En un caso muy similar al de YPF, Titan Consortium presiona para que el nuevo gobierno abra canales de diálogo y defina cómo pagará. Los acreedores tuvieron dictamen favorable hace cuatro años.
El retorno de Aerolíneas Argentinas a la administración estatal tuvo repercusiones similares al caso YPF, que terminó con una deuda de u$s 16.000 millones. En este caso, el monto que debe pagar el Ejecutivo es sensiblemente inferior, pero igual resulta una complicación: son u$s 340 millones. Y los acreedores comenzaron gestiones para conocer qué hará el nuevo gobierno.
La demanda pasó por varias manos, incluyendo las de Buford Capital, estudio londinense que encabeza el reclamo por YPF, pero actualmente está en manos del fondo Titan Consortium. La entidad reclama que el oficialismo defina su postura y se establezca una comunicación entre las partes.
En 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó su primera sentencia en contra de la Argentina.
En ese marco, ahora los acreedores solicitaron una audiencia con la jueza estadounidense Colleen Kollar-Kotelly y amenazan con embargar activos de la aérea de bandera o de la Nación.
La novedad fue dada a conocer ayer por el director de Latam Advisors, Sebastián Maril, en su cuenta oficial de X.
«Los beneficiarios del fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas solicitan audiencia con la Jueza Colleen Kollar-Kotelly, para conocer las intenciones del Gobierno del Presidente Milei sobre el pago de u$s 340 millones correspondiente a la sentencia del CIADI. De lo contrario, comienzan embargos», indicó Maril en su publicación.
«A la luz de estos acontecimientos, Titan solicita respetuosamente a la Corte establecer una conferencia de status para determinar si la nueva administración de Argentina cumplirá voluntariamente con el Laudo del CIADI y, en caso contrario, determinar el camino más efectivo para avanzar en este litigio”, concluyó el posteo.
El escenario es muy similar a lo que sucede con YPF. Si la Justicia estadounidense resuelve en contra de los intereses argentinos, el fondo con hacerse de activos y bienes nacionales. Cabe recordar que, en 2012, los denominados «fondos buitre» lograron que se embargue la Fragata Libertad.
El recorrido de la demanda por Aerolíneas Argentinas
La demanda se originó por la expropiación de la compañía en 2008 dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En 2017, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictó su primera sentencia en contra de la Argentina, pero el país apeló el fallo.
En aquel momento, el juicio estaba en manos de Burford Capital, el estudio londinense dedicado a comprar demandas de esta clase. Sin embargo, un año más tarde Burford decidió venderlo a Titan Consortium por u$s 107 millones, estimando que la defensa continuaría apelando el fallo.
Ya en 2019, los acreedores obtuvieron una sentencia firme en el tribunal arbitral del Banco Mundial, pero el pago nunca se efectivizó. «Desde que las partes presentaron su moción para desestimar el escrito y las presentaciones complementarias, Argentina eligió un nuevo presidente, Javier Milei, que ha prometido una política fiscal y económica nacional radicalmente nueva», señaló el titular de Latam Advisors.
En este escenario, la Argentina corre el riesgo de que la Justicia estadounidense autorice los embargos. En el caso de YPF, la jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, dio luz verde el 11 de enero pasado a que se confisquen activos del país. Se trata de un mecanismo de presión para que Argentina pague los u$s 16.000 millones demandados por la nacionalización de la petrolera.
Resta saber que determinación tomará el gobierno para resolver la cuestión, pero actulamente se encuentra con todos los cañones apuntados a sacar la Ley ómnibus, que incluye la posibilidad de privatizar Aerolíneas Argentinas.
