El secretario del área, Eduardo Rodríguez Chirillo, fue el primer funcionario nacional en presentarse en el Congreso para defender el mega proyecto de Javier Milei que busca desregular la economía argentina.
El proyecto de la Ley Omnibus del gobierno de Javier Mieli comenzó a ser debatido este martes en el Congreso, en un plenario de las Comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y de Presupuesto.
El primer funcionario nacional en presentarse ante los diputados miembros fue el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien tuvo a su cargo defender la batería de artículos que apuntan cambiar las reglas de juego del sector y forman parte del proyecto que lleva por nombre «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» .
En el arranque también se presentarán ante los miembros del plenario de comisiones el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
De prosperar las iniciativas introducidas en la Ley Ómnibus el Gobierno avanzaría en una fuerte reestructuración del sector energético argentino.
Durante su exposición, Rodríguez Chirillo aclaró que la inclusión de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo por parte del parlamento «no se trata de un pedido de un cheque en blanco ni que se está pretendiendo cerrar al Congreso«.
«Algunos bloques nos plantearon que el plazo de las facultades delegadas por dos años con posibilidad de prórroga por dos años más podía ser mucho, y estamos considerando que sea uno y uno para incluirlo en la versión final», agregó.
«La ley está estructurada en 9 títulos además de los anexos y cada uno está organizado con cada Ministerio, y en materia de emergencia pública, establece objetos y principios que siguen la técnica legislativa», añadió.
Claves de la Ley Ómnibus para el sector energético
El proyecto de ley enviado por el gobierno de Javier Milei al Congreso establece un gran número de medidas que atraviesan todos los sectores de la actividad productiva.
Entre las reformas contempladas se incluyen modificaciones sobre la legislación vigente en la industria de los hidrocarburos.
El texto de 351 páginas elevado por el Ejecutivo incluye en el capítulo IX sobre “Energía” una serie de cambios sobre la Ley 17.319 de 1967.
De prosperar, la nueva normativa libera los precios del crudo, lo que significa el fin del “barril criollo” que fijaba un límite para el valor interno del petróleo.
De esta manera, las productoras podrán vender el recurso a paridad de exportación y al igual que las refinadoras a la hora de comercializar las naftas y el gas.
La iniciativa prevé además la privatización de 41 empresas públicas, entre las que se encuentran YPF; Enarsa; Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD); Dioxitek; Nucleoeléctrica Argentina (NASA, opera las centrales nucleares de Atucha I y II y la de Embalse); y Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF).
El proyecto también introduce cambios en el régimen de regalías que perciben las provincias. En la actualidad la ley establece una única alícuota de 12 por ciento que podría ser aumentada en un 3 por ciento en el caso de prórroga sucesivamente hasta un máximo de 18 por ciento.
Un capítulo que genera gran incertidumbre es la autorización para renegociar contratos por razones de emergencia. Esto abarca tanto a los PPA entre generadores eléctricos y Cammesa que afecta especialmente a las renovables, como al Plan Gas que tiene contractualizado el abastecimiento de gas hasta el 2028.
Por el lado de los biocombustibles, se liberan precios y cupos, pero los porcentajes de mezcla se mantienen en 7,5% para el biodiesel y en 12% para el bioetanol.
Asimismo, la ley Ómnibus le quita la facultad al gobierno de intervenir o fijar precios sobre los eslabones de la cadena del negocio hidrocarburífero.
Por otro lado, se establece que “los permisionarios y concesionarios tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y, consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados libremente, conforme la reglamentación que dicte la Autoridad de Aplicación”.
También se apunta a crear el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad. Esta entidad estará encargada de llevar adelante las tareas que en la actualidad realizan por separado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
