El gobierno de Luis Lacalle Pou aprobó una ley que impone a los transportistas de carga argentinos que operan en Uruguay condiciones especiales para cobrar por sus servicios.
En pie de guerra con Argentina por la flexibilización del Mercosur, el Gobierno uruguayo confirmó ayer que no dará marcha atrás con la polémica medida que impide a transportistas argentinos cobrar en efectivo los servicios que prestan en el país vecino.
La norma, que entró en vigencia en los primeros días de enero merced de la presión de los empresarios de carga uruguayos, obliga a las empresas argentinas que realizan fletes en ese país a cobrar sus servicios a través de transferencias bancarias o por medio de entidades financieras y no en efectivo como venían haciendo.
Tras la sanción de la norma, más de 20 empresas que representan en Uruguay a compañías de transporte de carga terrestre de la Argentina se presentaron a su vez ante la justicia para reclamar su inconstitucionalidad y pidieron su inmediata suspensión.
Según consignó El País las empresas argentinas, representadas por Cristina Olaso, advirtieron que la ley objetada “carga la responsabilidad” en los representantes administrativos en Uruguay de las empresas argentinas. “Es bastante equivocada la ley por cuanto le impone una responsabilidad que no puede asumir, porque es sobre la forma de contratación y pago que hace la empresa argentina con su cliente y ellos son representantes administrativos, no pueden asumir la condición de gestor de negocios o intermediarios porque no la tienen”.
Más de 20 empresas que representan en Uruguay a compañías de transporte de carga terrestre de la Argentina se presentaron a su vez ante la justicia para reclamar la inconstitucionalidad de la norma.
En este sentido reclamó que la norma “es inconstitucional porque violenta el principio de igualdad establecido en la Constitución de la República”, así como también porque “se funda en un elemento que no es cierto, en cuanto a que habría una competencia desleal del transportista argentino con el uruguayo”.
Y en este punto explicó que “para que haya competencia desleal tiene que haber una acción volitiva (con voluntad) y deshonesta para perjudicar al otro y acá no hay nada de eso, sino que hay una coyuntura externa a cualquier empresario transportista, que es una diferencia cambiaria”.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Autotransportes Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu), Mauro Borzacconi, ratificó en las últimas horas su satisfacción con la medida adoptada por el gobierno de Lacalle Pou que impide a las empresas de transporte de carga internacional de la Argentina cobrar en efectivo por sus servicios y advirtió que “hay cero chance” de volver hacia atrás.
El cepo cambiario y la pelea de fondo
Detrás de la disputa se encuentra el impacto de la reinstalación del cepo cambiario en la Argentina en septiembre de 2019 durante la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, y la consecuente reaparición de las cotizaciones paralelas.
Según la Catidu el impacto en el mercado del transporte de carga internacional se sintió de inmediato y denunciaron lo que para ellos era una supuesta competencia desleal por parte de sus pares argentinos.
Al entender de la Catidu los transportistas de carga de nuestro país que operan en Uruguay y cobraban sus servicios en efectivo podían, al regresar, liquidar los dólares obtenidos en el mercado paralelo y obtener así una mayor cantidad de pesos por dólar que en el mercado oficial. Esto les habría otorgado una ventaja competitiva frente a ellos al poder ofrecer sus servicios a un costo menor en dólares, lo que les habría hecho perder una importante porción del mercado.
En tanto, las empresas argentinas que operan en Uruguay advirtieron que el primer efecto que tendrá la medida, y que hasta el propio Borzacconi admitió como posible, será el aumento de los precios de los fletes y por ende una mayor presión al alza de los precios internos que pagan todos los uruguayos.
