Con un marco específico para proyectos colectivos, la provincia habilita un esquema que combina producción asociativa, autoconsumo y venta de excedentes, con impacto directo en la matriz energética y en la participación de los usuarios dentro del sistema eléctrico.
La Provincia de Buenos Aires dio un paso clave en la evolución de su política energética al aprobar el reglamento que permite la generación distribuida comunitaria.
La medida consolida un modelo que hasta ahora se movía en una zona gris normativa y abre la puerta a que grupos de usuarios puedan producir energía renovable de forma conjunta, compartirla y volcar los excedentes a la red.
La provincia de Buenos Aires registra actualmente 917 usuarios generadores, con una potencia instalada total de 22.615 kilovatios. A nivel nacional, el número asciende a 3.771 usuarios y 119.248 kilovatios.
La decisión quedó plasmada en una resolución que define reglas técnicas, legales y económicas para un segmento llamado a crecer en los próximos años.
La iniciativa fue formalizada a través de la Resolución 17/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada en el Boletín Oficial, y establece por primera vez un encuadre integral para este tipo de proyectos dentro del territorio bonaerense.
Se trata de un cambio relevante en una provincia que concentra la mayor demanda eléctrica del país y que busca diversificar su matriz con fuentes limpias a escala local.
Un marco claro para proyectos asociativos
El reglamento alcanza a asociaciones integradas por dos o más usuarios con puntos de suministro independientes, o bien a un mismo titular que cuente con al menos dos medidores.
En todos los casos, los participantes deberán ser abastecidos por una misma distribuidora provincial o municipal, condición clave para el funcionamiento del esquema.
Los emprendimientos deberán instalar sistemas de generación renovable con una potencia superior a los 10 kilovatios, un umbral que marca la diferencia con los proyectos residenciales individuales.
Estas instalaciones podrán montarse tanto en suministros ya existentes como en nuevos, lo que amplía el abanico de posibilidades para cooperativas, consorcios, parques industriales o desarrollos productivos de escala media.
La energía generada tendrá como destino prioritario el autoconsumo de los integrantes del proyecto. Sin embargo, uno de los aspectos centrales de la normativa es la habilitación para inyectar a la red de distribución los excedentes que no sean utilizados.
Ese volumen de energía será valorizado económicamente y acreditado en las facturas de los usuarios, de acuerdo con el porcentaje de participación que cada uno haya definido previamente dentro del emprendimiento comunitario.
De la experiencia individual al salto colectivo
Hasta ahora, el régimen de generación distribuida en la provincia estaba orientado casi exclusivamente a usuarios individuales: viviendas, comercios o pequeñas y medianas empresas que instalaban paneles solares para cubrir parte de su consumo.
La falta de un encuadre específico para proyectos colectivos había generado trabas administrativas y limitaciones operativas, pese a que la tecnología y el interés del sector ya estaban disponibles.
Desde el punto de vista legal, la nueva reglamentación se apoya en la Ley N° 11.769, que reconoce a los autogeneradores como agentes de la actividad eléctrica, y en la Ley N° 15.325, que declara de interés provincial la generación distribuida a partir de fuentes renovables y adhiere a los beneficios promocionales previstos por la normativa nacional.
Este andamiaje permite integrar a la generación comunitaria dentro del sistema eléctrico formal, con derechos y obligaciones claramente definidos.
El reglamento también establece que los proyectos podrán organizarse mediante acuerdos privados entre las partes o a través de personas jurídicas creadas específicamente para ese fin.
En cualquiera de las dos modalidades, deberá quedar explicitado el reparto de la energía y de los ingresos derivados de la inyección a la red, ya que de esa definición dependerá la acreditación económica para cada usuario.
Registro, beneficios fiscales y situación actual
Para operar bajo este régimen, tanto los usuarios-generadores individuales como los comunitarios deberán inscribirse en el Registro de Usuarios-Generadores de Energía Renovable de la Provincia de Buenos Aires (RUGER).
Una vez cumplidos los requisitos técnicos y administrativos, el organismo emitirá el certificado correspondiente, habilitando el acceso a los beneficios impositivos y fiscales contemplados en la legislación vigente.
La resolución señala que el esquema está orientado al autoconsumo, a la inyección de energía a la red pública de distribución y a la correcta acreditación de los montos que surjan de esa inyección.
En ese marco, se dispuso que el RUGER informe mensualmente a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires sobre altas, modificaciones y bajas, con el objetivo de garantizar la aplicación adecuada de las exenciones impositivas.
Según el último Reporte de Avance de Generación Distribuida de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, la provincia de Buenos Aires registra actualmente 917 usuarios generadores, con una potencia instalada total de 22.615 kilovatios. A nivel nacional, el número asciende a 3.771 usuarios y 119.248 kilovatios.
