El esquema contempla un período de gracia de un año y un plazo de pago de hasta 72 meses, con un interés al 50% del que se maneja en el MEM. Edenor y Edesur son las que acumulan mayor pasivo, acumulado principalmente en el primer trimestre de este 2024.
Cammesa, la administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), alcanzó un acuerdo clave con las distribuidoras eléctricas del país para refinanciarles una deuda acumulada que supera los 1.000 millones de dólares. El entendimiento incluye un esquema que contempla un período de gracia de un año y un plazo de pago de hasta 72 meses para saldar los compromisos pendientes.
La mayorista absorbió el impacto de los problemas en la cadena de pagos que derivó del atraso tarifario, y empezó a regularizarse con los últimos aumentos. En ese marco, la idea es garantizar la estabilidad financiera del sector y evitar la interrupción del financiamiento o el suministro.
Como parte del acuerdo, CAMMESA retiró todas las demandas judiciales contra las distribuidoras por los atrasos en los pagos.
Uno de los puntos centrales del acuerdo es la reducción de la tasa de interés aplicable al 50% de la vigente en el MEM. Además, las distribuidoras podrán optar, en un plazo de 60 días, por la pesificación de sus deudas al valor de octubre de 2024, fijado en 30.153,69 pesos por megavatio-hora (MwH).
En estos casos, los pagos deberán realizarse sin período de gracia y bajo condiciones específicas de conversión y tasa de interés homogénea, según informó la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) en un escrito al que tuvo acceso Econjournal.
Asimismo, se estableció que las distribuidoras que opten por esta refinanciación deberán desistir de cualquier acción judicial contra Cammesa. A su vez, la administradora se comprometió a cerrar las demandas judiciales existentes contra las empresas por el atraso en los pagos a la mayorista por la energía que distribuyen a sus usuarios.
Sin embargo, aquellas que decidan continuar litigando estarán obligadas a abonar el total de su deuda junto con las multas correspondientes. En casos extremos, además, Cammesa podría solicitar la quiebra de esas compañías.
Proteger la cadena de pagos, la prioridad de Cammesa
Pese a la lenta pero progresiva salida del congelamiento tarifario que financiaba la mayorista acumulando deuda con las generadoras, las distribuidoras continuaron en una crisis financiera durante el primer trimestre del año, cuando el atraso tarifario y una baja cobrabilidad impactaron fuertemente en las cuentas de las distribuidoras.
Edenor y Edesur, las dos principales compañías del área metropolitana de Buenos Aires, concentran el 41% de la deuda con Cammesa, ascendiendo a 267.076 millones y 157.760 millones de pesos, respectivamente.
Ambas comenzaron a regularizar sus pagos tras los ajustes tarifarios otorgados en abril, pero la deuda acumulada persiste como un desafío significativo.
En las provincias, en tanto, la situación es dispar. Algunas distribuidoras y cooperativas eléctricas han logrado normalizar parcialmente sus pagos corrientes gracias a los incrementos tarifarios locales, mientras que otras todavía registran bajos índices de cobrabilidad.
Por ejemplo, EDEA, Edelap, EDEN y EDES, en la provincia de Buenos Aires, incrementaron su cumplimiento a partir del segundo trimestre, aunque persisten deudas heredadas. En contraste, las cooperativas de Chubut, como las de Trelew y Puerto Madryn, no realizaron pagos en lo que va del año y acumulan pasivos multimillonarios. La primera, incluso, fue recientemente intervenida por el gobierno provincial, al igual que la de Esquel. Y podrían seguir otras.
Formalmente, el acuerdo deberá ser convalidado por la Secretaría de Energía mediante una resolución oficial. Una vez confirmado, las distribuidoras tendrán un plazo de 30 días para suscribir sus planes de refinanciación.
Según ADEERA, este entendimiento permitirá que las distribuidoras del MEM sean nuevamente consideradas sujetos de crédito, un paso esencial para la recuperación del sector. La entidad destacó además que es la primera vez que se llega a un acuerdo con respaldo de todas las partes, incluidas también las generadoras, las transportistas y los grandes usuarios.
Con este esquema integral, que incluye deudas previas y condiciones de pago más accesibles, el Gobierno busca dar estabilidad al mercado eléctrico y garantizar el suministro de energía en un contexto económico complejo.
