está por debajo de lo que pedían los privados.

El mercado de los combustibles ha sido de los principales afectados por la inflación y su impacto sobre la economía. El negocio está atravesado por acuerdos con el gobierno para regular los precios a cambio de algunas ventajas impositivas. Sin embargo, el rubro está descontento con el escenario actual y crecen los reclamos.

Esta situación abarca prácticamente a todo el sector, incluyendo a las fraccionadoras del gas licuado de petróleo (GLP) que hicieron eco de su malestar tras las elecciones generales del fin de semana. Desde la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (Cegla), le solicitaron al Ejecutivo una actualización en los valores de la garrafa de 10 kilos, que hasta ayer costaba menos de $3.500.

La cartera que conduce Flavia Royón, aplicó hoy un incremento del 10% en el valor de la tarifa de la garrafa social.

“Una garrafa no puede venderse a menos de $6.000 hoy en cualquier lugar del país, porque entre inflación, el flete y los costos de inversión no cierran los números”, sentenció en diálogo con El Territorio, el presidente de la entidad, Pedro Cascales.

La autoridad de la Cámara aseguró que necesitan de medidas urgentes para continuar con las operaciones que se encuentran, según señala, trabajando por debajo del costo de producción. “Está totalmente desactualizado el precio de la garrafa y esperamos que se pueda actualizar en los próximos días”, añadió Cascales.

Los fraccionadores de gas, que representan el eslabón intermedio entre la producción del GLP y los consumidores finales, reclamaban que la última actualización tuvo lugar en agosto. Sucede que, este combustible, forma parte de un mercado regulado por la Secretaría de Energía de la Nación, por lo que se precisa de la autorización oficial para efectuar aumentos.

En ese sentido, desde Cegla indicaron que si bien desde el 2020 el Estado Nacional ayudó con una Asistencia Económica Transitoria, el subsidio se terminó a finales del 2022 y no fue abonado en su totalidad. «Nos están debiendo los últimos tres meses del año pasado que representan una suma de cerca de $2.000 millones que nunca nos pagaron”, explicó Cascales.

Ante este escenario, la cartera que conduce Flavia Royón aplicó hoy un incremento del 10% en el valor de la tarifa de la garrafa social. Tras la medida, el precio del envase de 10 kilos pasó a ser de $3.700 en los puntos de distribución de los barrios y $3437 en las bocas de expendio de las empresas de gas envasado.

La actualización corre por detrás de lo solicitado por las fraccionadoras por lo que resta saber cómo continuará el escenario. De todas maneras, la Secretaría de Energía anunció que habrá otro aumento, esta vez del 13% que se hará efectivo a partir del 1 de noviembre.

La suba de las garrafas, tras el aumento de YPF

En lo que fue un movimiento inesperado, la compañía de bandera, YPF ajustó los precios de los combustibles que ofrecen a nivel nacional. Sin anunciarlo de manera oficial, la petrolera aumentó el valor de sus bocas de expendio entre un 3 y 5%.

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El costo de la nafta súper llegó a $287 por litro.

El incremento llegó de manera inesperada ya que existe un acuerdo de congelamiento de precios vigente hasta el 31 de octubre. Con este nuevo ajuste, el costo promedio de las naftas y el gasoil comercializados por la estatal ha aumentado en aproximadamente $10.

La información fue confirmada por miembros de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), mientras que desde YPF aún no se emitió un comunicado oficial. En contraste, representantes de otras compañías petroleras como Axion aseguraron que no han realizado ajustes en sus tarifas.

Cabe recordar que el convenio para no realizar nuevos ajustes fue firmado en agosto por YPF, Pan American Energy (Axion), Raizen (Shell) y Trafigura (Puma), tras una suba de más del 17%. Este nuevo aumento plantea interrogantes sobre el futuro de los acuerdos de precios y que medidas tomarán las petroleras restantes.

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