Tras recibir una intimación del gobierno nacional, la Dirección Provincial de Puertos culpó a la legislatura por sancionar una ley que viola los acuerdos de uso de fondos portuarios.
La polémica por el uso de los fondos de Tierra del Fuego sumó un nuevo capítulo, tras una carta oficial donde la provincia reconoció que deberá modificar la ley cuestionada.
Tras la intimación del gobierno nacional, la Dirección Provincial de Puertos (DPP) respondió el reclamo sobre la quita de fondos del puerto de Ushuaia que serían utilizadas para cancelar una parte de la deuda de la obra social fueguina.
Lo hizo acusando al propio ejecutivo provincial –del que forma parte- y a la Legislatura, que votó por unanimidad (es decir, en acuerdo de oficialistas y opositores) el proyecto que hoy es formalmente ley.
La intimación nacional llegó luego de diversos reclamos, de trabajadores y empresarios navieros, quienes advirtieron que la Ley 1.071 incumple la ley de puertos nacional, al utilizar los ingresos de la DPP del período 2024 y del 2025 para sanear parcialmente la deuda de la obra social fueguina.
Roberto Murcia (a cargo de la DPP) informó al gobierno nacional que tras una reunión con el gobernador Gustavo Melella enviaron a los legisladores del oficialismo provincial un pedido para anular el artículo de la ley que asignaba los fondos del puerto para el pago de la deuda de la obra social
Así, desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación exigieron a la provincia reformar dicha ley, resaltando que en el traspaso del puerto de la órbita nacional a Tierra del Fuego (en la década del ´90) se acordó que la recaudación del puerto de Ushuaia se destinaría exclusivamente al funcionamiento del puerto y las obras necesarias.
En respuesta a dicho emplazamiento, la DPP informó oficialmente que desde la Dirección de Puertos habían avisado tanto a la legislatura provincial como a la propia gobernación que dichos fondos no podían ser transferidos.
Ahora, Roberto Murcia (a cargo de la DPP) informó al gobierno nacional que tras una reunión con el gobernador Gustavo Melella enviaron a los legisladores del oficialismo provincial un pedido para anular el artículo de la ley que asignaba los fondos del puerto para el pago de la deuda de la obra social.
En declaraciones a medios fueguinos, Murcia aseguró que “antes de todo esto nosotros ya habíamos informado al Poder Ejecutivo y a la OSEF que no contábamos con excedentes presupuestarios y que lo que ellos tomaban como excedente presupuestario era dinero afectado a obras. Se les mandó un informe contable y se puso en conocimiento de que no íbamos a poder cumplir con la ley”.
“Yo creo que hubo una confusión en la sanción de la ley, vieron nuestro estado bancario pero no el fin para el cual estaban destinados esos fondos”, agregó el funcionario.
Murcia, sin embargo, defendió los préstamos que la DPP realiza al estado provincial: “eso se devuelve y se paga con intereses, con lo cual es una situación totalmente distinta”, aseveró respecto a los dos préstamos por dos mil millones de pesos que realizó al gobierno para realizar distintas obras.
¿Temporada de cruceros en peligro en Tierra del Fuego?
Uno de los puntos centrales del debate es sobre las obras que el puerto de Ushuaia necesita para poder mejorar su operatoria de cara a la próxima temporada de cruceros, que comenzará a principios de octubre y se extenderá hasta abril.
Durante el debate legislativo, los trabajadores y empresarios navieros advirtieron que, sin obras, la temporada estará en riesgo, por la pérdida de competitividad frente a otros puertos de la región, especialmente de Chile.
Tras culpar a la legislatura y al ejecutivo por la confusión, Murcia reconoció la necesidad de obras, pero también dijo que los fondos todavía no alcanzan para las tareas requeridas. Entre ellas, una terminal de cruceros para separar la actividad de la descarga de pesca que se realiza en el mismo muelle, complicando la logística del descenso y ascenso de pasajeros.
