La decisión gubernamental de modificar el esquema de los subsidios que reciben las empresas prestatarias del transporte urbano de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), genera controversias y ya provocó que las cámaras que nuclean a los transportistas advirtieran que, de no recibir más ingresos de parte del Estado, no estarán en condiciones de asegurar el servicio.
La medida, impulsada por la Secretaría de Transporte, modifica la asistencia económica hacia las empresas, ubicándolas en función de la cantidad de pasajeros transportados en lugar de los kilómetros recorridos.
La nueva disposición, que responde a una recomendación de la Auditoría General de la Nación (AGN) que data del 2017, redefine el cálculo de compensaciones tarifarias y orienta los recursos a la demanda de pasajeros en el AMBA.
Desde la Secretaría de Transporte se aseguró que el cambio no implicará una modificación en el precio del boleto, ya que el sistema se centra exclusivamente en cómo el Estado redistribuye sus fondos entre las empresas.
Hasta ahora, el sistema de subsidios se basaba en la oferta: las empresas recibían ayuda estatal por los kilómetros recorridos. Con el nuevo esquema, las compensaciones estarán directamente vinculadas a la cantidad de pasajeros que transporta cada una.
La gran diferencia radica en que, a partir de ahora, las empresas de transporte deberán justificar los ingresos por subsidios en función de la demanda y no solo de la oferta preestablecida, sobre la base de los kilómetros que abarcan en sus recorridos.
A esto se suma que desde la Secretaría de Transporte se aseguró que el cambio no implicará una modificación en el precio del boleto, ya que el sistema se centra exclusivamente en cómo el Estado redistribuye sus fondos entre las empresas.
Las empresas aseguran que recibirán menos subsidios
Pero la realidad es que las empresas con menor demanda de pasajeros verán ahora reducidos sus ingresos y eso podría hacer que, o reduzcan sus frecuencias o soliciten cambios de recorrido para procurar aquellos con más demanda.
El ajuste en la política de subsidios responde a un reclamo que venía desde hace varios años, no solo de la Auditoría General de la Nación, sino también de diferentes sectores del transporte público.
Y si bien la nueva metodología era “algo esperado” y sostienen que es aceptada por todas las cámaras, dado que ayudará a evitar posibles abusos en el uso de combustibles subsidiados, la disminución en los ingresos ya disparó la advertencia empresaria en cuanto a la posibilidad de no poder cumplir con los servicios.
A partir de esta actualización, el cálculo de los subsidios le otorgará un protagonismo mayor al sistema SUBE, dado que se establecerá a partir del mismo, la cantidad de pasajeros que viaja en cada línea y reflejará en kilómetros los recorridos reales.
Lo que marca la nueva norma específicamente, es que no se tendrán en cuenta los kilómetros informados que recorre cada línea, si no la relación entre estos y los pasajeros que utilizan el servicio y, si ese incremento de kilómetros no se conjuga con los pasajeros transportados, la ecuación será considerada “ineficientes”, y no se tendrá en cuenta para el cálculo de las compensaciones.
No obstante, y teniendo en cuenta la situación de las empresas con menor volumen de pasajeros, se estableció que, para asegurar que se pueda cumplir con todos los servicios, éstas recibirán una compensación adicional que cubra al menos sus costos mínimos operativos.
Esta compensación se calculará en función del costo de personal y combustible, ajustados según los kilómetros reportados en el sistema SUBE.
Las cámaras que nuclean a las líneas de colectivos ya advirtieron que si en los próximos meses no reciben más ingresos a partir de un aumento en el boleto o mayores subsidios, no estará en condiciones de cumplir con el convenio firmado con la UTA y con el que desactivaron el paro que estaba previsto para el jueves de la semana pasada.
Las cámaras resaltaron que la paritaria definida tuvo lugar a pesar de que no hubo precisiones por parte de los diferentes gobiernos sobre los futuros ajustes de tarifa o en subsidios y, aunque esta nueva medida no debería incidir en los costos de los boletos, hay consecuencias directas en los ingresos que podrían afectar
Las empresas reciben de Nación, CABA y PBA, dependiendo de la jurisdicción, compensaciones por la diferencia entre el pasaje que pagan los usuarios y el “costo real” de mantener el servicio.
Eso se calculaba en función de la oferta potencial por kilómetros recorridos, pero ahora la Secretaría de Transporte modificó eso para calcularlos directamente por la demanda y eso, indudablemente, se traducirá en diferencias en la recepción de los subsidios.
El boleto mínimo de colectivos del AMBA pasó de $53 a $371 desde diciembre pasado, lo que implica un aumento del 600% en este período, con una pérdida del 5% en la cantidad de pasajeros transportados.
Pero las transferencias por subvenciones crecieron un 78% con una inflación que acumuló 193% en el último año, según las estimaciones que realizaron las cámaras hasta octubre.
El pasaje podría saltar de $371 a $530, según los cálculos privados en base al sistema de actualización vigente.
“No hemos elegido este régimen de subsidios, por lo que si por las empresas fuera promovemos su total eliminación o asignación exclusiva a los usuarios que los necesiten”, afirmaron desde las cámaras de colectivos.
Por el momento solo son advertencias y manifestaciones, pero la situación podría cambiar rápidamente si los ingresos no llegan a cubrir lo necesario para hacer frente a los acuerdos paritarios. Allí todo podría desmadrarse y estaríamos nuevamente en las puertas de un conflicto que tendrá un seguro perjudicado: el usuario.
