Por un lado, firmó un convenio con constructores para que los utilicen en móviles y maquinarias, y también fomenten los biomateriales. Además, abastecerá con biodiésel y bioetanol a más de 1.800 vehículos de la policía.
En los últimos tiempos, Córdoba redobló los esfuerzos para avanzar en la transición energética y reducir la huella de carbono en la provincia, y los biocombustibles son uno de los pilares para ese objetivo. En los últimos días, la gobernación dio dos nuevos pasos para impulsar su en dos áreas clave.
Se trata de dos acuerdos que prometen una disminución en los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en las obras, tanto públicas como privadas, y abastecer la flota policial con biodiésel y bioetanol. A principio de año, se alcanzaron avances similares en el Rally regional.
El Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba han iniciado un plan para migrar la flota vehicular del sector hacia el uso de biocombustibles.
El primer convenio fue alcanzado a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos que llegó a un consenso con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) durante la Jornada de Infraestructura Sostenible. Ambas partes se comprometieron a facilitar la incorporación de biocombustibles y biomateriales en los proyectos de la provincia.
Entre los objetivos del acuerdo destaca la promoción del uso masivo de bioetanol en maquinaria, flotas vehiculares y actividades logísticas del sector. Además, se prevé el desarrollo de infraestructura para la producción y el almacenamiento de estas fuentes de energía, asegurando su trazabilidad y seguridad.
Además, la cámara implementará programas de sensibilización y formación para las empresas de construcción y generar conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad en este ámbito. Asimismo, el Ministerio de Infraestructura se ha comprometido a proporcionar asesoramiento técnico en áreas como eficiencia energética, protocolos para el uso de biocombustibles y la medición de emisiones de GEI.
Biocombustibles para la flota policial
En paralelo, el Ministerio de Seguridad y la Policía de Córdoba han iniciado un plan para migrar la flota vehicular del sector hacia el uso de biocombustibles. Este acuerdo, también suscrito en el marco de la Ley Nº 10.721, introduce el empleo de mezclas B20 (biodiésel al 20%) y E17 (etanol al 17%) en más de 1.800 vehículos, sin necesidad de realizar modificaciones mecánicas en los mismos.
El modelo implementado incluye la compra conjunta de biocombustibles, garantizando costos optimizados y un control riguroso de la calidad. A través de esta iniciativa, se estima una significativa reducción de la huella de carbono, mientras se impulsa la adopción de energías renovables en la administración provincial.
Este convenio también contempla la realización de ensayos técnicos para asegurar el correcto funcionamiento de los biocombustibles en los vehículos policiales, además de prever una ampliación progresiva de este esquema hacia otros sectores de la flota pública provincial. Así, el proyecto no solo representa un avance en términos de sostenibilidad ambiental, sino también una apuesta por la eficiencia y la innovación dentro de la administración pública.
Ley de biocombustibles
Una de las claves para impulsar el uso de biocombustibles es contar con un marco regulatorio que incluye un aumento en el corte obligatorio de las naftas. En esa línea, las provincias del centro del país, encabezadas por Córdoba, se encolumnaron bajo la “Liga Bioenergética”, y diseñaron un proyecto de ley con ese fin.
Si bien en principio el gobierno nacional apoyó la iniciativa, hace unas semanas optó por avanzar con una legislación propia. Esta versión está siendo desarrollada por el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, en línea con lo que proponía la Ley Bases original.
La intención detrás de esta nueva normativa es maximizar la desregulación del sector de biocombustibles, promoviendo una apertura que permita la participación de un mayor número de actores en la producción, venta y uso de estos productos.
