La medida se oficializó este miércoles con un decreto firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo. Igualmente, la venta debe ser refrendada por el Congreso.
Como anticipó desde antes de acceder al poder y luego de ceder el punto en el debate de la Ley Bases, el Gobierno libertario decidió avanzar hacia la venta de Aerolíneas Argentinas y la declaró sujeta a ser privatizada.
Esta determinación se da en medio de una fuerte disputa sindical entre las autoridades de la compañía estatal y varios gremios aeronáuticos, ante la falta de acuerdo salarial.
El decreto 873/2024, suscrito por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostiene en sus fundamentos que «la privatización de la compañía y su operación bajo condiciones de mercado facilitarán un mejor servicio» y «protegerán las finanzas públicas».
El aporte del Tesoro Nacional a Aerolíneas Argentinas asciende a aproximadamente u$s 8.000 millones desde la reestatización de la compañía, en 2008.
De acuerdo a los considerandos del decreto, el objetivo es transformar el funcionamiento de la emblemática aerolínea nacional, que “ha registrado pérdidas significativas a lo largo de los años”. La iniciativa se enmarca en una serie de movimientos y decisiones que apuntan a la desregulación del sector aerocomercial del país.
En este sentido, el decreto señala que la aerolínea cuenta con «1.107 pilotos para 81 aeronaves en operación, lo que se traduce en una relación de aproximadamente 14 pilotos por cada avión», cifra considerada «desproporcionada en comparación con los estándares internacionales».
El texto también subraya que, a pesar de los resultados económicos negativos que enfrenta Aerolíneas Argentinas, sus empleados conservan significativos beneficios que agravan la situación descrita.
“Los pasajes gratis en clase ejecutiva que reciben los pilotos y su grupo familiar, la disponibilidad de pasajes sin costo a favor de 2 familiares o de 1 acompañante para los días festivos en los que deban trabajar, el pago de suplementos en dólares estadounidenses a los pilotos y grandes descuentos para el personal jubilado, entre otros”, dice la normativa.
Aerolíneas Argentinas y los recursos del Estado
Según el expediente correspondiente, el Poder Ejecutivo Nacional declaró que la privatización de Aerolíneas Argentinas es una acción imperativa para la racionalización de los recursos del Estado. En el medio, la firma recortó frecuencias y el mercado se abrió para darle más lugar a las low cost.
En este sentido, el marco legal que regula el proceso de privatización se encuentra en la Ley N° 23.696, que establece los procedimientos para llevar a cabo tales transformaciones en empresas públicas. El Estado busca eliminar el déficit que ha generado un aporte del Tesoro Nacional que asciende a aproximadamente 8.000 millones de dólares desde la estatización de la compañía en 2008.
Desde el Ejecutivo enfatizan que en los últimos 16 años de gestión Aerolíneas Argentinas ha enfrentado una situación económica complicada. Pese a que el objetivo de la nacionalización fue garantizar un servicio de transporte aéreo eficiente y fomentar el turismo, los resultados han sido adversos, con un «déficit crónico que se ha visto agravado por una estructura sobredimensionada».
De acuerdo al gobierno, dado el contexto económico actual, en el que la pobreza alcanza al 52,9% de la población, se debe priorizar el uso responsable de los «escasos recursos fiscales». El presidente ha enfatizado que no se puede gastar más de lo que ingresa, una premisa que guia la decisión de privatizar la aerolínea.
La intención, según señalan desde el oficialismo, es promover un entorno competitivo en el sector aerocomercial. Se busca no solo mejorar la eficiencia de Aerolíneas Argentinas, sino también fomentar una mayor conectividad aérea que impulse el desarrollo económico del país.
En esa línea, argumentan que no existen “aerolíneas de bandera serias” gestionadas completamente por el Estado y ponen como ejemplo a otras compañías del mundo como Air Canada o Lufthansa, en las que la participación estatal es mínima o nula.
Mientras tanto, ambas cámaras del Congreso trabajan en la conformación de la Comisión Especial Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, donde se debatirán la venta o concesión de las empresas contempladas dentro de la Ley Bases, entre las que la aerolínea de bandera no figuraba, por haber sido excluida a último momento en las negociaciones para su aprobación en la Cámara de Diputados.
