La medida eleva el presupuesto nacional de este año a 1.3 billones de pesos y plantea una reorganización empresarial. En paralelo, la aprobación de la Ley Bases dejó a Trenes Argentinos sujeta a «privatización o concesión».
A poco más de un mes del choque de trenes en Palermo, el Gobierno oficializó este jueves la Emergencia Ferroviaria a través de dos decretos publicados en el Boletín Oficial. El DNU 525/2024 firmado ayer, añade la suma de $350 mil millones adicionales al presupuesto nacional destinados a los trenes y su mantenimiento, equiparándolo en términos reales con el de 2023.
La emergencia es por dos años, prorrogable por otros 24 meses, e impulsa una serie de medidas para abordar «el estado crítico» de los trenes.
Asimismo, se instruyó a las empresas ferroviarias, tanto a las estatales como a las dos concesionarias de pasajeros, Ferrovías y Metrovías, a presentar en 15 días sus programas para resguardar la seguridad operacional de los servicios.
El artículo 3 faculta a las empresas ferroviarias a dejar sin efecto por razones de “fuerza mayor” cualquier procedimiento de contratación y renegociar cualquier contrato, con lo que toda obra ya licitada puede ser reformulada.
La normativa sostiene que “el sector ferroviario en Argentina se encuentra en un estado crítico, con una infraestructura en malas condiciones, regulaciones obsoletas y una gestión ineficiente”. Por ello, se busca agilizar el trámite aduanero de repuestos e insumos necesarios para “la realización de tareas de mantenimiento y mejoras en la seguridad operativa ferroviaria”.
Por otro lado, bajo el marco de la Emergencia Ferroviaria se readecuarán los fondos de un fideicomiso para la “mejora y profesionalización del autotransporte de cargas” (SIMPAC) que había sido creado en 2022.
Si bien la mayoría de las medidas apuntan a fortalecer el sistema, el artículo 9 del DNU 526/2024, faculta a las empresas ferroviarias del Estado a “realizar las acciones conducentes para atraer inversiones, fomentar la participación de terceros y suscribir los contratos necesarios para formalizar las mismas, sean públicos o privados, en la operación de los servicios de transporte y en la gestión de la infraestructura“.
En el sector estiman que se trata de un paso previo a que los trenes queden en manos privadas. En ese escenario se inserta la aprobación de la Ley Bases en el Senado de la Nación, que comprende entre otras disposiciones la declaración de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y Trenes Argentinos Cargas (TAC/BCyL) como sujetas a “privatización o concesión”.
Emergencia Ferroviaria: los artículos clave
La disposición más importante para el momento que atraviesa el sector ferroviario es, sin duda, la transferencia de fondos al sistema. De acuerdo al primer decreto (524/2024), se inyectarán $350 mil millones, que llevarán el presupuesto nacional para los trenes a un total cercano a $1.3 billones.
En tándem, el artículo 5 ordena a la AFIP facilitar el trámite aduanero de repuestos e insumos necesarios para “la realización de tareas de mantenimiento y mejoras en la seguridad operativa ferroviaria”. En la misma línea, el mismo artículo dispone que los organismos económicos intervinientes deberán agilizar el necesario acceso a divisas.
En lo que respecta al DNU 526/2024, hay varios artículos claves que reconfiguran varios puntos clave del sistema ferroviario. En principio, el artículo 3 faculta a las empresas ferroviarias a dejar sin efecto por razones de “fuerza mayor” cualquier procedimiento de contratación y renegociar cualquier contrato.
De este modo, la suspensión de obras en marcha o licitadas queda totalmente habilitada en un marco donde Trenes Argentinos ya dio de baja varios proyectos.
El artículo 5, en tanto, instruye a Trenes Argentinos Operaciones a diseñar “un plan de adecuación de frecuencias y/o servicios de transporte urbano, regional y/o de larga distancia”.
El sexto apartado hace extensivo este ajuste a las concesiones de Ferrovías y Metrovías, que operan las líneas Belgrano Norte y Urquiza. Por su parte, el séptimo profundiza el régimen de excepción al habilitar “actos transaccionales y/o compensaciones” en el cierre de los contratos de concesión de cargas de NCA, Ferrosur y FEPSA.
El artículo 8 declara sujetas a revisión todas las normas y procesos en materia de mantenimiento y seguridad en el sistema ferroviario. Por último, el 10 del decreto reglamentario ordena a Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), en coordinación con las autoridades de Transporte y “con acuerdo” de las demás empresas ferroviarias del Estado, a proponer “acciones para la reorganización empresarial que resulten pertinentes a los efectos de revertir la situación de emergencia declarada”.
