“Vamos a seguir con nuestra reglamentación dentro de nuestro territorio», anticipó el Secretario de Transporte de la Provincia luego de la oficialización de la medida de Nación. Cámaras del sector mantienen la cautela y esperan la reglamentación.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires anticipo que mantendrá el esquema actual para los micros de media y larga distancia en su territorio, rechazando así la desregulación del transporte impulsada por el Gobierno Nacional a partir de un decreto oficializado el lunes.
Así lo confirmó el ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio, poco después de que se hizo pública la medida del Ejecutivo nacional, abriendo un nuevo frente en la gestión del gobernador Axel Kicillof y la administración del presidente Javier Milei.
“En jurisdicción de Buenos Aires continúa el régimen actual, bajo regulación del Estado”, expresó D’Onofrio, marcando un fuerte contraste con la iniciativa impulsada por el ministro de Modernización Federico Sturzenegger, que contempla una mayor apertura para nuevos prestadores, la creación de un registro online para el transporte de pasajeros y la libre determinación de rutas y horarios.
El titular de Transporte bonaerense fue contundente: «La Provincia de Buenos Aires no va a adherir a la desregulación del transporte de media y larga distancia, vamos a seguir con nuestra reglamentación dentro de nuestro territorio».
A partir de la nueva normativa del Gobierno nacional, las transportistas podrán establecer libremente los recorridos, vehículos, horarios, precios, duración de los servicios, los puntos de ascenso y descenso de pasajeros que estén autorizados por la jurisdicción local respectiva
Además, destacó la importancia de mantener ciertos recorridos que, aunque no resulten rentables, son fundamentales para conectar a las pequeñas localidades.
“Existen rutas donde los colectivos no se llenan, como la del Lechero, pero son esenciales para la conectividad de nuestros municipios«, advirtió D’Onofrio. Y agregó: «. «Con la medida del Gobierno nacional, veremos un aumento del transporte ilegal que no saldrá desde las terminales oficiales”.
El ministro también mencionó que la provincia ha solicitado una reunión con Sturzenegger, para abordar la liberalización del transporte de carga, aunque hasta el momento no han recibido respuesta. «Estas políticas solo traerán más caos y confusión«, concluyó.
En los hechos, la regulación del estado provincial seguirá vigente en recorridos internos de la provincia. Pero viajes interjurisdiccionales muy demandados como los que se realizan desde la Ciudad de Buenos Aires, Cordoba, Rosario y otros importantes centros urbanos hacia la Costa Atlántica y centros turísticos bonaerenses, quedarán bajo la nueva política de desregulación.
Más allá de eso, Kicillof continúa un patrón que viene repitiendo como un gobernador fuertemente opositor al gobierno, rechazando distintas medidas impulsadas por el Gobierno nacional, que en esta caso invita en el decreto a las distintas jurisdicciones provinciales a adherir a la nueva desregulación.
El gobernador ya se opuso, por caso, a la Ley Bases y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), promoviendo en su lugar un esquema de beneficios propios para las iniciativas empresarias en Buenos Aires. También trató de reinstaurar una «ley de góndolas» (suspendida por el DNU 74/23). Y lo más reciente fue su oposición a la implementación de la Boleta Única de Papel.
En el medio estuvo la disputa por la ubicación de la planta de GNL, que finalmente se mudó a Río Negro. Y ahora se suma la cuestión de los micros de pasajeros.
Los ejes de la desregulación del transporte en micros
La desregulación que el gobierno lleva adelante alcanzó al transporte de pasajeros en micros de media y larga distancia. A través del Decreto 883/2024 publicado en el Boletín Oficial, se reconfiguró el rubro con el objetivo de impulsar la competencia y bajar las trabas burocráticas, tal como sucedió en el sector aerocomercial y ferroviario.
De acuerdo a los considerandos, la norma surge en un contexto donde la legislación vigente, “ha resultado insuficiente para promover un sistema de transporte más eficiente y competitivo”.
Con la Ley N° 12.346 como base, se busca garantizar la libre circulación y el acceso a servicios que estén en sintonía con las exigencias del mercado actual.
Entre los cambios más significativos en la desregulación que propone el gobierno, se destaca la creación del Registro Nacional del Transporte de pasajeros. Se trata de un documento de acceso público, sin costo y online, que funcionará para una “mayor comodidad del transportista y transparencia”. Aquellas compañías que ya se hayan inscripto no deberán hacerlo nuevamente.
Sí deberán registrarse las nuevas que, una vez inscriptas, obtendrán de manera automática la habilitación para operar luego de 5 días post inscripción. Las operadoras que no ingresen al sistema no podrán ofrecer al público servicios de transporte.
A partir de la nueva normativa, las transportistas podrán establecer libremente los recorridos, vehículos, horarios, precios, duración de los servicios, los puntos de ascenso y descenso de pasajeros que estén autorizados por la jurisdicción local respectiva, “generando una mayor oferta y competencia de precios que beneficiará tanto al usuario como a las empresas y transportistas”.
Cámaras del sector, con cautela
Desde la Cámara de los Ómnibus de Larga Distancia (Celadi), mantienen una postura prudente ante la liberalización del sector, señalando que prefieren «esperar la regulación» para ver cómo se implementará el cambio.
Gustavo Gaona, vocero de la entidad, explicó en una entrevista que «esto genera un cambio total en la normativa».
Hasta ahora, el servicio de ómnibus de larga distancia era considerado un servicio público, operando principalmente con viajes interjurisdiccionales, conectando provincias entre sí o con la Ciudad de Buenos Aires.
«Ahora dejamos de ser un servicio público. Lo que hay es un Registro de Prestadores. Perdimos los derechos, la exclusividad en algunas rutas, pero también perdimos las obligaciones«, añadió Gaona.
El vocero subrayó que «lo de ahora no es un marco regulatorio, es una idea totalmente diferente que el Gobierno ya aplicó en el transporte aéreo y que ahora lleva al transporte terrestre. A partir de ahora, las empresas vamos a poder decidir el precio, el trayecto, la frecuencia y dónde detenernos».
Uno de los aspectos que destacó Gaona es el fin de la obligatoriedad de detenerse en terminales de ómnibus, lo que, según él, representa un alivio para las empresas.
«Muchas terminales nos cobraban lo que querían y el servicio no era bueno. Nosotros éramos rehenes de las terminales. Con esta nueva normativa, que va a reducir costos para las empresas porque ya no estarán obligadas a parar en las terminales, es importante aclarar que serán las ciudades y municipios los que establezcan las normas internas para definir dónde paran los micros», concluyó.