Desde hace años, crece la idea de que el país puede acercarse al modelo australiano, que incluye el desarrollo minero en su matriz económica. Para lograrlo es necesario ganar la opinión pública, un aspecto donde hubo avances según un último estudio.
Hasta hace poco, la minería parecía tener un techo a la hora de conquistar opiniones a favor. Además de las limitaciones macroeconómicas que denunciaban los empresarios, la industria no lograba legitimidad más allá de un puñado de provincias donde había producción.
Por fuera de estas zonas, había poblaciones desinteresadas y otras donde la sola mención de proyectos causaba conflictos, como ocurrió en Mendoza o Chubut.
Pero esta resistencia parece haberse flexibilizado. Según la consultora Poliarquía, las últimas encuestas confirmaron que hay más zonas del país que están de acuerdo con que se avance en nuevos proyectos. A la vez, durante el 2024 hubo varios hitos que sostienen esta idea, como cambios en legislaciones o hasta cumbres nacionales en lugares donde antes minería era mala palabra.
Dinamicarg dialogó con Ernesto Cussianovich, director en Consultores de Poliarquía, que desde hace años está siguiendo cómo crece o no la licencia social minera.
Durante los últimos cuatro años, la minería fue ganando terreno en el discurso productivo y esto fue, según Cusssianovich, una obra de los “ventrílocuos de la minería, el cobre y el litio”.
El investigador repasó cómo está cambiando la aprobación de la industria, las razones detrás de estos giros en la opinión y hasta cuáles son los riesgos a futuro que pueden afectar la imagen del sector.
Para el investigador, Argentina no es un país minero, pero su historia reciente está haciendo posible que más personas se imaginen esta actividad dentro del entramado productivo. “Hay una mirada de la Argentina – Australia, que produce carbón, que produce buen vino, que hace buen turismo, vende servicios y no es solo minera o ganadera”.
Cobre y litio, la nueva imagen minera
Durante los últimos cuatro años, la minería fue ganando terreno en el discurso productivo y esto fue, según Cusssianovich, una obra de los “ventrílocuos de la minería, el cobre y el litio”. La actividad estuvo siempre vinculada a la plata y el oro, que hoy siguen siendo el principal complejo exportador, representando el 75% de los ingresos de dólares mineros del país.
Mientras que los metales preciosos mantienen la resistencia por ser suntuosos y estar destinados a reservas monetarias, los metales de la transición se presentan como útiles.
El litio se ve como una alternativa para la electromovilidad y las baterías de teléfono y el cobre como central para la transición energética. Ambos representan mejor la idea de elementos de la vida cotidiana.
Según la encuesta de Poliarquía, presentada recientemente a autoridades y empresarios del sector, hoy el 75% de los consultados contestaron que saben que en el país se produce litio. Este valor venía subiendo durante los últimos dos años. Se trata de un sector que ya tiene una imagen afianzada.
Pero el batacazo más importante en los últimos tiempos fue el del cobre. Los que dicen conocer que hay proyectos del metal conductor pasaron de un 53% en 2024 a un 70% en 2024, esto en zonas como Capital Federal y el AMBA, que no están vinculadas directamente a la producción minera.
Para el investigador, ayudaron los avances concretos de algunos proyectos, en especial Josemaría, que es la única mina en preconstrucción del país. La vuelta de BHP al país para asociarse con Lundin y empezar a desarrollar su yacimiento principal junto a Filo del Sol fueron leídos como promesas cumplidas.
La llegada de maquinaria de gran escala, como los molinos que recorrieron todo el país desde Santa Fe a San Juan, también apoyaron la idea de que el cobre es una posibilidad concreta.
Que haya un mayor reconocimiento de que en el país existen estos proyectos es un signo también de reconocimiento que puede instalarse en el ideario nacional una Argentina que es también minera.
Esto a pesar de que el 80% de los consultados sigue diciendo que sabe poco o nada de la industria, que la misma cantidad asegura que hay riesgos ambientales asociados. Pero sin que estos valores cambien, el 65% dio su aprobación y dijo que sí debe haber producción en el país de estos metales.
Avance en los territorios hostiles
Un hito importante durante el 2024 fue que Mendoza haya conseguido aprobar la zonificación de Malargüe para empezar a explorar proyectos de cobre. La provincia, a pesar de que comparte una geología similar con San Juan, que hoy tiene 5 de los 7 proyectos de cobre más importantes del país, estaba relegada, sin exploración y ningún proyecto en etapas avanzadas.
Para Cusssianovich, el caso mendocino es una muestra de cuál es el motor de avance de la minería en zonas nuevas: la voluntad política. Para el investigador, ese empuje es el que está logrando que haya movimientos en inversiones, más que un convencimiento total de la población.
“Todavía es un caso que está por verse. En una provincia como Mendoza, con el malbec, Luján de Cuyo, nieve en el centro de esquí o el paso Cristo Redentor, agregar la minería parece ser que estás agregando un problema”, dijo en referencia a la resistencia social que hay respecto a la industria.
Es que la provincia tiene una legislación que prohíbe la producción con las técnicas que se usan para el oro, pero además cuando hubo intentos de cambio se generaron protestas sociales.
Pero, explicó, ahora ese problema parece tener “un final muy dulce en el futuro”. Para Cussianovich, es la promesa de mejoras económicas lo que está torciendo la opinión pública mendocina. Lo dijo Cornejo en una reunión del think tank Pensar “hoy los salarios promedios de Mendoza son más bajos que los de San Juan y eso tiene que ver con la minería”.
Esto sería un primer paso hacia una federalización de la minería; desde metalúrgica de gran escala a autos y camionetas, lo que sucede en el NOA o Cuyo deja de estar totalmente alejado del interés económico, sumando apoyos con los que antes no contaban.
Esta es una de las teorías que baraja el director de Poliarquía, que la economía haya sido central no solo en la provincia cuyana, también en el resto del país. “Hay que verlo con números, pero en medio de la necesidad económica, que alguien hable de cuestiones ambientales o de ganancias empresariales es mucho más lejano para alguien que no tiene empleo”, explicó.
Estos argumentos parecen haber dado posibilidades a las decisiones políticas, que todavía están contenidas en una zonificación que es a la vez geográfica como de idiosincrasia. Es que la provincia autorizó explorar yacimientos de cobre, pero solo en Malargüe, un departamento históricamente minero que ya era el bastión de resistencia de esta actividad.
Conquista de las provincias agroindustriales
Mientras en territorios históricamente anti mineros la discusión parece cambiar el tono y en los grandes centros urbanos de Buenos Aires y Capital Federal aparece esta identificación productiva, hay otros actores que también cambiaron su postura durante este año. Al menos esto sostiene Cussianovich.
Por primera vez, la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) decidió hacer su reunión anual fuera de las provincias con producción metalífera. El destino fue Córdoba, otra provincia con legislación anti minera pero que a la vez no tiene desarrollos en los metales que ocupan la discusión, como el litio, el oro, la plata o el cobre.
En estos destinos, dijo, “pasó algo brutal” luego de la reunión de los empresarios. “La gente en Córdoba y Santa Fe, que son dos provincias con una capacidad electromecánica y conocimiento industrial, están diciendo ‘los bulones que necesitan los puedo construir acá”.
Esto sería un primer paso hacia una federalización de la minería, crear una consciencia de que, sin proyectos en territorio propio, puede haber una oportunidad para otras zonas del país. Desde metalúrgica de gran escala a autos y camionetas producidos en estas provincias, lo que sucede en el NOA o Cuyo deja de estar totalmente alejado del interés económico, sumando apoyos con los que antes no contaban.
El riesgo del localismo y la política
Con todos estos avances en la licencia social, existen todavía riesgos para sostener esta buena imagen minera, adelantó el director de Poliarquía. Según dijo, hay dos discusiones que serán clave en el futuro cercano: el reclamo de las comunidades y la avidez de la política.
En primer lugar, Cussianovich dijo que ya está creciendo la exigencia de las provincias y localidades mineras de que el impacto quede para los lugares cercanos a los yacimientos. En San Juan el 85% de la población encuestada pide que el impacto positivo quede para trabajadores, empresas y la economía del lugar.
Como contraposición, para el investigador un camino virtuoso a futuro sería que el sector hable al resto del país, pero sin hablar de minería. Continuar con lo que hicieron el cobre y el litio, que mostraron su utilidad en objetos cotidianos, pero que la industria toda se muestre a través de su impacto en infraestructura, por ejemplo.
Citó el ejemplo de cómo el avance de la agroindustria se vio reflejado en trenes, en el crecimiento de la comunicación de buena parte del territorio del país. Además, recordó que en Famatina, en medio de un conflicto con una empresa minera “la población le daba licencia social porque mejoraron las condiciones de calles y rutas”.
En cuanto al otro frente, dijo que a futuro puede suceder que la política le diga al sector “estás ganando mucha plata, qué me corresponde a mí, qué a mi provincia. Hay que ver cómo sigue esa discusión”, dijo. En esto sumó también cómo actuarán y cómo impactará en la sociedad lo que digan y hagan los proveedores mineros frente a un posible salto en la producción de la industria.
