La escalada de tensión en el Medio Oriente y el consecuente salto en los precios internacionales de la energía sorprendieron al Gobierno en plena transición hacia un nuevo paradigma para la importación de GNL. El esquema de comercialización privada se encamina a debutar en un escenario de alta volatilidad donde el costo por millón de BTU podría duplicar los valores pagados durante las últimas dos temporadas.
Ante este panorama complejo, la gran incógnita que sobrevolaba el sector era si quién asumiría el impacto de ese sobrecosto iba a ser el Tesoro Nacional que volvería a recurrir a la asistencia mediante subsidios o si, por el contrario, el usuario final debería convalidar el precio pleno de la escasez.
Hoy, el avance del proceso licitatorio para el nuevo «comercializador agregador» empieza a echar luz sobre una definición política central, lo cual no es otra cosa que el fin de la socialización de las facturas energéticas en la Argentina.
El foco de esta transición se encuentra hoy en la licitación de un nuevo esquema de comercialización para el Gas Natural Licuado (GNL) importado para la temporada invernal.
A través de este mecanismo, la Secretaría de Energía propuso el desplazamiento de la empresa estatal Enarsa de su rol histórico como comprador único, abriendo paso a un «comercializador agregador» del sector privado que asuma el riesgo de la operación.
La gran incógnita que sobrevolaba el sector era si quién asumiría el impacto de ese sobrecosto iba a ser el Tesoro Nacional que volvería a recurrir a la asistencia mediante subsidios o si, por el contrario, el usuario final debería convalidar el precio pleno de la escasez.
Este movimiento es un cambio administrativo, pero mucho mas representa un giro conceptual en la asignación de costos. Durante años, el adicional del GNL -habitualmente varias veces superior al precio del gas producido en Vaca Muerta- se socializó a través de rentas generales.
En la práctica, esto significó que el gas importado para cubrir los picos de demanda invernal en los grandes centros urbanos e industriales fue financiado por todos los contribuyentes, incluyendo a ese 38% de la población que aún no tiene acceso a las redes de gas natural.
El nuevo esquema busca que el costo adicional del GNL sea absorbido precisamente por quienes lo consumen.
La lógica de mercado que intenta imponer el Gobierno nacional establece que, si el sistema requiere un combustible de mayor valor para evitar cortes en periodos de frío extremo, ese diferencial no debe ser licuado entre toda la sociedad, sino facturado a la demanda que genera la necesidad de importación: la industria y las grandes generadoras eléctricas.
La pieza clave de esta estrategia es la figura del comercializador privado. La licitación en marcha invita a las empresas a competir por el margen de intermediación (fee) sobre el precio internacional del índice TTF de Europa.
El ganador deberá gestionar la logística, la regasificación y el flete, asumiendo un riesgo que antes recaía íntegramente en el balance del Estado. De esta manera, el sector público busca blindarse ante la volatilidad de los precios internacionales, que recientemente sufrieron presiones alcistas debido a conflictos geopolíticos en centros de producción global.
Este reordenamiento ocurre en un contexto de infraestructura en tensión. A pesar del crecimiento exponencial de la producción en la Cuenca Neuquina, la Argentina todavía corre de atrás en materia de transporte.
El nuevo esquema del precio del GNL y su impacto en las industrias y comercios
Las obras de reversión del Gasoducto Norte y las ampliaciones de los sistemas troncales apenas están devolviendo al país la capacidad de despacho que tenía a finales de la década del 90. Esta escasez de «caños» es la que obliga a seguir dependiendo de los barcos que llegan a la terminal regasificadora de Escobar.
El nuevo esquema busca que el costo adicional del GNL sea absorbido precisamente por quienes lo consumen. Es decir las industrias, las generadoras de electricidad y en una medida muy inferior el usuario residencial con acceso a las redes.
Para los usuarios industriales y comerciales, el nuevo modelo implica una gestión de contratos mucho más rigurosa. En un sistema donde el transporte firme es un bien escaso, las categorías de suministro (firme, interrumpible o firme con ventana) cobrarán una relevancia económica inédita.
Aquellos sectores que no logren asegurar gas de producción local deberán enfrentar el precio pleno del GNL importado, eliminando la red de contención estatal que existía hasta el invierno pasado.
El impacto en la generación eléctrica también será directo. Cammesa, la administradora del mercado mayorista, ya proyectó la necesidad de una decena de barcos para asegurar el funcionamiento de las centrales térmicas.
Bajo la nueva premisa, el costo de ese combustible se reflejará con mayor fidelidad en el precio monómico de la energía, presionando a que el sistema eléctrico tienda hacia un equilibrio financiero propio, sin auxilio permanente del Tesoro Nacional.
Desde el punto de vista regulatorio, el Enargas juega un papel fundamental en este equilibrio. El ente deberá velar para que las distribuidoras realicen compras eficientes y que los costos trasladados a las tarifas finales sean los estrictamente necesarios.
Sin embargo, la señal es que la prioridad absoluta de despacho sigue siendo el usuario residencial (demanda prioritaria ininterrumpible), pero el beneficio de la «socialización de pérdidas» estará llegando a su fin para el resto de la cadena.
La paradoja energética de la Argentina se hace evidente en este proceso. Mientras el país proyecta convertirse en un exportador global de GNL a gran escala en la próxima década, todavía debe diseñar mecanismos de emergencia para cubrir sus propios picos invernales.
La diferencia es que, a partir de este año, la transparencia en el origen de los fondos para pagar esa energía será la norma, y el costo del gas importado dejará de ser una deuda invisible del Estado para transformarse en un costo directo de la actividad económica que lo requiere.
Finalmente, el éxito de este esquema de comercialización privada dependerá de la profundidad de las ofertas en la licitación y de la estabilidad de los marcos regulatorios.
Si el mercado percibe que el riesgo es gestionable, la Argentina habrá dado un paso decisivo hacia la normalización de su sector gasífero, eliminando distorsiones que históricamente desalentaron la inversión y fomentaron un consumo ineficiente basado en precios que no reflejaban la realidad del sistema.
