La negativa de la justicia estadounidense implica que en 20 días podrían empezar los embargos a activos de YPF. Pero no están agotadas todas las instancias. Los tres posibles caminos para evitar ese escenario.
El jueves se conoció el rechazo por parte de la jueza Loretta Preska al pedido de prórroga por 30 días que había solicitado la defensa argentina para presentar avales correspondientes al pago de u$s 16.000 millones de dólares de multa al que fue condenado el Estado Argentino por la expropiación de YPF en 2011.
Ese monto debe ser abonado como retribución al estudio Burford Capital, que en su momento compró los derechos de reclamo.
El rechazo de la magistrada abre la posibilidad de que, a partir del 10 de enero, el denunciante pueda peticionar embargos en caso de que no se presenten las garantías. Esta determinación es una respuesta a la apelación elevada por el país el 15 de septiembre para retrasar el pago.
La última alternativa viable es que se acepte un segundo pedido de prórroga presentado en la Corte de Apelaciones.
En aquel momento, el por entonces gobierno de Alberto Fernández alegó que «pagar la sentencia o depositar una fianza durante la apelación causaría graves dificultades al pueblo argentino». A pesar de la negativa actual, la nueva gestión que encabeza Javier Milei cuenta con algunas alternativas para evitar las confiscaciones el mes que viene.
La primera opción es proponer una ley que habilite al oficialismo a presentar activos estatales como avales y establecer un plan de pagos con Burford Capital. La proximidad de la fecha límite en combinación con la división política en ambas cámaras desalienta el avance de esta posibilidad.
En ese escenario, es más probable que el presidente de la Nación recurra a un Decreto de Necesidcad y Urgencia (DNU) para acelerar el procedimiento y presentar un activo como aval sin que se debata en el Congreso, pero para quedar en pie, debería evitar un eventual rechazo del Parlamento previo al 10 de enero.
La última alternativa viable es que la Justicia estadounidense acepte un segundo pedido de prórroga que rue presentado por la Argentina en la Corte de Apelaciones.
Ese recurso rquiere un plazo extra de 90 días para que el gobierno pueda interiorizarse más en la causa. Hasta el momento no obtuvo respuesta.
Desde la defensa argentina, a cargo del estudio Sullivan & Cromwell, señalaron que el país “desea honrar sus obligaciones y buscará dialogar con acreedores”.
La idea del equipo de Milei, es que el nuevo jefe de los abogados del estado argentino sea Rodolfo Barra -ex ministro de Justicia de Carlos Menem y ex integrante de la Corte Suprema-, quien fue confirmado como Procurador del Tesoro, pero cuyo nombramiento aún no se oficializó.
Las bases del rechazo de la jueza que expone activos de YPF
El pedido de prórroga elevado en septiembre se basó en la fragilidad de la economía argentina y la proximidad de la fecha límite para presentar las garantías con el comienzo de una nueva gestión.
“Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, escribió Preska en su dictamen según la publicación de Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors y especialista en este juicio, en su cuenta oficial de X.
El estudio inglés le había solicitado a Preska la autorización para empezar a embargar activos argentinos a fin de cumplir la sentencia ya que, según señalaron, la Argentina «no tenía intención» de pagar.
«Simplemente, Argentina no tiene intención de pagar la sentencia, y sería espurio que Argentina sugiriera lo contrario», expresó el abogado de Burford, Randy Mastro, en una carta enviada a Preska en aquel momento, pidiendo que no se le concediera al país ningún tiempo adicional.
“Burford es quien podría presentar los embargos. Y si no hay una negociación en marcha, como hasta ahora no hubo nada, posiblemente lo haga. No sé si Argentina está en condiciones de presentar activos como aval sin pedirle permiso al Congreso”, detalló Maril en diálogo con Infobae.
“Es un tema de muy larga data. Está claro que lo que pasa ahora no es responsabilidad de Milei. Todos los candidatos sabían que este tema existe y es grave. Se asesoraron correctamente con economistas, legisladores y especialistas tributarios y laborales, pero no se asesoraron con la demanda externa más importante que tiene el país. Ayer Milei no dijo nada al respecto: 366 artículos de reforma al Estado y ni una mención a esta herencia. Acá están las consecuencias”, completó el experto.
