La iniciativa garantiza estabilidad tributaria y declara de interés general toda la cadena de valor vinculada a este combustible renovable y de bajas emisiones, impulsado desde la Patagonia. Bucan dar previsibilidad a las inversiones de magnitud que requiere su desarrollo.
En busca de posicionar a la Argentina como un jugador clave en el incipiente mercado del hidrógeno verde, dos diputados nacionales presentaron un proyecto de Ley que propone crear un régimen de promoción específico para atraer grandes inversiones en esta industria.
La iniciativa adapta el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), extendiendo plazos, garantizando estabilidad tributaria y declarando de interés general toda la cadena de valor vinculada al hidrógeno renovable y de bajas emisiones.
Una de las claves del proyecto es la propuesta de extender los plazos del RIGI para facilitar la planificación y ejecución de grandes proyectos. En concreto, se propone ampliar de dos a cinco años.
La propuesta, impulsada por Lorena Villaverde (Río Negro, La Libertad Avanza) y Martín Maquieyra (La Pampa, PRO), busca sentar las bases legales para fomentar la producción de hidrógeno mediante energías limpias, especialmente la eólica, y apunta a captar inversiones tanto nacionales como extranjeras.
Ahora en el Congreso se abrirá el debate del proyecto de ley 3503 “destinado a posicionar a la Patagonia como un polo de producción y exportador en el mercado global de hidrógeno renovable y de bajas emisiones, y sus derivados”, difundieron los diputados.
El proyecto se enfoca en el hidrógeno producido a partir de electrólisis del agua utilizando electricidad proveniente de fuentes renovables y contempla también otros procesos que certifiquen niveles de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por debajo de los máximos establecidos.
Un RIGI renovado y estabilidad por 30 años
Una de las claves del proyecto es la propuesta de extender los plazos del RIGI para facilitar la planificación y ejecución de grandes proyectos.
En concreto, se propone ampliar de dos a cinco años el período para adherir al régimen, con la posibilidad de prorrogarlo una única vez por un año adicional. A su vez, se extiende de dos a tres años el plazo para cumplir con la inversión mínima requerida.
Otro punto central es la estabilidad tributaria: las iniciativas que ingresen bajo este régimen gozarán de un marco normativo inalterable durante 30 años desde la entrada en vigor de la ley.
Eso significa que no podrán ser afectadas por la derogación de la norma ni por la sanción de nuevas leyes fiscales que resulten más gravosas.
Además, el régimen establece que los nuevos tributos creados en el futuro, o cualquier aumento en los ya existentes, no serán aplicables a los proyectos que se inscriban bajo este esquema.
En busca de inversiones para el hidrógeno verde
En los fundamentos del texto, los legisladores proponen estimular la inversión privada para desarrollar la industria del hidrógeno, con el objetivo de que Argentina se consolide como un país exportador.
Pero además de fomentar la producción y el uso del hidrógeno, el proyecto busca dinamizar toda su cadena de valor: desde la fabricación de electrolizadores y celdas de combustible hasta los sistemas de almacenamiento, transporte y distribución.
También se apunta a la producción industrial de combustibles y otros derivados del hidrógeno, fomentando la innovación tecnológica y el desarrollo de capacidades locales en un sector que podría convertirse en un pilar de la transición energética global.
Certificación y gobernanza: el rol del Estado
El Poder Ejecutivo será el encargado de definir cuál será la autoridad de aplicación, que tendrá entre sus funciones establecer un sistema de certificación alineado con estándares internacionales.
Este sistema deberá fijar los criterios de gobernanza, los requisitos para las entidades auditoras y certificadoras, y crear una plataforma nacional para el registro de los certificados.
Además, dicha autoridad tendrá un papel clave en la actualización y ejecución de la Estrategia Nacional del Hidrógeno.
Para esto, podrá convocar a representantes del ámbito científico, académico, productivo y organismos especializados de todas las jurisdicciones, con el fin de orientar políticas públicas que promuevan el desarrollo del hidrógeno verde y de bajas emisiones.
