Con la licitación AlmaGBA como punto de inflexión, el país pasó en 2025 de los proyectos piloto a un despliegue de escala que empieza a ordenar el mercado de baterías y bombeo hidráulico, aunque persisten desafíos regulatorios y financieros para sostener el salto.
El Libro Blanco de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) incorporó a la Argentina en una categoría que marca un punto de inflexión: el país dejó atrás la etapa de ensayos aislados y pasó a ser un “caso emergente en marcha” en almacenamiento energético.
El diagnóstico identifica a 2025 como el año en que la discusión sobre baterías (Battery Energy Storage Systema -BESS-) y bombeo hidráulico empezó a tener volumen real, con instrumentos concretos y señales de mercado.
AlmaGBA aparece como el hito más visible. La licitación está orientada a instalar 500 MW de almacenamiento en nodos críticos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar la seguridad eléctrica y aportar flexibilidad al sistema.
El salto se explica, en gran medida, por el paso de iniciativas puntuales a una licitación de escala como AlmaGBA, que le dio músculo práctico al debate técnico y regulatorio.
Para OLADE, ese movimiento confirma que la Argentina ya no ocupa un rol pasivo frente al despliegue regional del almacenamiento, sino que comienza a construir capacidades propias.
Activos existentes y primeras señales de escala
Según el relevamiento del organismo regional, a junio de 2025 el país contaba con 17,5 MW de BESS operativos y 974 MW de capacidad de bombeo hidráulico, además de los primeros proyectos híbridos —principalmente solar más almacenamiento— en proceso de licitación.
Los números muestran una matriz que ya dispone de activos relevantes, sobre todo en el segmento hidráulico, y una tecnología de baterías que empieza a salir de la fase puramente experimental.
En ese marco, AlmaGBA aparece como el hito más visible. La licitación está orientada a instalar 500 MW de almacenamiento en nodos críticos del Área Metropolitana de Buenos Aires, con el objetivo de reforzar la seguridad eléctrica y aportar flexibilidad al sistema.
Tras la apertura de sobres en julio de 2025, se presentaron 27 propuestas por un total de 1.347 MW, con compromisos de inversión que superaron los 1.000 millones de dólares, una señal clara del interés privado.
El 1° de septiembre, la Secretaría de Energía informó la adjudicación de 667 MW, con la posibilidad de sumar 222 MW adicionales.
El bloque adjudicado implica una inversión superior a 540 millones de dólares y plazos de entrada en operación de entre 12 y 18 meses. Para OLADE, esta experiencia funciona además como una prueba de mercado para contratos de largo plazo y esquemas de garantías institucionales.
Los nudos críticos que persisten
Pese al avance, el Libro Blanco identifica desafíos claros para consolidar el salto. El primero es la ausencia de un marco regulatorio integral que reconozca al almacenamiento como un activo con derechos de interconexión y participación plena en los mercados de servicios eléctricos.
El segundo es el financiamiento, en un contexto donde aún faltan señales estables que permitan escalar proyectos a gran escala.
Si bien AlmaGBA demostró que es posible estructurar contratos viables —con CAMMESA actuando como garante de última instancia—, OLADE advierte que la falta de normas específicas limita la replicabilidad del modelo y la entrada masiva de capital privado y multilateral.
En el plano técnico-operativo, otro punto pendiente es la armonización de estándares de seguridad y protocolos de interconexión.
Para que los BESS puedan participar en servicios como regulación de frecuencia, control de tensión o respuesta rápida, se requiere normativa clara y procesos de prueba que hoy están en marcha, pero aún no consolidados.
Una hoja de ruta clara
El organismo regional plantea que la Argentina debe avanzar hacia una regulación específica que defina al almacenamiento como activo del sistema eléctrico y le permita acceder a esquemas de remuneración por servicios de flexibilidad.
La experiencia internacional muestra que esta definición es condición necesaria para atraer financiamiento y reducir el riesgo percibido por los inversores.
Otro eje central es replicar el modelo AlmaGBA en otros nodos vulnerables del sistema. Las licitaciones públicas con contratos bien estructurados y garantías institucionales aceleran la bancabilidad y funcionan como catalizadores del despliegue. En ese sentido, la experiencia del AMBA ya opera como un piloto replicable a escala nacional.
El Libro Blanco también subraya la necesidad de adoptar estándares técnicos y de seguridad alineados con normas internacionales, y de adaptar las reglas de interconexión para incorporar BESS bidireccionales y microrredes. Esta armonización reduce costos, elimina barreras técnicas y facilita la integración de tecnologías más complejas.
En paralelo, se plantea diseñar incentivos financieros y mecanismos de contratación —subastas, pagos por capacidad, contratos por disponibilidad— que reconozcan el valor tanto de la energía como de la potencia aportada por el almacenamiento, además de facilitar líneas de crédito verde que aceleren los despliegues.
