Da un plazo de gracia de hasta 12 meses y 72 cuotas a la mitad de la tasa que fija el Banco Nación para el sector. El esquema tiene como condición que las distribuidoras paguen la deuda corriente.

El Gobierno Nacional estableció un plan de regularización de deudas dirigido a distribuidoras y cooperativas eléctricas con deudas ante Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), tal como se había adelantado a fines de diciembre.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 186/25, se establecieron condiciones de pago que incluyen un período de gracia de hasta doce meses y un esquema de cancelación en 72 cuotas. La tasa de interés aplicable equivale al 50% de la que utiliza el Banco Nación como referencia en el sector eléctrico.

El monto de la deuda acumulada por las distribuidoras alcanzaba los 1100 millones de dólares hacia finales de 2024.

Este programa también prevé beneficios para aquellas empresas que hayan cumplido con la totalidad de sus pagos en 2024 y no posean deudas sin regularizar hasta diciembre de 2023. El objetivo es “premiar a quienes mantuvieron sus obligaciones al día y evitar inequidades dentro del mercado eléctrico”.

La Secretaría de Energía informó que las distribuidoras deberán abonar sus facturas corrientes para mantener el beneficio de regularización. En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones y se perderá el acceso al plan. Además, se exigirá la presentación de un plan de inversiones que contemple mejoras en la infraestructura de distribución.

El Gobierno considera que este mecanismo permitirá normalizar la situación financiera de las distribuidoras y cooperativas, facilitando su acceso al crédito y promoviendo nuevas inversiones en el sector. También busca que estas empresas puedan establecer contratos de suministro directamente con generadoras privadas, reduciendo su dependencia del mercado mayorista administrado por Cammesa.

La deuda con Cammesa

El monto de la deuda acumulada por las distribuidoras alcanzaba aproximadamente los 1.100 millones de dólares hacia finales de 2024. A pesar de que algunas empresas habían comenzado a regularizar sus pagos tras la actualización de tarifas, aún quedaba pendiente la cancelación del stock adeudado.

Durante el primer trimestre de 2024, los índices de cobrabilidad fueron bajos. Empresas como Edesur y Edenor abonaron en promedio el 33,9% de sus facturas en enero, el 16,3% en febrero y el 34,1% en marzo. La situación comenzó a mejorar luego del ajuste del Valor Agregado de Distribución, alcanzando niveles de pago del 100% en meses posteriores.

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El gobierno busca que con esta medida las distribuidoras y cooperativas regularicen su situación.

En la provincia de Buenos Aires se observó un comportamiento similar. Distribuidoras como EDEA apenas habían abonado entre el 1,6% y el 12,7% de sus facturas en el primer trimestre del año pasado, pero luego de los aumentos tarifarios implementados por el gobierno provincial, regularizaron sus pagos hasta llegar al 100%. Situaciones parecidas se registraron en Edelap, EDEN y EDES.

Las cooperativas eléctricas también experimentaron un proceso de normalización. Entidades de localidades como Zárate, Luján, Pergamino, Tandil y Necochea lograron regularizar su deuda corriente. Sin embargo, otras, como las de Villa Gesell, Tres Arroyos y Las Flores, continuaban en mora al cierre de 2024.

En el interior del país, distribuidoras como Edesa, de Salta, presentaban dificultades similares. Durante el primer trimestre de 2024, sus pagos no alcanzaban el 25% del consumo mensual. Con la actualización tarifaria, comenzaron a cancelar sus facturas corrientes, aunque su deuda acumulada permanecía pendiente.

El DNU también establece un régimen especial para aquellas empresas que cumplieron con sus obligaciones sin interrupciones.

Entre ellas se encuentran EPE de Córdoba, Energía Entre Ríos S.A., EJESA de Jujuy, EDESTE, EDEMSA, y varias cooperativas de Mendoza, Chubut, Misiones y otras provincias.

Aún no se han detallado los beneficios específicos que recibirán, pero se prevé un esquema de reconocimiento de créditos como incentivo por su cumplimiento.

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