Lo decidió la jueza Loretta Preska, que en la misma causa ya había condenado al país a pagar más de 16.000 millones de dólares. El Gobierno anticipó que va a apelar. Impacto inmediato en Wall Street.
La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, dio luz verde a una medida inédita en el caso por la expropiación de YPF: ordenó que la República Argentina transfiera el 51% de las acciones de la petrolera estatal como parte del pago a los beneficiarios del millonario fallo en su contra.
La decisión forma parte del litigio por el que el país ya fue condenado a desembolsar más de 16.000 millones de dólares. Y el tiempo corre: Preska fijó un plazo de 15 días para que se concrete la entrega de las acciones.
El revés judicial tuvo un efecto directo en la cotización de YPF en la Bolsa de Nueva York: las acciones de la compañía cayeron hasta un 6,6% y se negociaban en torno a los US$ 31,57, pese a haber comenzado la jornada en alza.
Sin embargo, el Presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno apelará el fallo de la justicia de Estados Unidos: «Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales», indicó a través de X.
En su descargo, titulado «Un fallo contra Kicillof», el mandatario afirmó que, «independientemente de la cuestión de fondo», la decisión de la Justicia de Estados Unidos es «responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof cuando era Ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada de CFK».
Aunque quisiera, el Gobierno no podría entregar las acciones de YPF, ya que necesitaría una autorización del Congreso Nacional para avanzar en una decisión semejante.
El pedido de traspaso de acciones había sido realizado por el fondo Burford Capital en abril de este año, cuando también solicitó embargos y otras medidas judiciales, en lo que analistas describen como parte de una estrategia de presión para forzar una negociación.
Burford, que compró los derechos para litigar esta causa hace más de una década, logró capitalizar los múltiples reveses que Argentina tuvo en las cortes estadounidenses. Pero este último giro, afirman fuentes cercanas al caso, es de una magnitud sin precedentes.
“La decisión es absolutamente inédita (por eso se opuso el Departamento de Justicia del gobierno de EEUU en su escrito amicus respaldando la postura de la defensa argentina). Se puede apelar y la propia Preska, o en su caso la Court of Appeals, debería suspender los efectos de esta decisión«, señaló una fuente con conocimiento directo de la causa a Infobae.
Impacto inmediato en las acciones de YPF en Wall Street
El revés judicial tuvo un efecto directo en la cotización de YPF en la Bolsa de Nueva York: las acciones de la compañía cayeron hasta un 6,6% y se negociaban en torno a los US$ 31,57, pese a haber comenzado la jornada en alza.
El desplome se produjo apenas minutos después de que se conociera la orden de Preska, que especifica: “Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”.
El argumento central: el control estatal
Uno de los puntos más relevantes del fallo fue el reconocimiento explícito de que la Argentina ejerce un control directo sobre las decisiones corporativas de YPF.
“Desde abril de 2012, la República ha controlado las principales decisiones empresariales y financieras de YPF por medio de su participación mayoritaria en la compañía. Las partes acuerdan que la República vota para elegir el directorio y aprobar iniciativas generalmente propuestas por el directorio, incluyendo aquellas que requieren la aprobación de los accionistas bajo las leyes de la República”, detalló Preska.
En noviembre del año pasado, durante la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Estado norteamericano había intervenido en el caso con una presentación inusual: solicitó a la jueza que rechazara el pedido de Burford y advirtió sobre los riesgos de violar las normas de inmunidad soberana.
En ese escrito, firmado por el fiscal del distrito Damian Williams, el gobierno estadounidense argumentó que: “la medida cautelar y la orden solicitadas por los demandantes que exigen a Argentina sobre su propiedad soberana ubicada en su propio territorio violaría leyes de inmunidad soberana y no debería ser concedida por la Corte”.
A pesar de esa objeción formal, Preska decidió avanzar. Ahora será el turno de la Argentina para apelar, en un proceso que promete continuar escalando en los tribunales norteamericanos.
