El holding italiano Enel acelera el proceso para dejar la compañia en una operación que le encomendó al banco Santander. Debe pagar 471 millones de pesos en resarcimientos por los apagones de marzo.
Entre diciembre del año pasado y marzo de este 2023, se desarrolló un verano que, con picos de calor históricos, terminó de dinamitar la relación entre los usuarios y Edesur. Tras reiterados cortes en el suministro eléctrico por parte de la segunda mayor distribuidora del país y múltiples reclamos sin respuesta, el gobierno resolvió intervenir la compañía y aplicarle sanciones.
Con ese marco, la empresa que pertenece al holding italiano Enel avanza con su salida de la Argentina, a pesar de que a su concesión le restan más de 60 años. De hecho, el grupo ya concretó este año su retiro del segmento de generación térmica con la venta de dos centrales y espera aceptar una propuesta por Edesur antes de enero de 2024.
Según señalaron desde el organismo interventor, el total a pagar es de 471.080.973 pesos y su acreditación se aplicará de manera automática en cada factura a partir de las próximas liquidaciones emitidas.
Al frente del proceso de licitación se encuentra el banco Santander, elegido por Enel para determinar los candidatos de la compulsa. En un principio, las empresas seleccionadas tendrán acceso a un documento con datos básicos de los activos y posteriormente se elaborará una lista corta con no más de tres compañías interesadas.
Aquellos con la intención de elevar una oferta tendrán un plazo de siete semanas para hacerlo. Cabe señalar que los accionistas minoritarios cuentan con un derecho de preferencia (first refusal) para quedarse con la participación que el holding tiene en Distrilec, la sociedad controlante de Edesur, pero en principio no trascendieron intenciones de obstruir el proceso de venta.
Lo que s{i se conoce es que Santander le envío el infomemo con los documentos de los activos a diez empresas interesadas con las cuales mantiene un acuerdo de confidencialidad. El medio Econojournal relevó cuales serían algunas de las partes que evalúan realizar propuestas para hacerse con la distribuidora.
Entre ellas se incluye el Grupo Werthein, uno de los principales conglomerados económicos del país; el empresario Alejandro Macfarlane, titular de Disvol, la sociedad que controla Camuzzi, una de principales compañías de gas del mercado local; Electromecánica (EMA), uno de los mayores fabricantes de equipos eléctricos; un grupo de empresarios vinculados al sector energético cuyo principal emergente es Osvaldo Sortino; y el Banco Piano, que participa del proceso en representación de un tercero aún desconocido.
Multa y sanciones por los cortes
En paralelo al proceso de venta, Edesur enfrenta otro en el ámbito judicial además de una serie de sanciones impulsadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). La más reciente de ellas se dio a conocer esta semana e implica el resarcimiento económico para 202.287 usuarios que entre el 6 y el 20 de marzo estuvieron afectados por cortes de suministro con una duración mínima de 10 horas.
Según señalaron desde el organismo interventor, el total a pagar es de 471.080.973 pesos y su acreditación se aplicará de manera automática en cada factura a partir de las próximas liquidaciones emitidas. Esta es la tercera de una serie de multas que el Ente aplicó a Edesur por la sucesión de afectaciones extraordinarias registradas entre durante el verano pasado, que totalizan hasta el momento más de 730 millones de pesos retribuidos a 339.609 usuarios.
El monto que recibirá cada uno se determinará en función de la cantidad y la duración de los cortes sucedidos en el período en cuestión, sin perjuicio de los reclamos iniciados y de otras sanciones que pueda aplicar el Ente. Los resarcimientos podrán identificarse a través de la leyenda Resolución ENRE N° 306/2023.
Respecto de esta nueva multa, el interventor del organismo estatal, Walter Martello, reiteró que “por cada incumplimiento de las empresas distribuidoras aplicaremos la máxima sanción que nos permita el contrato de concesión”. Y agregó: “Es fundamental que los usuarios reclamen tanto a las empresas como al ENRE, para que podamos seguir aplicando este tipo de sanciones”.
