La iniciativa que envió el Gobierno fija lineamientos para incentivar el ahorro, como premios para cumplidores, etiquetas de eficiencia y mecanismos que faciliten el acceso a energías alternativas en sectores vulnerables, entre otros.
El Gobierno nacional envió la semana pasada a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que declara de interés nacional el uso racional de la energía, con el fin de contribuir a la seguridad energética y a la competitividad de la economía, entre otras cuestiones.
La iniciativa deberá ser analizada ahora por las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda, que conducen los diputados oficialistas Santiago Igon y Carlos Heller.
Se trata de las mismas comisiones que vienen discutiendo en las últimas semanas un proyecto de promoción para la producción de Gas Natural Licuado (GNL), que busca permitir acuerdos con empresas privadas extranjeras para la explotación y exportación del gas que hay en Vaca Muerta, como es el caso del convenio existente entre YPF y la firma malaya Petronas.
Los fundamentos del proyecto
La iniciativa declara de interés nacional el uso racional y eficiente de la energía con el fin de contribuir a la seguridad energética, a la competitividad de la economía nacional, a la descarbonización y a la transición energética.
Las mejoras sistémicas generadas a partir de la eficiencia energética impactan directamente en la reducción de costos de la matriz energética, en los incrementos de productividad, en la seguridad energética y en la reducción de gases de efecto invernadero.
Señala además que el objeto es «propiciar la utilización racional y eficiente de la energía, para contribuir al mejor aprovechamiento de los recursos energéticos del país, al crecimiento económico sostenible, al suministro de energía asequible, a la innovación tecnológica, a la seguridad energética, a la resiliencia de la red eléctrica y otros sistemas de transporte de distribución de energía, a la mejora de la calidad del aire, a la reducción de los impactos climáticos y ambientales y a la equidad social, en todo el territorio nacional».
Entre los fundamentos del proyecto se señala que las mejoras sistémicas generadas a partir de la eficiencia energética «impactan directamente en la reducción de costos de la matriz energética, en los incrementos de productividad, en la seguridad energética y en la reducción de gases de efecto invernadero. Es por eso por lo que, inevitablemente, el desarrollo de la eficiencia energética debe incorporarse como un elemento característico del desarrollo económico de un país«.
«La adopción de una política firme para desarrollar el uso eficiente de la energía contribuirá significativamente a aumentar la sostenibilidad energética del país. La energía ahorrada reduce la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, los requerimientos de generación termoeléctrica y la dependencia de mercados internacionales caracterizados por su alta volatilidad«.
Medidas para fomentar el uso racional de la energía
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía ,que debe definir la política pública que deberá determinar objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo en materia de Eficiencia Energética.
Deberá definir etiquetas de eficiencia energética para equipamientos, bienes de uso y/o viviendas eficientes, y formular las políticas de incentivo para que los usuarios adopten medidas de ahorro energético y/o utilicen equipos/aparatos de alta eficiencia, entre otros.
También tendrán que dictar las normas complementarias para el otorgamiento de los beneficios promocionales. Otra de sus funciones será elaborar, aprobar, ejecutar, actualizar y monitorear el Plan Nacional de Eficiencia Energética (PLANEE).
También establecer mecanismos de financiamiento para la implementación de los proyectos y/o programas de eficiencia.
Además, se fija que deberá articular medidas de fomento que propicien la Eficiencia Energética «con especial atención a los sectores más vulnerables y mejorar la accesibilidad de las acciones de eficiencia energética»
En ese sentido se fija que deberá «elaborar programas tendientes a implementar medidas de eficiencia energética en el consumo, el transporte, la distribución y la transformación de la energía, en los distintos sectores de la demanda y de la oferta».
Otra de sus funciones será «premiar a las productoras y los productores, fabricantes, minoristas, prestadoras y prestadores de servicios públicos y municipios con mejor desempeño en eficiencia energética«.
El proyecto señala además que la Secretaría de Energía deberá «apoyar la innovación, investigación, desarrollo, demostración, implementación y difusión de tecnologías de eficiencia energética y promover la innovación tecnológica»
El régimen de beneficios tendrá una vigencia máxima de 10 años contados a partir del 1° de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2033. En cuanto a los beneficios fiscales, habrá un certificado de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales que no podrá superar el 30 por ciento de la inversión realizada.
