El Ministerio de Economía aplicó el quinto incremento del año sobre el adicional que financia los descuentos de hasta el 50% en la tarifa para usuarios de regiones de bajas temperaturas. La medida busca reducir el gasto fiscal.
El Gobierno decidió aplicar un nuevo ajuste sobre las facturas de gas natural que abonan los usuarios residenciales.
Mediante la resolución 1253, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía elevó el recargo destinado a financiar el Régimen de Zona Fría: pasó del 6,60% al 6,80% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un componente clave en la estructura tarifaria.
Las disposiciones de esta resolución serán aplicables a los consumos realizados a partir del día en que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) publique en el Boletín Oficial los procedimientos especiales para la facturación de este recargo.
El Régimen de Zona Fría nació con la intención de compensar a los hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, regiones que enfrentan inviernos más rigurosos y un consumo de gas significativamente mayor.
Se trata del quinto incremento en lo que va del año, lo que refleja la estrategia de la administración de Javier Milei de trasladar parte del costo del programa a los usuarios, con el objetivo de reducir los desembolsos del Tesoro Nacional en este tipo de subsidios.
El origen del Régimen de Zonas Frías
El Régimen de Zona Fría nació con la intención de compensar a los hogares de la Patagonia, la Puna y Malargüe, regiones que enfrentan inviernos más rigurosos y un consumo de gas significativamente mayor.
En sus primeras versiones, el esquema alcanzaba a unas 850.000 familias y se financiaba con un recargo del 4,46% sobre el PIST que pagaban los consumidores del resto del país.
Sin embargo, en 2021 el gobierno de Alberto Fernández impulsó una ampliación legislativa que terminó por modificar la naturaleza del programa. La Ley 27.637 sumó 3,1 millones de beneficiarios adicionales, llevando el universo total a unos 4 millones de usuarios, casi la mitad de quienes acceden al gas por redes en Argentina.
Con la expansión, el recargo trepó a 5,44%, aunque rápidamente quedó corto frente al costo creciente del beneficio.
La norma estableció descuentos automáticos del 30% en la factura final, con la posibilidad de llegar al 50% para jubilados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones, asignación por embarazo, seguro de desempleo y electrodependientes.
El problema es que la ampliación incluyó a provincias de climas templados como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis, muchas de ellas con alta densidad poblacional y fuerte actividad económica. Esa decisión, coinciden analistas, “desnaturalizó” el espíritu inicial del régimen.
Las cinco subas en el recargo de las facturas de gas
Con la llegada de Milei al poder, el Ministerio de Economía inició una serie de aumentos escalonados para reforzar el Fondo Fiduciario que sostiene los subsidios.
En abril, el recargo se elevó al 6% a través de la resolución 356. Poco después, el 2 de junio, subió al 6,2% (resolución 718). Apenas un mes más tarde, el 1° de julio, volvió a incrementarse al 6,40% mediante la resolución 880. El 31 de julio llegó al 6,60% y ahora se ubicó en el 6,80%.
Pese a esta seguidilla, desde la propia cartera económica admiten que el esfuerzo es insuficiente: “En el gobierno estiman que el recargo en las facturas debería aumentar a 10% para que el esquema se autofinancie”.
Recortes parciales y depuración de beneficiarios
En paralelo a los aumentos, el Ejecutivo también avanzó con un recorte selectivo de subsidios. Durante el otoño, la Resolución 219/2025 dispuso que aquellos usuarios con más de un medidor a su nombre comiencen a abonar el 70% de la tarifa plena.
Esto implicó que perdieran el descuento automático del 50% previsto originalmente para las zonas frías.
El documento oficial justificó la medida en la detección de casos de superposición de beneficios: “Se verificaron 137.975 CUIT o CUIL con subsidios aplicados en forma simultánea a más de un medidor”, un número que para las autoridades constituye un indicio de patrimonio elevado o de tenencia de múltiples inmuebles.
La decisión se alineó con la política de depuración aplicada también en barrios cerrados y sectores de alto poder adquisitivo como Puerto Madero.
