La empresa tiene superávit, aunque habría interés privado por gestionarla. Las distintas opciones que maneja el gobierno para su venta.

La privatización de empresas públicas argentinas es motivo de fuerte debate desde los últimos meses, como uno de los capítulos de la Ley Bases –o ley ómnibus- que finalmente sancionó el Congreso. La primera versión enviada al Legislativo incluía un listado de más de 40 empresas estatales, con el argumento de eliminar el déficit que generan y traspasarlas al sector privado.

Tandanor, uno de los astilleros con mayor capacidad técnica del mundo en materia de ingeniería, formaba parte de aquel listado. En las sucesivas discusiones, sin embargo, quedó a resguardo del puñado de firmas públicas que sí podría privatizar el gobierno. Es decir, no está a la venta.

No obstante, desde la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado estarían avanzando en conversaciones para buscarle destino privado al astillero. Esto, a pesar de que además tiene superávit en sus operaciones, que incluyen desde la reparación de barcos a obras de ingeniería industrial como la construcción de puentes y una compuerta flotante que utilizará la Armada Argentina en Puerto Belgrano.

Un dato curioso es que a cargo de Tandanor está administrada por Guillermo González Botto, quien ocupó la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado cuando Nicolás Posse era jefe de gabinete de Javier Milei. Tras la salida de Posse, González Botto desembarcó en Tandanor, y ahora estaría buscando el mecanismo legal para privatizarla.

Tandanor también podría representar un interés para el sector inmobiliario. Sus más de 30 hectáreas en la Dársena Sur, lindera a Puerto Madero, la vuelven un espacio de máxima apetencia para los desarrolladores de edificios de lujo.

La ironía podría ser doble: Botto fue eyectado del cargo por no avanzar en ninguno de los procesos de privatización que le encargaron en el Ejecutivo Nacional. Por eso fue reemplazado por el funcionario que cerró Télam, como una demostración del camino que se había determinado. Ahora, fuera del cargo, acercaría un proyecto de venta de la empresa.

La empresa, además, tiene como principales clientes a distintos organismos del Estado.

Cabe recordar que años atrás la justicia confirmó la nulidad de la privatización del astillero –que tiene casi 150 años de existencia- y devolvió su pertenencia al Estado nacional y a los trabajadores, que conforman la sociedad mixta que lo administra.

En el año 2020 la Justicia confirmó la devolución al Estado Nacional del predio de ocho hectáreas y media en la zona de Puerto Madero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual estaba valuado en 800 millones de dólares, en lo que considera el decomiso más grande tratado por el Poder Judicial argentino.

Tandanor
El astillero tiene superávit y despierta interes del sector privado.

Más allá de su capacidad operativa, Tandanor también podría representar un interés para el sector inmobiliario. Sus más de 30 hectáreas en la Dársena Sur, lindera a Puerto Madero, la vuelven un espacio de máxima apetencia para los desarrolladores de edificios de lujo.

Recientemente, el gobierno porteño modificó el estatus inmobiliario de esa zona para construir un polo financiero con edificios y oficinas.

Tandanor, un astillero histórico

El 10 de noviembre de 1879, el presidente Nicolás Avellaneda inauguraba los Talleres Navales de Marina para el mantenimiento de la flota argentina. Desde entonces, el astillero se destacó por su espacio y la calidad de sus tareas.

Cuando la flota mercante estatal fue creada, en 1942, el astillero debió preparar, reparar y poner en servicio los antiguos buques extranjeros comprados para este propósito.

Su auge, sin embargo se dio en la década de 1970, cuando se reformuló TANDANOR bajo su denominación actual, y se constituyó como una empresa dirigida por la Armada Argentina y la Administración General de Puertos, bajo el sistema legal de una sociedad anónima, con mayoría de capital estatal.

Durante esos años se adquirió el sistema syncrolift para operar grandes buques y poder hacer el mantenimiento de toda la flota mercante estatal, evitando tener que llevar los barcos al exterior –lo que salía más caro y generaba demoras en las tareas-.

En la década del 90, sin embargo, se dispuso la venta del 90% de su paquete accionario. La decisión fue rechazada y resistida por los trabajadores y en 2007 el Estado decidió denunciar la privatización, declararla nula y re estatizar la empresa.

Desde el año 2018 sus balances dieron positivo en base a los contratos con distintos organismos del Estado.

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