En paralelo a un nuevo aumento del boleto, las empresas transportistas de la CABA y el GBA resolvieron recortar servicios a partir del 1° de abril. Crece la tensión.
Las principales cámaras que nuclean a empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires resolvieron disminuir la frecuencia de las unidades a partir de este miércoles 1° de abril. El eje central de la medida, según detallaron, está vinculado al incremento en el precio del gasoil, uno de los insumos más determinantes en la estructura de costos del sistema.
En este contexto, las entidades que reperesentan al sector sostienen que continuar operando con los niveles actuales de servicio resulta económicamente inviable.
La decisión fue adoptada por la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (C.T.P.B.A.), la Cámara Empresarios Unidos del Transporte Urbano de la Provincia de Buenos Aires (C.E.U.T.U.P.B.A), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (C.E.A.P.) y la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (C.E.T.U.B.A.).
“No se van a permitir medidas de carácter extorsivo en las que se juegue con los pasajeros con la finalidad de percibir aumentos inmediatos de subsidios”, enfatizaron desde el Gobierno, marcando una postura firme frente a la decisión del sector privado.
A través de un comunicado conjunto difundido en las últimas horas, explicaron que la decisión responde a “la imposibilidad de sostener los niveles habituales de prestación en el actual contexto, con los ingresos actuales”. En la misma línea, advirtieron que la continuidad del sistema “se encuentra en serio riesgo”.
El recorte, que afectará tanto a líneas bajo jurisdicción nacional como provincial y de la CABA, impactará con mayor fuerza en los momentos de mayor demanda, donde la frecuencia suele ser clave para absorber el flujo de pasajeros.
Las empresas también pidieron disculpas a los usuarios y apelaron a la comprensión frente a la situación, al tiempo que reclamaron medidas urgentes por parte de las autoridades.
Cruce con el Gobierno por la decisión empresaria
La reacción del Gobierno nacional no tardó en llegar. Desde la administración central calificaron el anuncio como inesperado y cuestionaron los canales utilizados para comunicarlo. Según indicaron fuentes oficiales, la notificación se realizó mediante una carta documento que consideraron “informal”.
En ese marco, señalaron que el vínculo con las cámaras empresarias permanece activo, aunque remarcaron que la determinación de reducir servicios se adoptó sin instancias previas de diálogo. También recordaron que recientemente se había autorizado unincremento en las tarifas del transporte público.
“No avisaron qué líneas frenan, parece una jugada estratégica para negociar, pero no se puede actualizar los precios del combustible de esta forma. Si no prestan servicio se los va a sancionar”, advirtieron desde el oficialismo.
Además, desde el área de transporte anticiparon que se implementarán controles estrictos sobre la prestación durante la jornada en que comience a regir la medida. Las compañías que no cumplan con los servicios comprometidos podrían enfrentar sanciones económicas.
“No se van a permitir medidas de carácter extorsivo en las que se juegue con los pasajeros con la finalidad de percibir aumentos inmediatos de subsidios”, enfatizaron desde el Gobierno, marcando una postura firme frente a la decisión del sector privado.
La reducción de frecuencias no involucra a dos operadores relevantes del sistema: Dota y Metropol, que -como en muchas otras medidas del sector- quedaron al margen de la iniciativa.
Sin embargo, el resto de las empresas involucradas concentra una porción significativa del servicio en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y el Gran La Plata.
Tarifas en alza y presión sobre los usuarios
El conflicto se da en paralelo con una nueva actualización tarifaria que encarece el uso del transporte público en el AMBA. Desde el mismo 1° de abril, los boletos de colectivos, subtes y peajes registran un aumento cercano al 5%, en línea con el mecanismo de indexación vigente.
Este esquema combina la inflación mensual con un adicional del 2%, con el objetivo de evitar atrasos en los ingresos del sistema frente a la dinámica de precios. La suba alcanza tanto a usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del conurbano bonaerense y el Gran La Plata.
En el caso de los colectivos porteños, el boleto mínimo (hasta 3 kilómetros) se ubica en $715,24 para la tarifa plena, mientras que los tramos más extensos superan los $900. En tanto, los valores para tarjetas SUBE sin nominalizar resultan considerablemente más elevados, lo que refuerza la política de segmentación.
Por su parte, en el Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, las tarifas oscilan entre $871,30 y $1.266,73 para los recorridos más largos, consolidando un escenario de mayor presión sobre el bolsillo de los pasajeros.
A este cuadro se suma el incremento en la red de subterráneos de la Ciudad, donde el pasaje alcanza los $1.414 para usuarios con tarjeta registrada, y los peajes urbanos, que en horarios pico superan los $5.900 en las principales autopistas.
