El gobierno nacional presentó una demanda contra el consorcio de gestión de uno de los principales puertos bonaerenses. Es por una deuda en el pago de mantenimiento de los canales de acceso.
Un nuevo conflicto se suscitó entre el gobierno nacional y el puerto de Dock Sud, de la provincia de Buenos Aires. Desde la autoridad portuaria avanzaron en un reclamo judicial contra las autoridades del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, por una deuda en el pago del dragado de los canales de acceso.
Puntualmente, la demanda señala que en diciembre de 2023 venció el acuerdo que se había firmado con el consorcio, donde establecían el marco y los montos en los que se repartía el pago de las tareas.
Según establece la ley de puertos nacional, cada puerto es responsable del mantenimiento de sus canales de acceso. En el caso de Buenos Aires y Dock Sud, ese tramo es compartido por ambas administraciones.
Sin embargo, el puerto de Buenos Aires se hizo cargo de la totalidad del contrato establecido para el dragado del canal Brown, de uso compartido, así como del canal Huergo (exclusivo para el puerto Buenos Aires) y el canal Sur (exclusivo para Dock Sud).
El puerto Buenos Aires históricamente coordinó las contrataciones de los servicios de dragado y balizamiento para los canales de acceso
Transcurridos más de dos años desde la finalización del acuerdo alcanzado en 2021 (y que como se mencionó, venció en diciembre de 2023), y sin un nuevo acuerdo, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación –a través de la Administración General de Puertos- exigió judicialmente el pago de dicha deuda a los directores de Dock Sud.
Dragado de Dock Sud: del acuerdo en 2021 a la disputa del 2026
Por su preexistencia y su agilidad de trámites, el puerto Buenos Aires históricamente coordinó las contrataciones de los servicios de dragado y balizamiento para los canales de acceso. Primero en acuerdo con el Ministerio de Planificación bonaerense, y posteriormente con el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud (creado en 2019), se lograron distintos acuerdos de pago de las tareas.
El último, firmado en marzo de 2021, establecía el sistema de pago de las obras, en un acuerdo que tomaba como base las Tonelada de Registro Neto (TRN) que llegaban a cada puerto para definir cuánto correspondía a cada gestión por las obras. Básicamente, se pagaba en función del tráfico que recibía cada puerto.
Tras distintos reclamos, en mayo de 2025 la presidenta del Consorcio envió una nota a las autoridades para “manifestar la firme voluntad del CGPDS de concretar a la brevedad posible la renovación del Convenio para el Balizamiento y Dragado del Canal Brown y el Balizamiento del Canal Sur, que efectivamente venció el 1° de enero de 2024, conforme lo señalado en vuestra comunicación”.
“En este sentido, expresamos nuestra buena disposición para reconocer e incluir en el nuevo instrumento los gastos correspondientes al balizamiento del año 2024 y los primeros cuatro meses de 2025 realizados por la AGP, considerándolos como cumplidos”, agregó en la nota oficial.
Posteriormente, también señaló el acuerdo sobre la forma de considerar la deuda: “Respecto a los valores mencionados en su comunicación, manifestamos nuestro acuerdo general con los montos planteados”.
No obstante, las nuevas autoridades del puerto, con Mónica Litza al frente del consorcio, no formalizaron nunca la aceptación de un nuevo convenio, lo que llevó a las autoridades nacionales a presentar el reclamo judicial.
El antecedente de Ushuaia
El conflicto entre las autoridades nacionales y el Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud llega tras la intervención del puerto de Ushuaia, resuelta el 21 de enero, tras distintos informes que dieron cuenta sobre irregularidades administrativas y fallas de infraestructura crítica en el puerto de Tierra del Fuego.
En septiembre de 2025, técnicos de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación habían realizado una inspección in situ en el muelle de Ushuaia.
En diciembre, personal de la ANPYN inspeccionó el puerto de Dock Sud.
