El precio del biodiésel se incrementó 6,71% y el del bioetanol, 4%. Se da luego de una advertencia de la UIA sobre un posible «colapso» en la producción del sector si no actualizan precios y modernizan la regulación.
El Gobierno nacional dispuso una nueva actualización en los precios de los biocombustibles, luego de varios meses de reclamos por parte de la Liga de Provincias Bionergética y gobernadores del Norte y Centro del país; a los que recientemente se plegó la UIA, y de dos ajustes del biodiésel aplicados durante septiembre.
A través de las Resoluciones 385/2025 y 386/2025, publicadas en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía fijó los nuevos valores mínimos de adquisición para el biodiésel y el bioetanol elaborados a base de caña de azúcar y maíz, con incrementos del 6,71% y 4%, respectivamente, que regirán durante octubre.
La normativa también faculta a la Secretaría de Energía a modificar los procedimientos de determinación de precios.
La medida busca recomponer los ingresos de las plantas industriales y corregir el retraso acumulado frente a los costos de producción. En el caso del biodiésel, el precio mínimo pasó de $1.413.861 a $1.508.704 por tonelada, mientras que el bioetanol de caña de azúcar subió a $891,286 por litro y el derivado del maíz a $816,887.
Con estas correcciones, los aumentos acumulados en lo que va de 2025 alcanzan el 41,72% para el biodiésel y el 26,64% para el bioetanol, cifras que superan la inflación estimada para el mismo período, cercana al 24,5%.
“Estos ajustes responden a la necesidad de preservar la sustentabilidad económica del sector sin generar desequilibrios en los precios al consumidor”, detalló la cartera energética en los considerandos de las resoluciones.
La normativa también faculta a la Secretaría de Energía a modificar los procedimientos de determinación de precios cuando se detecten desfasajes con los costos reales o posibles distorsiones en el mercado. Esto le posibilita al gobierno adecuar los valores a la evolución de las variables económicas y a los cambios en el esquema de retenciones o en los insumos agrícolas.
En ese sentido, fuentes oficiales señalaron que el objetivo es “mantener la competitividad del sector bioenergético sin trasladar presiones desmedidas al sistema de combustibles”.
Reclamos del sector de biocombustibles
El anuncio de las nuevas tarifas fue recibido con moderado alivio por parte del sector, aunque las cámaras empresarias advierten que el incremento continúa por debajo de los costos de explotación. “Somos la única commodity energética de la Argentina cuyos precios están fijados en pesos”, sostuvo Axel Boerr, presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba).
Además, subrayó que la brecha cambiaria y la volatilidad del dólar afectan la rentabilidad de las plantas productoras. De acuerdo con la entidad, en determinados meses la rentabilidad ha sido nula o negativa, pese a los aumentos autorizados.

El reclamo de un esquema de precios más dinámico fue respaldado por la Unión Industrial Argentina (UIA), que días atrás elevó una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, solicitando el acompañamiento al proyecto de Ley de Biocombustibles impulsado por la Liga de Provincias Bioenergéticas.
La entidad alertó sobre el riesgo de un “colapso productivo” en las economías regionales si no se actualizaban los valores, especialmente en provincias donde la industria del bioetanol genera miles de empleos directos. El planteo coincidió con la publicación de las resoluciones, lo que fue interpretado por los actores del sector como una señal de receptividad por parte del Ejecutivo.
El proyecto legislativo en cuestión cuenta con el respaldo de los gobiernos de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán, y plantea una actualización integral del régimen vigente.
Entre sus ejes principales se propone aumentar los porcentajes de corte obligatorio de biocombustibles, incorporar su uso en transporte aéreo, marítimo y fluvial, y permitir la instalación de motores flex. También busca reemplazar el actual sistema de cupos y precios fijos por un mecanismo de licitaciones transparentes entre privados, que incentive la competencia y la inversión.