Así lo confirmó el presidente de la entidad, quien indicó que la nacionalización del litio provocaría incertidumbre en el sector. El rechazo se da 10 días después de presentada la iniciativa que busca definir al litio como recurso estratégico.
En el último mes trascendieron algunos proyectos de ley para nacionalizar e industrializar el litio del país, lo que generó ciertas preocupaciones en el sector. En ese marco, es que el presidente del Consejo Federal de Minería (Cofemin), Miguel Soler, desestimó la posibilidad de que progresen las iniciativas y expresó que de concretarse podrían desalentar la llegada de inversiones.
«Vemos que hay temas recurrentes que siguen siendo planteados para debate en el Congreso de la Nación y que generan incertidumbres a las inversiones mineras perjudicando al pueblo argentino», expresaron desde la entidad.
Es fundamental no tomar decisiones para desalentar estas inversiones, ya que proveen empleo, ingresos al Estado nacional y provincial, y generación de divisas para contribuir al crecimiento de otras actividades productivas.
En esa línea, Soler marcó su postura a través de una carta en la cual destacó la importancia de tener estabilidad, seguridad jurídica y planificaciones a largo plazo para asegurar «el pleno desarrollo de la industria minera y otras actividades productivas relacionadas”. Y agregó la necesidad de que el país genere y mantenga en el tiempo reglas claras para hacer previsible el crecimiento del litio.
El conductor del Cofemin hace referencia a los proyectos que apuntan a nacionalizar el recurso. Cabe destacar que la comunicación del Consejo tiene lugar a pocos días de la iniciativa presentada por el diputado Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente, Clasista y Combativa (CCC), con el respaldo de un sector del Frente de Todos.
El proyecto propone declarar “a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socioeconómico e industrial de la República Argentina” y declara de interés público nacional todas las actividades vinculadas a la utilización del mineral y sus derivados.
Los puntos que incluye la iniciativa le confieren al Estado la posibilidad de prohibir o limitar la exportación e importación del litio en casos de urgencia para el país. Además de que Nación tenga prioridad para la adquisición del mineral extraído en la Argentina.
Según Soler este rechazo «fue concretado específicamente por gobiernos provinciales de manera individual y en forma conjunta como Región del Litio (Jujuy, Salta, Catamarca), por el Cofemin y varias otras instituciones». Y recordó que, “en 1994 se modificó la Constitución Nacional Argentina, dejando bien en claro en su artículo 124 que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio».
Asimismo, resaltó que el país recibe inversiones en exploración y puesta en producción de proyectos de litio desde hace más de 20 años. En ese sentido recalcó que es fundamental no tomar decisiones para desalentar estas inversiones, ya que proveen empleo, desarrollo de proveedores, ingresos al Estado nacional y provincial, y generación de divisas para contribuir al crecimiento de otras actividades productivas.
YPF e Industrialización del lito
Según señaló Roberto Salvarezza, presidente del directorio de Y-TEC e YPF Litio, la compañía estatal actualmente está explorando 20 mil hectáreas en Fiambalá, provincia de Catamarca, y planea la perforación de dos pozos en el mes de agosto. Si el proyecto da niveles de litio importantes para que tenga una rentabilidad económica, la empresa avanzará en una planta piloto y en la posibilidad de la producción de carbonato de litio.
El directivo destaca la importancia de industrializar el recurso a nivel regional para “entender que podemos producir carbonato líquido, industrializarlo y agregarle valor que actualmente estamos perdiendo. No podemos ser una región del mundo que provea carbonato de litio a un valor y luego compre baterías a un precio muchísimo mayor”.
En cuanto a las experiencias de otros países, Salvarezza indicó que “Bolivia declaró desde un principio al litio como propiedad del Estado y hoy en día lo opera una compañía estatal, que a su vez es la que puede asociarse con otras empresas para la explotación. Sin embargo, no es productor de carbonato de litio”.
Por su parte, Chile tiene nacionalizado el litio hace mucho tiempo, pero realiza contratos con empresas extranjeras para que exploten los yacimientos por un período determinado y exporten el carbonato. Actualmente el objetivo del presidente del país trasandino, Gabriel Boric, es crear una empresa que tenga una participación del Estado y una participación privada para que pueda explotar en el futuro sus salares.
