La Secretaría de Transporte resolvió dar de baja el esquema creado en 2016, muy resistido en los últimos años por cámaras empresarias y entidades agropecuarias.
La desregulación llega a al transporte de granos con una medida que marca un punto de inflexión en el rubro. Este jueves, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, resolvió dejar sin efecto el esquema de tarifas de referencia que regía para la logística agropecuaria por ruta en todo el país.
La medida quedó plasmada en la Resolución 48/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece la derogación de las normas que hasta ahora fijaban valores orientativos para este servicio. Según el texto oficial, el objetivo es “armonizar y actualizar la normativa vigente, para optimizar su aplicación y adecuarla a las necesidades actuales”.
Algunas organizaciones del rubro ya habían expresado su disconformidad con las tarifas de referencia.
En esa línea, el Gobierno consideró necesario eliminar barreras regulatorias que “atenten contra los principios constitucionales de la libertad económica”. El marco jurídico de referencia parte de la ley 24.653, que regula el transporte automotor de cargas y garantiza la libre competencia en la prestación de los servicios.
Aquella norma dispuso que los precios debían establecerse en un mercado abierto, sin distorsiones regulatorias que limitaran la contratación entre las partes. Por ello, la resolución firmada por el secretario de Transporte, Luis Octavio Pierrini, refuerza la idea de un sistema basado en acuerdos privados, sin intervención directa del Estado en la fijación de precios.
El esquema que quedó sin efecto había sido aprobado en 2016 y preveía la elaboración de tarifas de referencia mediante una Mesa de Negociación Participativa. En esa instancia intervenían cámaras de transportistas, entidades del agro y organismos públicos, con el fin de consensuar valores que luego debían consignarse en la Carta de Porte para el traslado de granos.
Con el paso de los años, ese mecanismo fue objeto de modificaciones y ampliaciones, pero mantuvo la lógica de orientar el mercado a través de parámetros oficiales.
El transporte de granos y un esquema cuestionado
Las dificultades comenzaron a intensificarse cuando algunas organizaciones expresaron su disconformidad con el sistema. La Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETyL) notificó en este 2025 que no participaría más de la mesa tarifaria, al señalar que entre sus asociados no había compañías dedicadas al transporte de cereales y derivados.
De forma similar, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) indicó que la transparencia de costos se lograba mejor mediante un “Índice de Costos serio y bien elaborado” y que la definición de tarifas debía darse en negociaciones bilaterales entre privados.
También se apartó la Sociedad Rural Argentina, que manifestó su decisión de no intervenir en futuras discusiones sobre valores de referencia. En su presentación oficial, la entidad argumentó que “la mejor política en este ámbito es aquella que respeta la libertad de mercado y la capacidad de los actores privados para establecer sus propios acuerdos comerciales”.
Estas posturas reforzaron la posición de que la fijación estatal de precios indicativos había perdido sustento práctico en el funcionamiento del mercado.
En su análisis, la Dirección Nacional de Transporte Automotor de Cargas recordó que los precios de referencia nunca fueron obligatorios, sino guías orientativas. Sin embargo, admitió que “han sido objeto de diversas interpretaciones respecto de su aplicación, dando lugar a situaciones en las que los acuerdos alcanzados resultaron divergentes respecto de las referencias establecidas”.
Ante esas inconsistencias, el organismo recomendó la derogación de las resoluciones vigentes y el pasaje a un esquema sin pautas oficiales. Un antecedente inmediato a la decisión fue el Acta Acuerdo firmada el 10 de marzo de 2025 entre dadores de carga y transportistas.
Allí se consensuó un cuadro tarifario de alcance nacional, elaborado sin la intermediación de la Secretaría de Transporte. Ese pacto sirvió como señal de que el sector contaba con herramientas propias para negociar, lo que facilitó la determinación oficial de eliminar la normativa anterior.
