En septiembre el país fue condenado a pagar U$S 16 mil millones a un fondo buitre que compró los derechos a reclamar. En estos días la jueza Loretta Preska debe determinar un aspecto clave de su sentencia.
Este miércoles, Nación hizo oficial la decisión de apelar el fallo en contra por la expropiación de YPF. Así lo indican los documentos hechos públicos en la plataforma del sistema judicial de EE.UU.
La Justicia norteamericana dictaminó en contra de la Argentina por el caso de la ex Repsol y condenó al país a pagar 16.000 millones de dólares al fondo Burford Capital por la expropiación que tuvo lugar en 2012. Tras ocho años de litigio, la Jueza Loretta Preska dio sentencia a principios de septiembre.
Demandantes y demandados esperan la decisión de Preska, quien debe dictaminar cuándo tendría efecto la sentencia.
El fondo había presentado la demanda a la Justicia de Estados Unidos luego de adquirir los derechos de las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que concentraban un 25 % de acciones en YPF. Posteriormente, al caso se incorporó Eton Park, grupo financiero que poseía el 2,9 % de la actual empresa estatal.
Ahora, la Argentina formalizó su intención de apelación con una notificación a la Corte de Nueva York dentro del período de 30 días que corren luego de la sentencia, práctica habitual en estos procesos. La carta emitida por Nación tiene una carilla, posteriormente se sumará la presentación oficial de los argumentos.
En tanto, demandantes y demandados esperan la decisión de Preska, quien debe dictaminar cuándo tendría efecto la sentencia.
Desde el fondo solicitan que la fecha sea el 16 de octubre, es decir a partir de los 30 días del fallo, mientras que desde Argentina consideran que no se respetó «un período razonable» que, a su criterio, es la duración de todo el proceso de la apelación.
Así lo hicieron saber ambas partes cuando a inicios de octubre enviaron distintas cartas con sus posiciones acerca de cuándo debería tener efecto el fallo emitido.
Hace unos días, Burford Capital le reclamó a la jueza que habilite la posibilidad de embargar bienes argentinos en el exterior a partir del 16 de octubre.
En ese sentido, abogados que siguen el caso le comunicaron a Télam que, «decida lo que decida Preska, su decisión no afecta ni condiciona el derecho de Argentina a apelar, solo impacta sobre la posibilidad de Burford de intentar forzar el cobro, por ejemplo, mediante algún eventual embargo, mientras se tramita la apelación».
Para evitar esa maniobra, de hecho, los demandantes exigieron que la Argentina deposite de manera preventiva ante el juzgado de Preska una garantía equivalente al monto del fallo.
Argentina y el pago por la expropiación de YPF
Desde la defensa de Argentina señalaron que hacer frente a ese pago generaría «daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes».
Los abogados, que pertenecen al estudio Sullivan & Cromwell señalaron que «existe una clara barrera legal para la República».
Según la Ley los únicos pagos que el gobierno argentino puede hacer en el año en curso son aquellos incluidos en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional. Y, como la sentencia que está sujeta a apelación no es definitiva no puede ser presupuestada, por lo que no es posible avanzar para financiar un bono o comenzar con los pagos.
Los abogados que representan al Estado argentino adujeron también que «la sentencia de US$16.100 millones representa una cantidad equivalente a casi el 20% de la Presupuesto federal de la República para 2023. El pago de tal proporción del presupuesto de un país no es posible para cualquier gobierno en el cronograma propuesto por los demandantes», consideraron.
«Incluso si fuera legalmente posible garantizar una fianza, acercarse al tamaño de la sentencia de $16.1 mil millones o comenzar a pagar la sentencia es una imposibilidad práctica dadas las circunstancias financieras actuales de la República. Muy simple, No existen fuentes de financiamiento para financiar una cantidad cercana a la sentencia en este ejercicio fiscal», afirmaron desde la defensa.
A la vez, citaron al FMI, que «estimó recientemente que el Banco Central de la República tiene un saldo casi negativo de 10.000 millones de dólares en reservas internacionales netas» y que, bajo el marco del acuerdo rubricado con el Fondo, la República tampoco puede pedir prestados fondos para asegurar una fianza.
Por último, argumentaron que, si se efectuara un eventual pago a los acreedores antes de finalizar el juicio completo y la Argentina logra revertir su situación «será difícil, si no imposible, rastrear y recuperar esos fondos si la Corte revoca la sentencia, en su totalidad o en cualquier parte sustancial».
