Las autoridades fijaron un plazo de 180 días para que las terminales estatales y provinciales regularicen su situación y obtengan la habilitación definitiva. La medida busca agilizar y simplificar los procesos en el sector fluvial.
Mientras los debates por la Hidrovía se acercan a un cierre, el gobierno avanzó con otras definiciones que impactarán en los puertos públicos. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) resolvió actualizar el procedimiento para la habilitación de los terminales estatales y provinciales que se encuentran operativas desde antes de la sanción de la Ley 24.093 de Actividades Portuarias.
Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 33/2025, quedaron sin efecto las disposiciones previas y se establecieron nuevas condiciones para ordenar la situación de estas instalaciones.
La ANPyN fue designada como el área encargada de recibir las presentaciones.
La medida abarca a los puertos públicos que, hasta ahora, funcionaban con permisos precarios y carecían de una habilitación definitiva. Según la norma, “quedarán habilitados de manera provisoria desde la entrada en vigencia” y, a partir de ese momento, sus responsables deberán iniciar el trámite que permita obtener la autorización plena para continuar operando.
Uno de los cambios centrales es la aprobación de un nuevo modelo de Declaración Jurada, que deberán presentar tanto los puertos nacionales como provinciales alcanzados por la medida. Ese documento será el punto de partida para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa vigente.
Un pedido de directores de puertos
La medida había sido solicitada a las autoridades de la ANPYN por diferentes directores de puertos públicos provinciales, quienes buscan regularizar su situación para poder tomar decisiones sobre sus predios e instalaciones.
De esta manera, se otorga una nueva habilitación precaria, pero se flexibiliza el requisito técnico solicitado para entregar la constancia definitiva, que permitirá a los puertos una mayor autonomía para avanzar con sus decisiones.
El plazo para cumplir con este trámite se fijó en 180 días hábiles administrativos, aunque la propia resolución contempla que dicho período podrá extenderse “a criterio de la Autoridad Portuaria Nacional”. La previsión busca otorgar un margen de flexibilidad para las terminales que necesiten mayor tiempo para reunir la documentación requerida.
La Gerencia de Coordinación Técnica de la ANPyN fue designada como el área encargada de recibir las presentaciones, formular observaciones cuando sea necesario y verificar que se cumplan las condiciones mínimas. La habilitación definitiva se otorgará únicamente una vez comprobados los recaudos establecidos en el Anexo I de la norma.
Entre los aspectos destacados de la resolución se incluye la derogación de la Disposición 32/2022, que regulaba el procedimiento anterior, y la incorporación automática de los puertos al registro nacional en el momento en que se les conceda la habilitación definitiva. También se prevé que la autorización pueda ser revocada en caso de detectarse “falsedad u omisión esencial en la documentación”.
La continuidad de la supervisión estatal sobre estas instalaciones es otro punto expresamente señalado. La resolución ratifica que, aun con habilitación definitiva, los puertos seguirán sujetos al control de la ANPyN, en línea con las competencias que la normativa le asigna como autoridad de aplicación.
Al fundamentar la decisión, la agencia sostuvo que la actualización responde a la necesidad de “agilizar y simplificar los trámites”, en concordancia con la Ley de Procedimiento Administrativo 19.549 y el Decreto 891/2017 sobre Buenas Prácticas en Materia de Simplificación. El objetivo, remarcaron, es aplicar criterios de eficiencia y transparencia en la gestión pública.
Se viene la licitación de la Hidrovía
El debate en torno al futuro de la Hidrovía Paraná-Paraguay avanzó tras el acuerdo alcanzado entre los principales usuarios privados sobre la definición de las secciones del peaje.
En un encuentro realizado en Zárate, entidades como la Bolsa de Comercio de Rosario, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de Puertos Privados Comerciales consensuaron un esquema que distribuye los costos de mantenimiento entre los puertos metropolitanos y el polo agroexportador del “up river”.
Este entendimiento permitió que el sector privado presentara una propuesta conjunta al gobierno, manteniendo la división de secciones pero incorporando un tope basado en el calado y diseño de los buques, medida que beneficia en particular a los portacontenedores.
Los representantes remarcaron además la importancia de que la estructura de costos del peaje sea pública y transparente, a fin de poder monitorear sus variaciones a lo largo del tiempo. De cara a la nueva concesión, aún restan definiciones estratégicas como el nivel final de profundidad —entre 40 y 44 pies según las propuestas— y la determinación de qué servicios quedarán dentro de la licitación.
También se ratificó que no habrá avance sin estudios ambientales ni audiencias públicas, instancias que se consideran claves para garantizar legalidad, participación y previsibilidad en el manejo de la principal vía navegable del país.
