Cada país pasará a pagar 28 dólares el megavatio/hora hasta el 31 de diciembre. Esperan que el ajuste se traduzca en equilibrio financiero y reducción de pasivos de la represa binacional, y permita avanzar con una obra clave para aumentar su capacidad de generación.
La Argentina y Paraguay llegaron a un acuerdo para actualizar el esquema de pago de la electricidad producida en la represa binacional Yacyretá. El gobierno promulgó el Decreto 303, que autoriza a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, a cargo de Daniel González, a firmar un nuevo contrato sobre la remuneración y distribución de la energía generada en la central hidroeléctrica.
El convenio establece que ambos países pagarán un precio más elevado por el suministro de energía, con el objetivo de solventar el déficit financiero de Yacyretá y financiar la reactivación de la obra de Aña Cuá, que aumentaría en un 10% la capacidad de generación de energía de la represa.
Yacyretá tiene una capacidad instalada de 3.200 megavatios y suministra alrededor del 50% de la electricidad residencial de la Argentina.
El presidente Javier Milei y su par paraguayo, Santiago Peña, discutieron el tema en abril durante una reunión en Asunción. “La nueva tarifa le permitirá reducir costos en general, y mucho más del lado paraguayo, que tiene cuatro veces más empleados que el lado argentino”, explicaron fuentes cercanas al medio Econojournal.
El esquema pactado, que sigue fijando el precio de la energía en 50 dólares por megavatio-hora (US$/MWh), incluye un ajuste en los pagos efectivos: Argentina, a través de Cammesa, pasará de abonar 16 a 28 US$/MWh, mientras que Paraguay aumentará su pago de 22 a 28 US$/MWh.
Desde el sector, indicaron que este ajuste podría implicar un leve aumento en el costo global del sistema eléctrico argentino: “El costo monómico del sistema de generación energética de la Argentina podría subir un dólar o un poco menos”, precisaron.
Yacyretá tiene una capacidad instalada de 3.200 megavatios y suministra alrededor del 50% de la electricidad residencial de la Argentina. El nuevo acuerdo de tarifas busca garantizar la operatividad del complejo hidroeléctrico, al tiempo que -segun explican- se asegura una distribución de la energía más eficiente y acorde a las necesidades de ambos países.
El déficit de Yacyretá y la suspensión de la obra en Aña Cuá
Una de las principales motivaciones para la actualización tarifaria es la necesidad de afrontar los pagos atrasados de la represa, que en muchos casos se realizan en pesos y no se ajustan por inflación. Esto ha generado un importante desajuste entre lo que se paga y el valor real de la energía producida.
Con este nuevo acuerdo, se espera equilibrar las cuentas de Yacyretá y evitar que se necesiten compensaciones adicionales desde el Tesoro argentino. Tal como se resalta en el Decreto 303, el objetivo es alcanzar un “esquema de déficit cero, priorizando el equilibrio financiero y la reducción de pasivos”.
Además de la cuestión financiera, el acuerdo facilita la reactivación de la construcción de Aña Cuá, una obra que podría aumentar la capacidad de generación de Yacyretá en un 10%.
La represa, que actualmente tiene un grado de avance de 40%, se había detenido en 2024 debido a la falta de fondos. El nuevo flujo de ingresos, derivado de la actualización tarifaria, permitirá retomar esta obra sin necesidad de recurrir a recursos públicos adicionales.
La distribución desigual y una deuda histórica
En cuanto a la distribución de la energía, el tratado original establece una división del 50% para cada país. Sin embargo, en la práctica Paraguay consume menos energía de Yacyretá debido a que su abastecimiento principal se origina desde la represa de Itaipú.
En consecuencia, la Argentina ha absorbido la diferencia de energía no utilizada por Paraguay, un mecanismo que ha sido formalizado en el nuevo acuerdo como “cesión de energía”.
Este esquema ha sido objeto de controversia en el país vecino, que sostiene que Argentina ha tomado más del 50% que le corresponde.
Sin embargo, Paraguay también tiene una deuda histórica con la Argentina debido a los fondos no transferidos por la construcción de la represa. Según fuentes oficiales, “la diferencia de 22 dólares entre el precio pagado y el valor del tratado original queda a favor de la Argentina por esa deuda histórica”.
