La provincia reglamentó el régimen que prioriza la contratación de residentes de la provincia en actividades productivas y refuerza los controles sobre las empresas. Mientras proveedores celebran la iniciativa, el sector minero advierte sobre límites operativos y desafíos de formación.
Santa Cruz dio un paso decisivo en la aplicación de su política de empleo local al reglamentar el esquema conocido como 90/10, que establece que la gran mayoría de los puestos en industrias estratégicas deben ser ocupados por trabajadores con arraigo en la provincia.
La medida, impulsada por la administración de Claudio Vidal, impacta de lleno en actividades como minería, hidrocarburos y pesca, pilares de la economía santacruceña.
El Ministerio de Trabajo provincial quedó a cargo de la fiscalización. En caso de incumplimientos, se prevén sanciones bajo la normativa laboral vigente, siempre garantizando instancias de descargo para las empresas.
El nuevo marco eleva el requisito de participación local respecto de regímenes anteriores y busca asegurar que la renta generada por los recursos naturales tenga un efecto más directo sobre la población de la provincia.
Sin embargo, su implementación abrió un debate entre quienes lo consideran una herramienta de desarrollo territorial y quienes alertan por posibles efectos sobre la inversión y la operación de los proyectos.
Un sistema con controles y plazos de adecuación
La reglamentación de la Ley Provincial N° 3.141 establece obligaciones concretas para las compañías que operan en el territorio.
Entre ellas, la inscripción en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL), donde deberán informar cada mes la composición de sus plantillas y el porcentaje de personal con residencia comprobada en Santa Cruz por al menos seis años.
El Ministerio de Trabajo provincial quedó a cargo de la fiscalización. En caso de incumplimientos, se prevén sanciones bajo la normativa laboral vigente, siempre garantizando instancias de descargo para las empresas.
Además, se fijó un período de hasta 60 días, prorrogable, para que las firmas adapten sus dotaciones al nuevo esquema.
El régimen admite excepciones en posiciones de alta especialización cuando no exista oferta local suficiente.
Pero en esos casos las operadoras deberán presentar programas de capacitación y reemplazo progresivo de personal, con metas de formación de trabajadores santacruceños y aprobación de la autoridad laboral.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la iniciativa apunta a que la actividad productiva se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad y a fortalecer el arraigo en zonas donde la dinámica extractiva suele ser cíclica.
El impulso de los proveedores locales
La Cámara de Proveedores Mineros de Santa Cruz (CAPROMISA) se manifestó a favor del esquema al considerarlo un refuerzo del “Compre Local”.
Para la entidad, contar con una demanda asegurada de las grandes mineras permite a las pymes invertir en equipamiento, profesionalización y tecnología.
Su presidente, Amadeo Gravino, planteó que históricamente parte de la cadena de valor minera funcionó con baja integración territorial.
Según su mirada, muchos actores siguen el movimiento de los proyectos más que consolidar presencia en la provincia, lo que genera una pérdida de capacidades cuando la actividad migra a otros distritos.
Desde CAPROMISA también promueven ajustes en la normativa de proveedores para priorizar firmas radicadas en la provincia en rubros donde ya exista oferta local. La idea es crear un entramado productivo que trascienda a un proyecto puntual y fortalezca el tejido industrial regional.
Las advertencias de las mineras
La Cámara Minera de Santa Cruz (CAMICRUZ), en cambio, adoptó una postura más cautelosa. Si bien comparte el objetivo de ampliar el empleo provincial, considera que exigir el 90% en la totalidad de las nóminas resulta complejo en el escenario actual.
Según la entidad, en el segmento de operarios muchas compañías ya superan ese porcentaje, pero trasladarlo a todas las categorías requiere infraestructura, servicios y, sobre todo, perfiles técnicos que hoy son escasos.
A su juicio, la previsibilidad regulatoria es clave en una actividad de largo plazo y alto riesgo.
El sector recuerda que los proyectos de gran escala demandan inversiones iniciales de miles de millones de dólares y compiten por capital con otras jurisdicciones. En ese marco, advierten que reglas percibidas como rígidas pueden restar atractivo frente a destinos con marcos más estables.
Formación y capital humano, el cuello de botella
Uno de los puntos centrales del debate es la disponibilidad de personal calificado. La industria minera requiere años de entrenamiento en seguridad y operación antes de que un trabajador alcance estándares internacionales. Ese proceso no puede acelerarse únicamente mediante cupos legales.
Datos educativos recientes muestran niveles elevados de deserción en el secundario y una baja proporción de egresados con orientación técnica en la provincia. Esa combinación deja vacantes especializadas sin cubrir y obliga a recurrir a personal de otras regiones.
Desde CAMICRUZ sostienen que el camino más sostenible es vincular la política de empleo local con programas de formación, articulación con escuelas técnicas y un clima de negocios que sostenga la llegada de inversiones. Argumentan que cada proyecto genera un efecto multiplicador en empleo indirecto y en la creación de proveedores.
