El gobierno anticipó a Dinamicarg la intención de reactivar obras y un plan de recuperación de material rodante del ferrocarril de carga, y descartó el cierre de operaciones actuales. Las obras que se vienen y las prioridades en el marco de la emergencia ferroviaria.
El servicio de ferrocarril de carga recibirá de parte de dos empresas privadas, un adelanto de los pagos correspondientes a fletes, para que el organismo estatal pueda adquirir repuestos y reparar y recuperar material rodante y de esa manera poder incorporar más formaciones al servicio de transporte de carga.
La iniciativa, según confiaron fuentes de la Secretaría de Transporte de la Nación, ya está acordada y será puesta en funcionamiento en breve y comentaron que una de las razones que llevó a los empresarios a alejarse de la posibilidad de aportar fondos fue por un lado la inseguridad jurídica y la volatilidad que la economía tenía en esos momentos.
La decisión se da en el marco de la declarada Emergencia Ferroviaria, que permitirá a la empresa estatal accionar en la adquisición del material y los repuestos, de manera más ágil y rápida, sin afectar el presupuesto destinado por el Gobierno para la emergencia.
La misma fuente anticipó que “no está en los planes” el cierre de ramales y que solamente se están adecuando los servicios a la disponibilidad del material rodante y en base a los parámetros de seguridad operacional.
Por el momento no hay a la vista una posible privatización, no al menos hasta que estén saneadas las finanzas de las empresas estatales y se conviertan en un núcleo atractivo para los inversores.
En ese sentido aclararon que, los fondos dispuestos por el Gobierno para la Emergencia Ferroviaria, serán destinados a obras que impacten en forma directa con la Seguridad Operacional, que es la preocupación central de la actual gestión y puntualizaron que se van a hacer “todos los esfuerzos” para garantizar la operación segura de los servicios, tanto del ferrocarril de carga como de pasajeros.
El 2 de julio último, el Gobierno oficializo por medio de la publicación del Decreto 525/2024 en el Boletín Oficial, la declaración de la Emergencia Ferroviaria, por el término de 24 meses, destinando 1.293.780.000.000 pesos “al sistema ferroviario argentino para que sea utilizado para el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la administración de los servicios ofrecidos”.
La medida entró en vigencia el 13 de junio de 2024 y si cumplidos los dos años, el Poder Ejecutivo o la Secretaría de Transporte, organismo que fue denominado como autoridad de aplicación, entendiesen que es necesario, se podrá ampliar el plazo por un año más.
La decisión de adoptar la Emergencia Ferroviaria, respondió a “la delicada situación” en la que se encuentra el servicio, y se concretó luego del serio accidente ocurrido en Palermo entre una formación de prueba y una de pasajeros del Ferrocarril San Martín.
“Se ha registrado una ineficaz gestión y planificación de las contrataciones destinadas al mantenimiento del material rodante, lo cual ha conllevado, en la práctica, una sensible disminución de formaciones en servicio y por consiguiente una dismininución en las frecuencias”, señalaba entonces el Decreto.
Lo que viene para el ferrocarril de carga
En este sentido, remarcaron que la “alteración en los planes de mantenimiento y/o inversiones, tiene implicancias directas en la prestación de los servicios ferroviarios”, tras señalar que la mayor cantidad de descarrilamientos se presentaron en el ferrocarril de carga producto del mal estado de conservación de la infraestructura.
Según las fuentes, otro de los motivos que habrían provocado la deficiencia en el funcionamiento de los trenes, radicó en la deuda heredada que recibió la empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, encargada de administrar la operación de los recursos estatales.
“No solo han puesto en serio riesgo la calidad del servicio, sino que avanza peligrosamente sobre las fuentes de trabajo y las condiciones laborales, hasta poner en riesgo la mínima rentabilidad que haga viable el sustento de la actividad misma”, denunciaron desde el Estado.
Aclararon que “no se destinarán los fondos previstos para la emergencia a otros ítems que no sean la Seguridad”, pero advirtieron que hay obras que se van a terminar, como por ejemplo el Viaducto del Belgrano Sur que llega a Constitución, y otras relacionadas con cuestiones operativas.
Las empresas Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria, tienen que presentar (lo están haciendo) propuestas que consideren “indispensables y urgentes” para mejorar la seguridad operativa del servicio de transporte de cargas y pasajeros.
Autorizaron a las empresas ferroviarias a dar de baja las contrataciones de tercerizados que no se adecuen al plan de acción establecido por la Secretaría de Transporte y se fomentará la atracción de inversiones, fomentar la participación de terceros y firmar los contratos necesarios para formalizar las colaboraciones en materia operativa y en la gestión de infraestructura.
Por el momento, indicaron, no hay a la vista una posible privatización, no al menos hasta que estén saneadas las finanzas de las empresas estatales y se conviertan en un núcleo atractivo para los inversores.
