Tras las denuncias de trabajadores y navieras, y en el inicio de la temporada de cruceros, el gobierno nacional busca determinar el estado contable y de infraestructura del puerto fueguino.
El puerto de Ushuaia recibirá en las próximas semanas una inspección por parte de autoridades portuarias nacionales, que buscarán conocer en profundidad sus movimientos contables y el estado de su infraestructura.
La visita se dará en el marco de la discusión sobre la ley 1.071 de Tierra del Fuego, que tomó los recursos que la Dirección Provincial de Puertos generó en 2024 y los que generará en 2025, y los destinaría para sanear parcialmente la deuda de la obra social estatal.
Esa medida, sostuvieron trabajadores, navieras y el gobierno nacional, incumple los acuerdos de la ley de puertos de carácter nacional, y pondría en riesgo la capacidad del puerto de Ushuaia para realizar las obras que necesita para dar un buen servicio a los buques que utilizan sus muelles, principalmente cruceros, pesca y contenedores.
Esto, dado los distintos convenios que establecen que los ingresos del puerto deben ser utilizados exclusivamente para sus gastos de mantenimiento y obras de mejoras necesarias.
Ahora, la DPP aseguró que pidieron a los mismos legisladores provinciales dar marcha atrás con el artículo de la norma que tomaba los fondos del puerto de Ushuaia para cubrir una parte de la deuda de la provincia con los prestadores médicos.
Tras una intimación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), desde la DPP respondieron que sabían de la ilegalidad de la ley que sancionó la Legislatura, y culparon tanto al Ejecutivo provincial (a cargo de Gustavo Melella) como a los propios legisladores por no tomar en cuenta una supuesta advertencia que se habría enviado por escrito antes de la votación que convirtió por unanimidad el proyecto en ley.
Ahora, la DPP aseguró que pidieron a los mismos legisladores provinciales dar marcha atrás con el artículo de la norma que tomaba los fondos del puerto de Ushuaia para cubrir una parte de la deuda de la provincia con los prestadores médicos.
Sin embargo, no hay hasta el momento fecha clara de sesión, la normativa sigue vigente y también se conoció que la provincia utilizó ya 4.000 millones de pesos de la DPP, que en este caso se retiraron en forma de préstamo, por lo que los fondos serán reintegrados.
Ese movimiento de financista, defendido por la provincia, tampoco formaría parte de las operaciones habilitadas por la normativa legal.
¿Corre peligro la temporada de cruceros?
Ahora, se conoció que ANPYN encabezará una inspección in situ para determinar fehacientemente el movimiento de fondos y las obras que se están haciendo –y se deberían hacer- en el principal puerto provincial.
Sucede que, junto con la advertencia por la quita de fondos a la DPP, los trabajadores plantearon las necesidades que tiene el puerto de Ushuaia para poder prestar un buen servicio a los cruceros que ya comienzan a llegar a sus muelles.
La preocupación de empresarios, trabajadores y autoridades nacionales es que las obras que la propia DPP enumeró como esenciales (de accesos al puerto, de mejoras en el tendido eléctrico y hasta la creación de una terminal de cruceros) generen cancelaciones, lo que impactaría directamente sobre la actividad portuaria.
En ese marco, no se descartaban nuevas protestas gremiales, ante la falta de certezas sobre cómo se afrontará la temporada y cuáles serán las mejoras que Ushuaia tendrá para atraer el interés de las grandes empresas que podrían migrar sus recaladas a los puertos de Chile, la otra cabecera del circuito de turismo antártico.
