El secretario de Coordinación de Energía y Minería admitió que el primer punto «debería definirse» durante el verano. Y fijó posición respecto a dos temas recurrentes en la agenda del sector de hidrocarburos.
El equipo económico evaluará durante el verano si amplía por 12 meses el período de adhesión al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), según informó Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería en la cartera que conduce Luis Caputo.
La norma aprobada en 2024 prevé una ventana de dos años desde su entrada en vigencia, plazo que vence en julio de 2026, pero la ley habilita a una prórroga excepcional por un año adicional. Si la gestión finalmente activa ese mecanismo, las compañías podrán presentar propuestas hasta julio de 2027.
La idea de extender el programa responde al nivel de interés que viene mostrando el sector privado. El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, detalló que ya ingresaron más de 27 proyectos distribuidos entre energía y minería. De ese universo, nueve iniciativas que superan los USD 24.000 millones ya recibieron luz verde.
“Aún no discutimos formalmente su extensión, pero la decisión debería tomarse este verano. Mi recomendación personal será prolongarlo, porque refleja el modelo económico al que aspiramos: sin retenciones, con impuestos más bajos y procedimientos ágiles”, dijo el secretario de Coordinación de Energía y Minería.
Durante su exposición en el “Energy Day” organizado por EconoJournal, González adelantó su posición personal: “Aún no discutimos formalmente su extensión, pero la decisión debería tomarse este verano. Mi recomendación personal será prolongarlo, porque refleja el modelo económico al que aspiramos: sin retenciones, con impuestos más bajos y procedimientos ágiles”.
El mensaje sintetiza la visión del Gobierno sobre la inversión a largo plazo y la necesidad de consolidar un esquema estable en materia impositiva y regulatoria.
RIGI, retenciones y disciplina fiscal
Una de las consultas recurrentes del sector gira en torno a la carga impositiva, especialmente en el segmento no convencional.
González fue directo: la reducción inmediata de las retenciones al petróleo no convencional no está en agenda, aunque reconoció que se trata de un “mal impuesto”.
Según explicó, cualquier alivio fiscal deberá estar respaldado por un crecimiento sostenido y por la continuidad del proceso de reducción del gasto público.
El Gobierno ya anunció la eliminación de las retenciones para el crudo convencional en varias provincias que afrontan un marcado declive de la producción en ese segmento, lo cual contrasta con la expansión del shale de Vaca Muerta.
Ese movimiento dejó al petróleo no convencional como el único segmento afectado por retenciones, dado que los proyectos en marcha para producir y elaborar GNL están todos enrolados en el RIGI y por lo tanto, exentos del tributo.
“La medida (quita de retenciones al convencional) va en dirección de seguir reduciendo impuestos, al ritmo que permita mantener la piedra angular del régimen, que es la disciplina fiscal”, remarcó González. Su planteo es consistente con el ajuste aplicado sobre los subsidios energéticos: al inicio de la gestión representaban un 1,5% del PBI y, según el Presupuesto 2026, caerán a alrededor del 0,5%.
El funcionario defendió esa reducción al señalar que la ayuda estatal a los consumidores de gas y electricidad “dejó de ser una carga para la macroeconomía”. También anticipó que el foco será la revisión integral del sistema. La meta es bajar el costo de la energía, algo que —según sostuvo— solo será posible con más inversión, más competencia y un proceso profundo de desregulación que elimine distorsiones acumuladas en los últimos años.
Señales de mercado, reglas claras y el rol de Vaca Muerta
González insistió en que la previsibilidad es tan determinante como los incentivos fiscales. “El sector privado reacciona muy rápidamente, al menos en la Argentina, a las señales de precio y a la credibilidad”, afirmó.
Ese clima más ordenado —según describió el funcionario— fue clave para avanzar con la licitación de hidroeléctricas, habilitar la iniciativa privada de TGS para ampliar el Gasoducto Perito Moreno y encarar la licitación de capacidad de almacenamiento eléctrio en el AMBA para mitigar a partir de 2027 los riesgos de cortes de suministro en los veranos.
Aun con ese escenario, reconoció que el mercado energético argentino está atravesado por debates recurrentes —como subsidios o aranceles— que, a su entender, no deberían opacar la discusión estructural: cómo reducir los costos del sistema en su conjunto. La respuesta, remarcó, vuelve a converger en inversión y desregulación.
Consultado sobre el posible impacto de una caída internacional del precio del crudo, respondió que los precios libres deben reflejar esa dinámica, pero descartó un deterioro competitivo en el corto plazo.
En esa línea, aseguró que Vaca Muerta mantiene una ventaja geológica significativa respecto de otras formaciones no convencionales, especialmente frente a su principal competidor en Estados Unidos. Esa calidad de roca le permite sostener niveles de productividad altos aun en ciclos de precios menos favorables.
