Ante el incremento que llevó a $650 la tarifa mínima en las líneas que conectan CABA y GBA, la asocación empresaria AAETA actualiuzó su índice bondi, que calcula el costo pleno de un viaje.

El último ajuste tarifario aplicado a los colectivos de jurisdicción nacional —31% desde febrero y un nuevo retoque previsto para marzo— volvió a poner bajo la lupa la estructura de financiamiento del transporte metropolitano de Buenos Aires.

Aun con esa actualización, el precio que abonan los usuarios continúa muy por debajo del costo real de operación, y también con boletos más bajos que los que pagan pasajeros de la mayoría de las jurisdicciones del interior.

Lo cierto es que si los subsidios desaparecieran por completo, el valor del boleto mínimo prácticamente se triplicaría. Según el «índice bondi» del sector, que elabora la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), el costo pleno del pasaje sin ningún tipo de compensación estatal ascendería a $1.952,6.

A la discusión sobre tarifas se suma un fenómeno estructural: la caída de la demanda. En la última década, el AMBA perdió 27% de los pasajeros transportados.

Actualmente, el boleto básico en las líneas nacionales cuesta $650 con tarjeta SUBE registrada y $1.033,50 sin nominalizar. La diferencia entre esa cifra y el costo real es cubierta, en gran medida, por aportes del Estado nacional que sostienen la ecuación económica del sistema.

La distancia entre tarifa y costo operativo

El esquema vigente combina ingresos por venta de boletos con transferencias públicas. En ese marco, la denominada “tarifa técnica” —que surge de sumar subsidios y recaudación— se ubica en torno a los $1.405,68 por pasajero. Sin embargo, incluso ese número queda por debajo del costo total sin asistencia.

El dato refleja el fuerte peso de la política de subsidios en el AMBA, donde históricamente el Estado absorbió una porción considerable de los gastos de explotación. Combustible, salarios, renovación de flota, repuestos y mantenimiento forman parte de una estructura de costos que creció de manera sostenida en los últimos años.

Desde el sector empresario sostienen que, pese a los incrementos acumulados en 2025 y el reciente ajuste, el precio final continúa retrasado frente a la evolución de los insumos. El argumento oficial para la suba reciente apunta precisamente a recomponer parcialmente esa brecha y preservar la sustentabilidad del servicio.

No obstante, el nuevo cuadro tarifario no modifica de fondo la dependencia del sistema respecto de los aportes estatales. La distancia entre los $650 actuales y los casi $2.000 que surgirían sin subsidios marcaría con claridad esa realidad, a los ojos de los empresarios del sector, que desde hace años se declaran perjudicados por el esquema y la desactualización tarifaria.

Menos pasajeros, mayor presión financiera

Pero además, a la discusión sobre tarifas se suma un fenómeno estructural: la caída de la demanda. En la última década, el AMBA perdió 27% de los pasajeros transportados. Ese retroceso impacta directamente en la recaudación y obliga a distribuir los costos fijos entre menos viajes pagos, sostienen los empresarios.

La combinación de menor volumen de usuarios y aumento de costos operativos tensiona la ecuación de las empresas. En ese contexto, las cámaras del sector señalaron que el problema no se resuelve exclusivamente con mayores subsidios, sino con una actualización que refleje más fielmente el costo del servicio.

El reciente incremento del 31% y el adicional previsto para marzo —que en conjunto implican una variación acumulada superior al 40%— apuntan a reducir parcialmente el atraso. Sin embargo, aun después de esa recomposición, el boleto seguirá muy lejos del valor que tendría en un escenario sin asistencia estatal.

El gasto promedio mensual en transporte dentro del AMBA ya ronda los $87.975 para usuarios frecuentes. Sin subsidios, ese desembolso se multiplicaría, con un impacto directo en el ingreso disponible de millones de hogares.

Un contraste marcado con los colectivos del interior

La magnitud de la ayuda estatal en el AMBA se vuelve más evidente al comparar con otras ciudades del país. Según el relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), el boleto promedio en el interior se ubicó en febrero en $1.459.

En algunos distritos, el precio ya supera el costo pleno estimado para el área metropolitana. Es el caso de San Carlos de Bariloche, donde el pasaje alcanza los $2.046, el más alto del país. También se destacan Corrientes, con $1.890, y Resistencia, con $1.885.

Más atrás aparecen Córdoba, con $1.720, y las ciudades de Santa Fe y Rosario, ambas con $1.580. En contraste, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene el valor mínimo más bajo del país, en línea con las líneas nacionales que conectan la capital con el conurbano.

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