Durante ese período, Ferrovías y Metrovías deberán presentar una propuesta de adecuación contractual. El Ejecutivo busca adaptar los contratos al marco legal vigente y avanzar en la reorganización del sistema ferroviario.
El Gobierno nacional volvió a extender las concesiones del tren Belgrano Norte y el Urquiza, actualmente operadas por Ferrovías y Metrovías, respectivamente. La medida fue formalizada mediante las resoluciones 62/2025 y 63/2025 de la Secretaría de Transporte, publicadas en el Boletín Oficial.
Con esta decisión, las dos únicas líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires que permanecen en manos privadas seguirán bajo la gestión de las concesionarias por un período adicional de 60 días, tras el vencimiento de la prórroga otorgada en octubre del año pasado.
El Estado nacional mantiene activo un conjunto de obras en ambas líneas.
Según se detalla en los textos oficiales, la prórroga responde a la necesidad de que las empresas presenten una “propuesta de adecuación contractual”. Esta instancia busca adaptar los contratos al marco normativo vigente, en el contexto de lo que el Gobierno describe como un proceso de “reestructuración de los servicios ferroviarios”.
En los considerandos, la Secretaría de Transporte remarca que la medida se enmarca en la reorganización del sistema hacia un esquema donde se contemplan “nuevas modalidades de gestión”, en línea con el plan de privatización parcial de los servicios de pasajeros.
Las renovaciones en el sector de cargas
El esquema adoptado se asemeja al implementado meses atrás con las concesiones de carga. En junio, Nuevo Central Argentino (NCA) recibió una extensión de 30 días para presentar su propuesta de adecuación, que fue finalmente aprobada, permitiéndole extender su contrato original hasta 2032.
En cambio, Ferrosur Roca no obtuvo el mismo resultado: su propuesta fue rechazada y el Gobierno resolvió relicitar la concesión en el plazo de un año. En este contexto, se descuenta que el procedimiento seguido con Metrovías y Ferrovías podría derivar en extensiones más prolongadas, superando los plazos precarios que se vienen renovando desde 2017 y 2018, cuando vencieron los contratos originales.
Desde aquel vencimiento, las prórrogas sucesivas oscilaron entre 12 y 18 meses, debido a que el Estado había rechazado la continuidad de las empresas bajo las condiciones de los contratos iniciales, incompatibles con la ley 27.132 de Ferrocarriles Argentinos.
Esa norma establece que la infraestructura ferroviaria es de administración estatal indelegable. En los fundamentos de la actual resolución, el Gobierno subraya que la medida “no implica una renovación contractual definitiva”, sino una instancia transitoria orientada a evaluar el desempeño de los operadores y su adaptación a las nuevas directrices regulatorias.
Obras en el tren Belgrano Norte y en el Urquiza
En paralelo con la extensión contractual, el Estado nacional, a través de Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), mantiene activo un conjunto de obras en ambas líneas. Los proyectos incluyen la reconstrucción total de la estación General Lemos en la línea Urquiza, la renovación de tramos de vías en el Belgrano Norte, y el reemplazo de aparatos de vía y señalamiento entre Boulogne y Montes.
Estas intervenciones, que suman más de cuarenta adquisiciones y reemplazos técnicos, apuntan a mantener la operatividad de la red y a garantizar estándares mínimos de seguridad y servicio.
La decisión de concentrar recursos en líneas operadas por privados ha generado contrastes dentro del esquema ferroviario. Mientras se financian obras en el Belgrano Norte y en el Urquiza, varios proyectos en líneas estatales permanecen paralizados o demorados, incluso aquellos comprendidos en la declaración de Emergencia Ferroviaria.
Lo concreto es que, con esta nueva prórroga, el panorama de las líneas Urquiza y Belgrano Norte vuelve a quedar sujeto a revisión, en un contexto donde el Gobierno busca redefinir el modelo ferroviario argentino. Las autoridades sostienen que “el objetivo final es garantizar la continuidad del servicio público sin interrupciones y en condiciones de eficiencia y seguridad”.
Sin embargo, la resolución no precisa los plazos ni el destino final de ambas concesiones, que llevan más de siete años funcionando bajo regímenes provisorios.
