El planteo se presentará el 15 de enero ante la jueza Loretta Preska y se vincula con el cumplimiento de una orden para entregar registros de mensajería en el marco del fallo por US$16.100 millones.
El juicio por la expropiación de YPF sigue sumando capítulos. Ya pasaron tres meses desde una de las jornadas más intensas en Nueva York, pero el caso de la petrolera sigue con un futuro incierto y Burford redobló su ofensiva.
Los beneficiarios del fallo que condena al Estado argentino a pagar US$ 16.100 millones, anticiparon que el próximo 15 de enero presentarán ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York un escrito solicitando que la Argentina sea declarada en desacato.
Los beneficiarios del fallo anticiparon que avanzarán con el pedido formal de desacato.
La solicitud será recibida por la jueza Loretta Preska y se fundamenta en el presunto incumplimiento de una orden judicial vinculada a la etapa de producción de pruebas. Según sostienen, la Argentina no habría completado en tiempo y forma la entrega de determinada información requerida por el tribunal.
De confirmarse la versión del estudio inglés, se habilitaría la aplicación de medidas sancionatorias de carácter administrativo o económico.
El núcleo de la controversia gira en torno a una orden que obliga al Estado a presentar registros de comunicaciones electrónicas —incluidos mensajes de WhatsApp y de otros servicios de mensajería— correspondientes a un grupo específico de funcionarios y exfuncionarios públicos.
El plazo fijado por el tribunal para cumplir con esa exigencia venció el 10 de enero, y los demandantes sostienen que la documentación entregada resulta incompleta.
Lo que sigue en el juicio por YPF
En una comunicación dirigida a la jueza Preska, los beneficiarios del fallo anticiparon que avanzarán con el pedido formal de desacato y detallaron el cronograma procesal previsto.
De acuerdo con lo informado por el analista más cercano al caso, Sebastián Maril, “presentarán el jueves 15 de enero su primer escrito a favor de declarar a la República Argentina en desacato y aplicar sanciones”, mientras que la defensa del país se concretaría el 19 de febrero mediante un escrito propio.
El mismo especialista precisó que el reclamo se apoya en lo que describió como un “supuesto incumplimiento” de la orden judicial, al señalar que, al 12 de enero, aún restaban presentaciones de seis personas alcanzadas por el requerimiento. “Ya lo han hecho la gran mayoría, pero restan 6 que no”, indicó Maril.
La estrategia de Burford
Más allá del pedido de desacato, los demandantes buscan reforzar su estrategia orientada a demostrar que YPF y otras empresas públicas operan como “alter ego” del Estado argentino.
En el planteo judicial también se incluyen a Energía Argentina (Enarsa), Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y el Banco Central, bajo el argumento de que existiría un nivel de control estatal que permitiría equiparar sus activos a los del propio Estado.
El concepto de “alter ego” es utilizado en litigios internacionales para sostener que una empresa estatal carece de autonomía real frente al poder público. Si un tribunal acepta ese criterio, se abre la posibilidad de avanzar sobre bienes de esas compañías para satisfacer deudas soberanas, una discusión que atraviesa de manera central el caso YPF desde la etapa posterior al fallo.
Desde la Procuración del Tesoro, sin embargo, rechazan la existencia de un incumplimiento. Fuentes del organismo afirmaron que “la República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes” y remarcaron que el proceso de entrega de los datos continua.
Voceros oficiales señalaron además que “se vienen realizando entregas parciales y periódicas de la información relevada” y que el Estado “está colaborando activamente para obtener el consentimiento de funcionarios y exfuncionarios involucrados”.
En ese marco, destacaron que “la gran mayoría ha prestado su colaboración de manera voluntaria”, un punto que será central en la defensa argentina. De esta manea y según Maril, la Argentina va a argumentar que cumplió con la mayoría de los requerimientos “y, en caso de sanciones, las va a apelar”.
