El viceministro de Economía, Daniel González, anticipó en el AmCham Energy Forum que ya hay acuerdo con Neuquén y Río Negro para avanzar. Además, el funcionario detalló la estrategia oficial para privatizar Transener y avanzar con la cesión de gasoductos.

El futuro de las principales represas del Comahue empieza a definirse y la licitación se lanzará en breve. Según informó Daniel González, viceministro de Economía, durante su participación en el AmCham Energy Forum, las negociaciones entre el gobierno y las provincias llegó a buen puerto.

 “Vamos a lanzar la licitación para la concesión de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue tras haber dialogado de manera muy constructiva con las provincias de Río Negro y Neuquén durante varios meses. Creo que estamos listos para avanzar con esto”, afirmó el funcionario.

El viceministro presentó una visión general sobre el rumbo del sector energético en el actual contexto de reformas.

La medida busca cerrar un proceso que ya lleva dilatándose desde el vencimiento formal de las concesiones el 11 de agosto de 2023. Las centrales involucradas son El Chocón, Arroyito, Piedra del Águila y Alicurá, todas sobre el río Limay, y el complejo Cerros Colorados sobre el río Neuquén.

Represas del Comahue: seis prórrogas de contratos

Desde aquel vencimiento, se han dictado seis prórrogas que extendieron los contratos de concesión firmados originalmente en 1993. Ahora, se espera la emisión de un nuevo decreto que prorrogue por última vez el esquema actual, en paralelo con el llamado a licitación.

A pesar de que en el discurso público se utiliza el término “privatización”, González aclaró que técnicamente no se trata de tal figura. “No es una privatización, ya que las concesiones vencidas son privadas, pero estamos reconcesionándolas por los próximos 30 años”, indicó.

Esto implica que el Estado nacional mantendrá la propiedad de las represas, pero delegará nuevamente su operación y explotación a empresas privadas por tres décadas más.

Según pudo saberse, la convocatoria sería de carácter abierto, lo que significa que no estará limitada a los actuales concesionarios. Entre ellos se encuentran la italiana Enel, la estadounidense AES y los grupos argentinos Central Puerto y Aconcagua Energía Generación.

Lo que dejó la presentación de Daniel González

Más allá del caso puntual de las hidroeléctricas del Comahue, el viceministro presentó una visión general sobre el rumbo del sector energético en el actual contexto de reformas. Bajo el título “De la autosuficiencia al mercado global: una estrategia exportadora para Argentina”, González detalló otros pasos previstos hacia la liberalización del sistema.

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González también anunció avances en la privatización de Transener y otros activos.

Entre ellos, destacó que antes de fin de año se licitará la participación accionaria de ENARSA en Transener, la principal transportista de energía eléctrica del país. También anticipó que se analiza una concesión sobre el uso del gasoducto Perito Moreno.

 “Probablemente, ofrezcamos una concesión sobre el uso de ese gasoducto. Creo que veremos algo en 2025 y mucho más en 2026, pero definitivamente vamos a avanzar con las privatizaciones”, sostuvo.

En relación con la política tarifaria, González señaló que los aumentos para los usuarios finales se mantendrán en línea con la inflación. “Buscamos que la evolución de las tarifas no se aleje demasiado de la inflación. Si no pagamos por la energía lo que realmente cuesta, tendremos menos energía”, afirmó.

El funcionario destacó que durante 2024 se aplicaron incrementos que permitieron recomponer parcialmente los precios, lo que habilita una mayor moderación en los ajustes previstos para 2025, año en que se celebrarán elecciones presidenciales. El diagnóstico del Gobierno incluye una mirada retrospectiva sobre el rezago en las tarifas registrado en años anteriores.

“No teníamos el lujo de ocuparnos de uno sin el otro; el atraso era enorme en ambos. Cuando llegamos, la demanda pagaba solo el 30% del costo; hoy, en promedio, paga el 80%”, explicó el viceministro en referencia tanto al precio mayorista de la energía como a la retribución de las empresas distribuidoras y transportistas.

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