El ajuste deja la puerta abierta a un posible incremento en las estaciones de servicio a partir de junio. El litro de biodiésel quecdó en $1.251.837 por tonelada, mientras que el bioetanol se fijó en $788,181 (caña de azúcar) y $722,395 (maíz).
La Secretaría de Energía aprobó este martes un nuevo aumento en el precio de los biocombustibles que se mezclan obligatoriamente con naftas y gasoil.
El ajuste, de hasta un 5%, suma presión sobre los surtidores y deja la puerta abierta a un posible incremento en los precios de los combustibles a partir de junio. Esto ocurre apenas semanas después de una baja promedio del 4% en los surtidores durante mayo.
Según el texto oficial y como es habitual, los valores fijados “son los precios mínimos a los cuales deberán ser llevadas a cabo las operaciones de comercialización en el mercado interno”.
La medida se oficializó mediante las Resoluciones 195 y 196/2025, publicadas en el Boletín Oficial, y contrasta con la decisión del Gobierno de postergar la actualización de los impuestos a los combustibles.
Mientras tanto, los costos del sector siguen escalando, y no se descarta que estos aumentos se trasladen en breve al consumidor final.
Con el nuevo esquema, el precio mínimo de adquisición del biodiésel para su mezcla obligatoria con gasoil trepó un 5%, quedando en $1.251.837 por tonelada para las operaciones correspondientes a mayo y hasta que se publique una nueva actualización.
Además, se fijó que el plazo de pago no podrá superar los 7 días corridos desde la fecha de la factura. Esta disposición rige para todas las transacciones de biodiésel dentro del mercado local.
Los precios del bioetanol
En paralelo, se ajustaron los valores del bioetanol. El litro elaborado a partir de caña de azúcar aumentó un 2% y pasó a costar $788,181, mientras que el bioetanol producido con maíz también subió un 2%, alcanzando los $722,395 por litro. En estos casos, los plazos de pago se extendieron hasta 30 días corridos desde la fecha de facturación.
Según el texto oficial, los valores fijados “son los precios mínimos a los cuales deberán ser llevadas a cabo las operaciones de comercialización en el mercado interno”.

En los considerandos de las resoluciones, la Secretaría de Energía justificó la decisión recordando que tiene la facultad de intervenir en los precios “cuando se detecten desfasajes entre los valores resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos, o bien cuando dichos precios puedan generar distorsiones en los precios del combustible fósil en el pico del surtidor”.
El de mayo es el quinto ajuste del año para el biodiésel, luego de aumentos sucesivos en enero, febrero, marzo y abril. Para el bioetanol, se trata del cuarto incremento en lo que va de 2025, con alzas también en febrero, marzo y abril. En enero rigieron los valores fijados a fines de diciembre.
Dos proyectos, dos modelos de biocombustibles
Mientras se suceden los aumentos, el Congreso discute el futuro marco legal para los biocombustibles, ya que la actual Ley 27.640 sigue vigente hasta el 31 de diciembre de 2030, pero todo indica que el sector se encamina a una reforma.
Por un lado, diputados de La Libertad Avanza impulsan una iniciativa que busca desregular el mercado. El proyecto propone modificar los porcentajes de corte obligatorios para 2027: el bioetanol pasaría del 12% actual al 10%, y el biodiésel subiría del 7,5% al 15%.
También promueve un esquema de libre competencia entre productores, permitiendo el ingreso al mercado interno de grandes aceiteras a partir de 2027.
En esta propuesta, la competencia sería sobre el excedente del porcentaje obligatorio. Es decir, si el bioetanol pasa de 12% a 15%, ese 3% adicional quedaría en manos del mercado libre.
Del otro lado, la Liga Bioenergética —una alianza de provincias productoras con fuerte presencia de Santa Fe— plantea un enfoque más regulado.
Su proyecto establece un corte obligatorio del 10% de biodiésel al momento de su aprobación, con una suba escalonada al 15% en 2028. En el caso del bioetanol, el objetivo es pasar del 12% al 15% en dos años.
Una vez superados esos porcentajes, el esquema sí permitiría competencia libre. Además, contempla el ingreso de petroleras al negocio de biocombustibles, algo que hoy está limitado, y en el futuro habilitaría también la entrada de grandes aceiteras al mercado local, hoy excluidas.