Lo sostiene una nota que la cámara del sector le envió al ministro de Economía, Luis Caputo, en rechazo del mecanismo de pago que el Gobierno oficializó este miércoles.
La Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera) envió este miércoles 8 de mayo una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que manifestaron su rechazo al pago de la deuda de Cammesa a través de un bono en dólares con vencimiento en 2038 (AE38), que implica en los hechos una quita del 50% de lo adeudado.
El superávit fiscal alcanzado en abril por el gobierno nacional se sustenta en gran parte con el diferimiento de los pagos de la energía.
De esta manera, desde diciembre, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) acumuló una deuda con las generadoras de energía a fines de abril alcanzaba los $1.074.258.000.000 (unos 1.200 millones de dólares al cambio oficial).
El plan de pagos para la deuda de Cammesa
Esta mañana, y tras meses de reclamos por parte de las empresas, el Ejecutivo oficializó el régimen de pagos para saldar el monto a través de un canje, tal como lo había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo y en línea con los plazos que incluso mencionado el presidente Javier Milei en su discurso por Cadena Nacional, cuando avisó que la situación se normalizaría en junio.
La medida fue establecida través de la Resolución 58/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
La deuda de diciembre y enero se saldará con un bono en dóolares, mientras que la de febrero se pagará con los fondos disponibles en las cuentas bancarias de la estatal Cammesa, que salen del Tesoro Nacional.
La normativa establece “un régimen de pagos excepcional, transitorio y único para el saldo de las transacciones económicas del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero 2024 correspondiente a los Acreedores del MEM con el objeto de restablecer la cadena de las transacciones económicas y preservar el abastecimiento del servicio público de electricidad”.
En concreto, Energía estableció que los pagos se realizarán con un título en dólares, el AE38, y que el valor nominal se calculará en función de su cotización en el mercado, por lo que el pago total equivaldría hoy a unos $600.000 millones.
El gobierno justificó el mecanismo ya que se inscribe “en el marco de la emergencia energética, económica, financiera y tarifaria declarada«.
Y amplía: «Por ello, resulta necesario generar un instrumento regulatorio que promueva, en forma simultánea, la normalización de las transacciones del MEM y el ordenamiento de su flujo de fondos mediante su cancelación; y la reducción del déficit fiscal».
De acuerdo a la resolución, Cammesa deberá elaborar y determinar los montos a pagar con cada uno de los acreedores.
«Una vez establecidos los importes, se suscribirán los acuerdos individuales respectivos y se saldarán los pagos correspondientes a diciembre y enero con el bono AE38«, explica la normativa.
La deuda correspondiente a febrero, en cambio, se pagará con los fondos disponibles en las cuentas bancarias habilitadas en la compañía, a efectos de las cobranzas y con aquellos disponibles por las transferencias realizadas por el Estado Nacional al Fondo Unificado con destino al Fondo de Estabilización.
Fuerte rechazo de las empresas generadoras
En su nota dirigida a Caputo en el mismo día de la oficialización de la medida, la Ageera manifestó su rechazo al pago con un bono en dólares que vence en 2038 (AE38) y que actualmente cotiza al 50% de paridad (la mitad de su valor nominal).
La entidad advirtió que sería la primera vez desde la creación del MEM en la que el Gobierno modifica unilateralmente contratos de abastecimiento. Incluso, mencionó algunas figuras que podrían dar lugar a acciones judiciales.
“Resulta en una afectación de los derechos contractuales de los Agentes Generadores y una violación a su derecho de propiedad privada”, advirtió la entidad.
En la comunicación también sustuvo que la resolución “impacta en los compromisos financieros asumidos por algunos Generadores con quienes otorgaron financiamiento para desarrollar las inversiones en sus respectivas centrales”.
Por último, Ageera señaló que la decisión del Gobierno «afecta la seguridad jurídica en general y de manera particular en el MEM, lo cual resulta de extrema gravedad”.
